El Gobierno aprovecha el clima social, acelera la reforma del Código Penal y reinstala "la mano dura"

Apalancado por el repudio generalizado a los fallos judiciales que frenan en algunos distritos la aplicaci�n de la ley penal juvenil y por la ola de inseguridad en el conurbano, el Gobierno de Javier Milei acelera con la doctrina de mano dura con una reforma integral del C�digo Penal, que puede ver la luz en las pr�ximas semanas.

Es una fuerte apuesta de los libertarios que fijan penas m�s duras para "motochorros", "trapitos" y establecen denuncias penales contra inmigrantes ilegales, sosteniendo la impronta nacionalista post mundial.

En las usinas libertarias observaron detenidamente la evoluci�n de la opini�n p�blica, donde afloraron los cuestionamientos al garantismo de algunos jueces y el recrudecimiento de brutales hechos policiales, dimensionados por impactantes im�genes que se viralizaron en las �ltimas semanas.

El oficialismo se apur� a desempolvar algunos expedientes claves y avizora que, acelerando su agenda de seguridad, puede recuperar capital pol�tico en medio de la tormenta por la repercusi�n negativa de los recortes en discapacidad y el temor de quedar definitivamente calificados como insensibles, a poco tiempo de las elecciones.

En los despachos hay un debate permanente acerca de la necesidad de mostrar gestos directos hac�a los reclamos m�s terrenales de los argentinos, empezando por la econom�a pero tambi�n en otros aspectos que reflejan claramente las encuestas. Y ah� est� la participaci�n cada vez m�s activa de Karina Milei, quien decidi� empezar a hablar p�blicamente y busca enviar se�ales contundentes para promover la reelecci�n de su hermano, mientras intenta imponerse en una interna que eclipsa muchas reformas.

Con una reactivaci�n econ�mica a�n pendiente y sin un corto plazo absolutamente prometedor, en los pasillos de la Rosada buscan retomar la agenda viendo que existe un importante respaldo popular para pisar firmes. Representa un tema que el Gobierno puede explotar para rivalizar directamente con Axel Kicillof, su contendiente favorito para el pr�ximo a�o.

En medio del Presupuesto, la reforma electoral y los reclamos por Malvinas, el Gobierno prev� presentar pronto la reforma del C�digo Penal, con una bater�a de cambios que endurecer�n fuertemente las penas contra los delincuentes. El debate interno es si hay margen para instalar el tema ahora, sabiendo que hay un clima social que acompa�ar�a la iniciativa, o es mejor instalar el debate m�s cerca de los comicios.

Las gestiones son encabezadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mah�ques, que ya tiene listo el texto hace un tiempo y lo present� al �rea de Legal y T�cnica, que conduce la caputista Mar�a Ibarzabal Murphy. En el entorno del funcionario karinista esperan que en el �rea que administra el asesor presidencial "no aparezca ninguna traba" y "no se demore m�s de la cuenta". La desconfianza existe y tiene ejemplos recientes, como el ajuste en discapacidad, Propiedad Privada, el proyecto por Malvinas y varias diferencias en la letra chica de este nuevo c�digo penal.

Una vez que supere el filtro de las Fuerzas del Cielo, el proyecto lo deber� ratificar Milei y deber�a pasar por la mesa pol�tica, �mbito que pas� a la fama por las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich en los �ltimos d�as.

El texto establece un rotundo giro que apoyar� legalmente a quienes se defiendan de un robo o hecho violento. Prevalecer� la defensa propia. "Si quieren ingresar a tu casa por la fuerza, vas a poder rechazarlos sin cuestionamientos", apuntaron desde la mesa chica libertaria.

Tambi�n se empoderar� la labor de los polic�as. Con el caso Chocobar como emblem�tico, se instrumentar� legislaci�n para defender al efectivo que utilice la fuerza reglamentaria. Ser� una buena oportunidad para el oficialismo en su af�n de avanzar con la batalla cultural contra el kirchnerismo, que, hasta hoy en d�a, critica el uso de las pistolas taser y condena cualquier respuesta policial sin importarle el contexto.

A su vez, se propone que rija la imprescriptibilidad de los delitos sancionados con pena de prisi�n perpetua. Tambi�n se plantea el aumento del plazo de prescripci�n de delitos graves e interrupci�n de cualquier beneficio penitenciario para quien incumpla con sus sentencias. Actualmente, los delitos prescriben cuando se cumple el m�ximo de la pena, pero nunca m�s de 12 a�os. La reforma lleva ese m�ximo a 15 a�os, salvo las sentencias perpetuas.

El Gobierno se mete en la discusi�n sobre los "Trapitos" y "Motochorros", quienes podr�an recibir penas de hasta 8 y 15 a�os de prisi�n, respectivamente.

Esas dos modalidades delictivas fueron defendidas durante d�cadas por el kirchnerismo, que busc� institucionalizar a los "cuidacoches" en reiteradas ocasiones en el Congreso, mediante distintos proyectos de regulaci�n que quedaron truncos.

La agrupaci�n Justicia Leg�tima, vinculada a los K, lleg� a emitir comunicados cuestionando al macrismo por las denuncias contra jueces que hab�an liberado motochorros. Por ejemplo, en 2023 fue detenida la diputada Natalia Zaracho, que responde a Juan Grabois, tras intentar asistir a un adolescente de 14 a�os que presentaba 21 antecedentes.

A su vez, el Ejecutivo renovar� sus leyes migratorias en otro intento de los libertarios de mostrarse inflexibles con quienes delinquen en el pa�s e, incluso, con quienes ingresaron irregularmente al pa�s, quienes ser�n denunciados penalmente.

Se penalizar� con hasta 6 a�os de prisi�n "a quien promueva o facilite el cruce ilegal de fronteras o la permanencia de extranjeros con fines de lucro".

En 2025, La C�mpora busc� derogar el decreto de Milei que reformaba la Ley de Migraciones e impon�a mayores controles a los extranjeros. Sin embargo, no lograron consenso para boicotear el DNU. Reintentaron la medida buscando voltear la disposici�n presidencial de penalizar "los mensajes de odio" contra "el pueblo argentino", tambi�n sin �xito.