El Gobierno amplía las denuncias penales e irá contra directivos de petroleras que operan en Malvinas

La Casa Rosada anunció nuevas acciones judiciales contra cinco empresas offshore y advirtió que las querellas se extenderán a gerentes, administradores y representantes por infracciones a la Ley 26.659.

Milei denunció a empresas que buscan explotar petróleo en Malvinas

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El Gobierno de Javier Milei formalizó el anuncio de nuevas denuncias penales destinadas a frenar la explotación de hidrocarburos no autorizada en la Plataforma Continental Argentina y en las Islas Malvinas.

A través de un comunicado difundido por la Presidencia de la Nación, se precisó que las medidas judiciales no solo se dirigirán contra las empresas en tanto personas jurídicas, sino que buscarán individualizar e imputar directamente a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en las decisiones operativas de dichas firmas.

Según se conoció a través de fuentes oficiales, esta nueva presentación judicial alcanzará a cinco empresas del sector: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

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La estrategia impulsada por el Estado contempla tanto la apertura de nuevos expedientes en los tribunales como la ampliación de investigaciones ya en trámite.

Esta arremetida profundiza las actuaciones iniciadas previamente por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Dicha dependencia ya había radicado una primera querella penal contra cinco compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.. Con las nuevas imputaciones anunciadas, la cifra total de personas humanas y jurídicas bajo procedimiento sancionatorio ya asciende a 60.

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El sustento jurídico de las actuaciones reside en la Ley 26.659, sancionada en 2011, la cual prohíbe de forma explícita el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin la correspondiente habilitación de las autoridades nacionales, fijando penas de inhabilitación de entre 5 y 20 años para los infractores.

Para dotar de mayor celeridad a estos procesos administrativos, el Poder Ejecutivo dispuso recientemente la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial.

El despliegue en los tribunales se inscribe en una estrategia integral de reafirmación soberana tras la cadena nacional encabezada por el Presidente para advertir sobre los riesgos del proyecto Sea Lion.

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En simultáneo, el Gobierno promovió el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso, la intervención de la Justicia de Tierra del Fuego en las demandas contra la iniciativa petrolera y la instrucción para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027.

Desde la Casa Rosada ratificaron que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para sancionar a quienes violen los derechos soberanos de la República Argentina.

Fuente: Los Andes

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