El fallo por el IPLA reaviva la tensión entre el Gobierno provincial y los comerciantes: reclaman el cierre

La controversia judicial y política en torno al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) sumó un nuevo episodio tras la decisión del Gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, de apelar el fallo emitido por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La sentencia judicial había dictaminado el fin de más de dos décadas de intervención y fijado un plazo de 60 días para normalizar el ente mediante la conformación de un Directorio. La apelación del Poder Ejecutivo derivó en una movilización convocada por el legislador opositor José «Pepe» Seleme (Avanza Tucumán), secundado por representantes de la Cámara de Salones de Fiestas, el Movimiento Nacional PyME y Cámaras Unidas, quienes marcharon desde Casa de Gobierno hacia la sede del organismo en calle Salta.

Durante la manifestación, la oposición y los sectores empresariales reclamaron formalmente la disolución de la entidad, argumentando que la creación de un Directorio no resuelve las falencias estructurales del sistema de fiscalización. Los comerciantes fundamentaron su postura al denunciar presiones impositivas y la falta de respuesta institucional frente a los pedidos de reforma normativa solicitados en los últimos años. Por su parte, el legislador opositor sostuvo que las funciones de prevención pueden ser reabsorbidas por otros estamentos estatales y aclaró que la propuesta de cierre contempla la redistribución de la plantilla de empleados del IPLA en áreas del sector público vinculadas a la prevención de adicciones.

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Fuente: El Federalista

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