El Gobierno avanza con el ajuste del Correo Argentino entre cierres de sucursales, retiros y denuncias de un plan de privatización
El Gobierno nacional profundiza el proceso de reducción del Correo Argentino con el cierre de cientos de sucursales, un plan de retiros voluntarios, despidos y una oferta salarial que fue rechazada por los trabajadores. Desde el gremio que representa al sector sostienen que las medidas forman parte de una estrategia de "vaciamiento" destinada a preparar […]

El Gobierno nacional profundiza el proceso de reducción del Correo Argentino con el cierre de cientos de sucursales, un plan de retiros voluntarios, despidos y una oferta salarial que fue rechazada por los trabajadores. Desde el gremio que representa al sector sostienen que las medidas forman parte de una estrategia de "vaciamiento" destinada a preparar la empresa para una futura privatización, mientras advierten que numerosas localidades ya quedaron sin servicio postal.
Según denunciaron desde la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, ya fueron cerradas alrededor de 300 sucursales como parte de un plan que prevé la clausura de unas 900 oficinas en todo el país. Las provincias más afectadas serían San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, donde las poblaciones más pequeñas y alejadas dependen del correo para acceder a múltiples servicios.
Desde el sindicato remarcaron que el Correo Argentino cumple un rol esencial en numerosas localidades donde no existen otras dependencias estatales. En ese sentido, sostuvieron que "es una política de achicamiento y vaciamiento" y afirmaron que el objetivo oficial sería reducir la estructura de la empresa para venderla posteriormente "en buenas condiciones".
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Los trabajadores señalaron que el cierre de oficinas obliga a numerosos vecinos a recorrer grandes distancias para realizar trámites, retirar correspondencia o enviar documentación. "Reducen el volumen de sucursales en pueblos donde no hay bancos, no hay Anses, no hay nada. La empresa estatal es la que tiene que cumplir con el servicio básico universal", expresaron.
Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en la localidad neuquina de Villa Manzano, donde el cierre definitivo de la sucursal motivó fuertes cuestionamientos por parte del intendente Daniel Hernández. El jefe comunal aseguró que el municipio cedía gratuitamente el edificio donde funcionaba la oficina y también afrontaba los costos de los servicios públicos, aunque eso no impidió el cierre."Yo ofrecí renovar el comodato, no se pagaba alquiler ni un solo peso en servicios. Todo lo absorbía el municipio. Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron", manifestó el intendente, quien además lamentó que los vecinos deban trasladarse unos 60 kilómetros para acceder a la oficina postal más cercana.
Hernández también advirtió sobre el impacto social que tendrá la medida para la comunidad. "Nos duele profundamente porque sabemos lo que representa este cierre: pérdida de un servicio indispensable, incomodidad para los adultos mayores, dificultades para trabajadores, para emprendedores, para quienes necesitan cobrar o enviar documentación", sostuvo.
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En algunas localidades, las oficinas tradicionales fueron reemplazadas por denominados "Puntos Correo", instalados en comercios privados que prestan determinados servicios postales mediante convenios. Sin embargo, desde el gremio cuestionan esa modalidad al considerar que representa un costo superior al de mantener abiertas las sucursales con personal propio.
En paralelo continúa el conflicto salarial. La empresa ofreció un incremento del 6,6% en la negociación paritaria, propuesta que fue rechazada por el sindicato, que reclama una recomposición del 15%.
El secretario general del gremio, Alberto Cejas, consideró insuficiente la oferta oficial y afirmó que "estamos hablando de trabajadores que todos los días sostienen un servicio esencial en todo el país y que hoy cobran $700.000. Frente a esa realidad, una oferta del 6,6% es una burla".
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De acuerdo con la organización sindical, el proceso de reducción también incluyó unos 6.000 retiros voluntarios y alrededor de 300 despidos, mientras que el salario promedio del personal ronda los 900.000 pesos y el ingreso mínimo se ubica en torno a los 700.000 pesos.
Al mismo tiempo, el gremio vinculó la reciente incorporación de tecnología para automatizar la clasificación de envíos con el supuesto plan de privatización. Recordaron que en diciembre la empresa sumó una flota de 240 robots e inteligencia artificial para optimizar el procesamiento de paquetería y sostuvieron que esa inversión permitiría ofrecer una compañía modernizada a futuros compradores.
Fuente: Primera Edición
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