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El fallo que cambió la historia de los conejos del CADIC

En 2020 se proyectó eliminar mediante gas fosfina a los conejos que habitaban las inmediaciones del CADIC y una presentación judicial frenó el procedimiento. Seis años después, el juez federal…

Por Diario El Sureño5 min de lectura
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El fallo que cambió la historia de los conejos del CADIC
El fallo que cambió la historia de los conejos del CADIC · Foto: El Sureño

USHUAIA.- La historia que llevó el tema a la Justicia comenzó en 2020, cuando la presencia de una colonia de conejos europeos se instaló e invadió el predio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). Esta situación llevó a evaluar un mecanismo para reducir la población. Los animales habían construido madrigueras debajo de los cimientos y se advertía sobre los daños que podían ocasionar tanto sobre el terreno como sobre la infraestructura del edificio.

Luego de evaluar diversas alternativas, sin la consulta con los especialistas, se instaló una alternativa que generó la mayor controversia, que consistía en fosfuro de aluminio. Este químico es una sustancia que, al entrar en contacto con la humedad, libera fosfina, un gas altamente tóxico. La intención era que el gas se concentrara dentro de las madrigueras y provocara la muerte de los conejos.

El procedimiento no llegó a concretarse

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La Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) y la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (AFADA) recurrieron a la Justicia. La presentación estuvo a cargo de la abogada Griselda Engelhard, quien reclamó que se suspendiera cualquier intervención hasta encontrar una alternativa que permitiera controlar la población sin recurrir al envenenamiento.

En aquel momento, Engelhard explicó que las organizaciones buscaban "proteger la biodiversidad y la naturaleza de manera integral" y advirtió que una eventual matanza o envenenamiento podía vulnerar normas vinculadas con la protección ambiental y la fauna.

"Cada vida es única y queremos que se respete", sostuvo entonces la abogada, quien planteó que el objetivo de la presentación era encontrar "una alternativa para el control ético de la población de conejos".

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La Justicia Federal terminó frenando la matanza y el juez Federico Calvete dispuso analizar una propuesta alternativa basada en la captura mediante jaulas, la esterilización y la posterior relocalización de los ejemplares.

La fosfina

El químico que se iba a utilizar eran unas pastillas de fosfuro de aluminio que, en contacto con la humedad, genera un gas extremadamente tóxico. En el procedimiento que se había proyectado en el CADIC no se trataba de llenar las madrigueras directamente con un gas almacenado, sino de colocar allí pastillas de fosfuro de aluminio para que comience el proceso.

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La estrategia consistía en aprovechar las propias madrigueras como espacios cerrados para que el gas alcanzara a los animales que permanecían en su interior.

Por eso, el planteo judicial de las organizaciones no apuntaba solamente a impedir la muerte de los conejos. También cuestionaba las consecuencias que podía tener la utilización de una sustancia altamente tóxica en el ambiente. Engelhard había reclamado precisamente que se evitara cualquier intervención hasta encontrar un mecanismo de control que no provocara un daño ambiental irreversible.

Seis años después, un fallo que modifica el escenario

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El expediente permaneció abierto durante años hasta desembocar ahora en una resolución que introduce un elemento que excede ampliamente la discusión original.

Calvete declaró abstracta la causa, pero en su resolución estableció que los conejos europeos son animales sintientes y los reconoció como "sujetos de derechos no humanos", otorgándoles una protección jurídica que seis años atrás no estaba formulada en esos términos.

El giro es significativo porque aquellos animales que en 2020 eran presentados principalmente como una población que debía ser controlada por su impacto sobre el ambiente y la infraestructura ahora aparecen también bajo otra consideración: la de seres capaces de sentir y, por lo tanto, merecedores de protección frente a determinadas formas de intervención.

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Engelhard había celebrado ya la primera resolución de Calvete en 2020 como una decisión "histórica" y "una bisagra para la protección de los derechos animales en la provincia".

Su posición durante el conflicto quedó resumida en una frase que terminó marcando el espíritu de la presentación: "La resolución faculta a controlar la población de conejos, pero no dice cómo. Por eso seguiremos con atención lo que suceda de ahora en más, porque el punto de nuestro reclamo sigue siendo el control ético".

El problema de fondo sigue sin resolverse

El nuevo fallo no significa que el problema ambiental haya desaparecido, tal es así que el conejo europeo continúa siendo considerado una especie exótica invasora y su presencia genera preocupación por los efectos que puede producir sobre la vegetación, el suelo y determinados ambientes. En el caso del CADIC, además, las madrigueras fueron el motivo concreto que llevó a buscar una estrategia de control.

Ahí aparece la principal particularidad del caso: las dos cuestiones siguen existiendo al mismo tiempo.

Por un lado, hay una especie cuya expansión es considerada un problema ambiental y que requiere algún tipo de manejo poblacional. Por otro, la Justicia acaba de reforzar la protección jurídica de esos mismos animales y estableció que no pueden ser considerados simplemente objetos sobre los cuales aplicar cualquier método de control.

La alternativa propuesta por las organizaciones

proteccionistas en 2020 apuntaba a capturar los ejemplares, esterilizarlos y reubicarlos. Desde el CADIC se había cuestionado la viabilidad de esa estrategia y advertido que podía significar simplemente trasladar el problema de un lugar a otro.

Seis años después, aquella discusión sigue siendo el punto pendiente

La fosfina no llegó a utilizarse. La Justicia impidió aquel método y ahora reconoció a los conejos como sujetos de derechos no humanos. Pero la condición de especie invasora permanece y también permanece la necesidad de controlar su expansión.

El caso que comenzó con la intención de introducir un compuesto tóxico en las madrigueras terminó generando una discusión mucho más amplia sobre el vínculo entre ambiente, ciencia, control de especies y protección animal.

Y el interrogante que quedó planteado en 2026 ya no es solamente cómo eliminar una población de conejos, sino cómo resolver el problema ambiental sin desconocer la condición de seres sintientes que la propia Justicia acaba de reconocerles.

Fuente: El Sureño

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