El Gobierno de Chile respaldó los negocios por la ruta marítima entre las Islas Malvinas y Punta Arenas: qué dijo Quirno

Por Gabriel Jara

El canciller Quirno junto a su par chileno, Francisco Pérez Mackenna. Foto: Gentileza.

La relación bilateral entre la Argentina y Chile sumó un nuevo foco de tensión en torno a la soberanía y explotación comercial de las Islas Malvinas. Mientras el gobierno de Javier Milei intimó al Reino Unido por la explotación petrolera y denunció vuelos ilegales sobre espacio aéreo nacional, altos funcionarios de la administración del presidente chileno José Antonio Kast ratificaron de forma contundente el derecho de su país a mantener vínculos logísticos y de negocios directos el archipiélago desde la ciudad de Punta Arenas. Lejos de aplacar las aguas, la Cancillería chilena se acopló a las controvertidas declaraciones que el ministro de Defensa había pronunciado días atrás sobre la soberanía británica de la isla, una postura oficial que choca de frente con los reclamos históricos del país y con los acuerdos de cooperación del Mercosur.

El escenario diplomático adquirió mayor gravedad porque estas definiciones se produjeron en simultáneo al Punta Arenas Business Showroom, un histórico encuentro comercial organizado por la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC) en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos.

Ante este complejo panorama, el canciller argentino Pablo Quirno ensayó una respuesta pública con un doble objetivo: por un lado, intentó bajarle el tono a la controversia para evitar una escalada directa que derive en una ruptura diplomática con el Palacio de la Moneda; pero por otro, deslizó una advertencia al sostener que el Gobierno «monitorea» de cerca la situación y que no dudará en utilizar todas las herramientas legales disponibles si se quiebran los compromisos asumidos entre ambos países en materia de apoyo logístico a la extracción de recursos naturales en la zona disputada.

Las fricciones diplomáticas estallaron a partir de una serie de intervenciones públicas del gabinete chileno que avalaron la apertura económica con el archipiélago. La polémica de fondo se remonta a la intervención del propio Barros en Radio Polar de la región de Magallanes. En esa entrevista, justificó de facto la ocupación inglesa al plantear: «Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía«.

El funcionario de Kast fue más allá y sostuvo que la solución del conflicto debe respetar «la voluntad e interés de las personas involucradas», un alineamiento directo con el argumento de autodeterminación esgrimido por Londres y que Argentina siempre rechazó. Además, Barros arremetió contra el Decreto 256 emitido por la Argentina en 2010 —que exige permisos previos a los buques que navegan hacia las islas—, acusando a la norma de afectar negativamente a Magallanes al limitar «el acceso, la oportunidad de negocios», y advirtió que «recién ahora va a haber un cambio en esa materia».

Tras el escándalo, el canciller chileno Pérez Mackenna reafirmó ante el Congreso que su país mantiene una política definida desde 1992, la cual consiste en «reconocer el legítimo derecho de la República Argentina a la soberanía en las Islas Malvinas».

En este sentido, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, se pronunció al respecto luego de la interpelación que enfrentó el canciller en la Cámara de Diputados de su país.

Consultado sobre las explosivas declaraciones previas de Fernando Barros, el ministro de Defensa chileno, Pavez validó su labor al considerarlo «un gran ministro», para luego establecer de forma unívoca la postura de La Moneda: «La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución Política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción».

Pavez insistió en que Chile, desde 1992, «ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina» por vías pacíficas e internacionales, pero remarcó que las relaciones bilaterales son de «normalidad» y no encontró «ninguna dificultad» en los dichos de su par de Defensa.

Con información de La Tercera y Tele13Radio.

Frente al avance del frente empresarial chileno-británico, el canciller argentino Pablo Quirno intervino para desescalar el conflicto público sin abandonar los reclamos. En un diálogo con Radio La Red, Quirno descartó tajantemente una ruptura diplomática con Chile y subrayó: «La relación con Chile y con el Gobierno del presidente Kast, su canciller, es muy fluida, es muy intensa. Discutimos estos temas constantemente».

Al ser consultado sobre la rueda de negocios en Punta Arenas —en la que participan proveedores de Navitas y Rockhopper, las firmas petroleras a cargo del proyecto Sea Lion—, Quirno intentó aislar al Poder Ejecutivo chileno: «Esto que sucede es el intendente de Punta Arenas, en todo caso, no es el Gobierno nacional». Cuando el medio Infobae lo interrogó sobre la «situación de hecho» expuesta por el ministro de Defensa chileno, el diplomático argentino sentenció: «Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí».

La diplomacia argentina se ampara en los compromisos asumidos el pasado 3 de septiembre, cuando Milei y Kast firmaron una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda. En aquel cónclave —donde además acordaron que el Estrecho de Magallanes es jurisdicción soberana exclusiva de Chile y se trataron temas como la extradición del exguerrillero Falvarino Apablaza—, el gobierno de Kast valoró la necesidad de evitar la consolidación de «actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada» referidas a hidrocarburos.

Con este documento como escudo, Quirno advirtió: «Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que respeten esos tratados como lo hacemos nosotros». El canciller remarcó que «todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile», y alertó que el Estado argentino actuará «en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático».

Pese a los llamados a la mesura de Quirno, el Punta Arenas Business Showroom avanzó a paso firme con el aval del alcalde local, Claudio Radonich, quien busca transformar a la ciudad en «el gran supermercado, el gran home center» de los habitantes del archipiélago y captar negocios por US$ 20 millones anuales. El evento reunió a 40 representantes comerciales de las islas con unas 60 firmas magallánicas, abarcando rubros como pesca, hotelería, construcción y transporte marítimo.

A este entramado comercial se suma un factor logístico determinante: el inminente inicio de operaciones de la naviera chilena Easter Island Naviera. La firma cerró un contrato con el gobierno de las islas para conectar de forma regular Punta Arenas con Puerto Argentino a partir de mediados de noviembre de 2026, una ruta que recortará a la mitad los dos mil kilómetros de distancia que los «kelpers» deben recorrer actualmente hasta Montevideo para abastecerse.

En medio de este aceitado mecanismo logístico, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar arbitrajes internacionales para frenar la explotación petrolera en 14 días e impulsó denuncias penales contra Thales UK Limited, acusada de operar vuelos irregulares entre la isla y Punta Arenas para transportar a la propia delegación empresaria.

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La relación bilateral entre la Argentina y Chile sumó un nuevo foco de tensión en torno a la soberanía y explotación comercial de las Islas Malvinas. Mientras el gobierno de Javier Milei intimó al Reino Unido por la explotación petrolera y denunció vuelos ilegales sobre espacio aéreo nacional, altos funcionarios de la administración del presidente chileno José Antonio Kast ratificaron de forma contundente el derecho de su país a mantener vínculos logísticos y de negocios directos el archipiélago desde la ciudad de Punta Arenas. Lejos de aplacar las aguas, la Cancillería chilena se acopló a las controvertidas declaraciones que el ministro de Defensa había pronunciado días atrás sobre la soberanía británica de la isla, una postura oficial que choca de frente con los reclamos históricos del país y con los acuerdos de cooperación del Mercosur.

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