El Gobierno avanza con su proyecto de soberanía sobre Malvinas y busca aprobarlo en octubre

Debate en Diputados

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse esta semana en Diputados. La iniciativa endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional. También recibió cuestionamientos de entidades vinculadas al derecho.

El Gobierno nacional avanzará esta semana en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como eje la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y que también contempla modificaciones en materia de seguridad, defensa e inteligencia.

El debate comenzará con una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El oficialismo prevé retomar la discusión el martes 6 de octubre, con la intención de avanzar en los dictámenes y habilitar su tratamiento en el recinto al día siguiente.

El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre y establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional. Además, fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía argentina.

Entre sus principales modificaciones, la iniciativa propone derogar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para quienes exploten recursos naturales, renovables o no renovables, sin autorización de la Argentina. El texto contempla penas de entre cinco y siete años de prisión, multas y otras sanciones para quienes participen de esas actividades o brinden determinados bienes y servicios a los sujetos alcanzados.

Además, el proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente. El nuevo organismo tendría entre sus funciones asistir al Poder Ejecutivo en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional y elaborar la Política de Seguridad Nacional.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las disposiciones incluidas en la iniciativa. La entidad señaló que la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones frente a injerencias extranjeras son objetivos legítimos, pero sostuvo que las herramientas utilizadas deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución.

El Colegio cuestionó especialmente la amplitud de algunas figuras vinculadas con la interferencia en procesos electorales y las denominadas campañas de "desinformación masiva". Según la entidad, la falta de precisión en la definición de determinadas conductas podría afectar el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

Su presidenta, Alejandra García, sostuvo que las herramientas destinadas a defender la soberanía deben respetar las garantías constitucionales y planteó reparos sobre aquellas disposiciones que, por su amplitud o falta de precisión, puedan comprometer derechos fundamentales.

El proyecto también generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, mientras que el Gobierno sostiene que la iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado para proteger la soberanía nacional y hacer frente a amenazas externas.

En paralelo, en el Senado se impulsa la creación de una Comisión Bicameral permanente sobre la Causa Malvinas, con participación de legisladores de ambas cámaras, para realizar un seguimiento de asuntos vinculados con la soberanía, los recursos naturales, la pesca, los hidrocarburos y otros temas relacionados con el archipiélago.