El estudiante de Ingeniería investigado por crear "deepfakes" con IA afronta 16 denuncias

La investigación que lleva adelante la UFI CAVIG por la denuncia contra un estudiante de la Facultad de Ingeniería, acusado de utilizar fotografías de sus compañeras para generar imágenes sexuales falsas mediante Inteligencia Artificial, sumó nuevas damnificadas y dejó al sospechoso en una situación cada vez más complicada. Son al menos 16 las jóvenes que se acercaron a la Justicia para denunciar que sus imágenes fueron utilizadas sin consentimiento.

El expediente está en manos del fiscal Alberto Martínez y, por el momento, continúa en etapa de investigación preliminar. El estudiante, identificado como Sebastián García Pérez, es representado por la abogada María Filomena Noriega y está sospechado de crear "deepfakes" con imágenes de las jóvenes que asisten a clases con él a la Universidad Nacional de San Juan.

Uno de los principales avances de la pesquisa se produjo a partir de un allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso, en Rawson. El procedimiento había ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que trascendiera públicamente y fue ordenado por el juez de Garantías Javier Figuerola, a pedido de los investigadores, como una de las primeras medidas del proceso. 

Durante el operativo, personal de la Brigada de la UFI interviniente secuestró un teléfono celular iPhone, una tablet y una computadora, dispositivos que ahora son analizados para determinar si contienen las imágenes o cualquier otro elemento relacionado con la maniobra denunciada. El joven no fue detenido y, según trascendió, se mostró a derecho y colaboró con los investigadores.

Como medida de protección, además, se había dispuesto una prohibición de acercamiento y de contacto con las denunciantes, que también alcanzó a la Facultad de Ingeniería. García Pérez no puede concurrir presencialmente a la UNSJ ni permanecer en los mismos lugares que las jóvenes que denunciaron el hecho, además de tener prohibido comunicarse con ellas por cualquier medio o a través de terceras personas y acercarse a menos de 200 metros.

La medida se tomó cuando, inicialmente, eran dos las jóvenes que habían recurrido a la Justicia. Sin embargo, con el avance de la investigación, el número de presuntas damnificadas creció hasta llegar al menos a 16, lo que amplió considerablemente el alcance de la pesquisa. Fuentes del caso indicaron que la cifra ascendería, pues habría más damnificadas. 

Ahora, los investigadores deberán determinar qué información contienen los equipos secuestrados. La extracción y el análisis del material digital serán claves para establecer si efectivamente fueron utilizadas fotografías de las estudiantes para generar contenido sexual mediante Inteligencia Artificial, si esas imágenes fueron almacenadas o compartidas y quiénes podrían haber intervenido en esa maniobra.

Por el momento, no existe una imputación penal contra el estudiante y la causa continúa en una etapa preliminar. La pesquisa deberá establecer si los hechos denunciados pueden ser encuadrados en alguna figura delictiva. En caso de que no aparezcan elementos que permitan acreditar la comisión de un delito, las actuaciones podrían terminar en la Justicia de Faltas, bajo el eventual encuadre de acoso virtual u otra contravención que corresponda.

El escenario podría ser diferente si los investigadores detectan otras conductas que sí estén contempladas por el Código Penal y que, eventualmente, puedan ser analizadas desde una perspectiva de violencia de género. Por eso, el contenido de los dispositivos secuestrados aparece como una de las principales claves para definir el rumbo del expediente.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la causa está relacionado con el encuadre jurídico de este tipo de conductas. La generación de imágenes sexuales falsas mediante IA, sin consentimiento de la persona cuya apariencia es utilizada, constituye una forma de violencia digital y puede provocar consecuencias en la intimidad, la vida personal y el entorno de las víctimas. Sin embargo, no existe una figura penal específica en el Código Penal argentino.

Esto no significa que cualquier conducta vinculada con una imagen manipulada quede automáticamente fuera del ámbito penal, ya que los investigadores deben analizar las circunstancias concretas de cada caso y determinar si aparecen otros delitos o conductas que sí estén contempladas por la legislación vigente.

Precisamente por eso, la extracción de información de los teléfonos y demás dispositivos secuestrados resulta central. Los investigadores buscan establecer qué imágenes fueron creadas, almacenadas o eventualmente compartidas, qué herramientas fueron utilizadas y si existen otros elementos que permitan determinar la existencia de una conducta penalmente relevante.

En caso de que la pesquisa no encuentre elementos suficientes para sostener una imputación penal, el expediente podría pasar al Juzgado de Faltas, donde eventualmente se analizaría la conducta bajo la figura de acoso virtual u otra contravención que pudiera corresponder.

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