El Gobierno confía en diluir la ofensiva opositora

El Gobierno nacional recibió el nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras como una señal política favorable y apuesta a que la oposición no logre reunir el quórum necesario para rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Fuentes de la Casa Rosada sostienen que la restitución provisoria de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros desactiva uno de los argumentos centrales que distintos bloques esgrimían para impulsar el rechazo integral del decreto.

La Corte Suprema suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, que había derogado la Ley 26.737, hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y evalúe el pedido de medida cautelar. La decisión no resolvió la constitucionalidad del decreto ni cerró la discusión judicial, pero en el Ejecutivo consideran que modifica el escenario parlamentario.

El impacto en la negociación legislativa
En Balcarce 50 evalúan que los diputados que cuestionaban específicamente la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras ya no necesitan acompañar el rechazo completo del decreto para mantener vigentes esas restricciones, dado que la Justicia dejó suspendido el artículo cuestionado mientras continúa el expediente.

El oficialismo mantiene conversaciones con bloques aliados y confía en que la oposición no reunirá el quórum para abrir la sesión especial, aunque continuará las negociaciones durante los próximos días para evitar que el DNU llegue al recinto.

Marcha atrás con el capítulo de tierras
El fallo también modificó la estrategia que el Gobierno preparaba en Diputados. Hasta esta semana, el oficialismo analizaba reincorporar un capítulo sobre tierras rurales dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ofrecer una alternativa legislativa a los bloques dialoguistas. Ahora, en la Casa Rosada evalúan no avanzar con esa iniciativa ni sumar nuevamente el capítulo mientras la cuestión siga judicializada.

La posición que gana espacio es evitar reabrir una discusión que el Ejecutivo considera políticamente costosa y esperar la resolución de los tribunales inferiores. En sectores del Gobierno reconocen que la liberalización de la compra de tierras por extranjeros nunca tuvo suficiente respaldo político ni social, y que insistir con el tema puede generar un conflicto innecesario.

Una salida política para el DNU
El expediente resuelto por la Corte es diferente al que había impulsado el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, donde el tribunal rechazó la demanda por falta de legitimación para invocar la soberanía como bien colectivo. En este caso, Árbol de Pie y otros actores plantearon derechos vinculados con la protección ambiental y los territorios de comunidades indígenas.

La mayoría integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci entendió que correspondía adoptar una medida interina mientras el caso retomaba su trámite ante la Justicia federal de Bariloche. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la cautelar, aunque también consideró que el expediente debía volver al tribunal de origen.

La consecuencia inmediata es que vuelven a regir provisoriamente las restricciones de la Ley de Tierras mientras se analiza el reclamo. Para la Casa Rosada, ese efecto jurídico funciona además como una salida política frente a un asunto que había comenzado a poner en riesgo la continuidad del DNU 70 en Diputados.

Agenda parlamentaria y estrategia electoral
El oficialismo busca aprovechar la nueva situación para concentrar la agenda de la Cámara baja en otros proyectos. En Nación proyectan para la semana del 20 de octubre el tratamiento de las iniciativas sobre Malvinas, el nuevo régimen de Discapacidad y endeudamiento familiar, que forman parte de las negociaciones abiertas con aliados.

La decisión responde también a una estrategia más amplia de reducir conflictos durante los próximos meses. En el Ejecutivo admiten que no quieren reabrir una pelea por la Ley de Tierras mientras negocian el Presupuesto 2027, la reforma electoral y otras iniciativas que requieren votos de los mismos bloques dialoguistas.

La apuesta inmediata de la Casa Rosada es dejar que la discusión por Tierras continúe en la Justicia y evitar convertirla nuevamente en un frente legislativo. El Gobierno confía en que el fallo le permita quitarle volumen a la sesión opositora, preservar el DNU 70 y concentrar la negociación parlamentaria en los proyectos que pretende aprobar antes de fin de año.

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