El gobierno de Milei se ilusiona con conseguir en octubre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El Gobierno de Javier Mileitransita un tramo clave de su agenda legislativa en el Congreso de la Nación, con un cronograma intensivo que busca dar cauce a las iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional antes de que concluya el período ordinario. Tras un esquema inusitado de actividad continua en el Senado, donde el oficialismo logró el avance de proyectos esenciales pero aún mantiene pendiente el debate por la eliminación de las PASO, las autoridades de la Cámara de Diputados reordenaron el organigrama parlamentario junto a los bloques aliados para garantizar la tramitación del Presupuesto y de una serie de leyes consideradas fundamentales para la gestión libertaria.

El eje central de esta etapa radica en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado formalmente tras el anuncio del Presidente por cadena nacional como un hito para la causa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El oficialismo aspira a acelerar los tiempos parlamentarios mediante un plenario entre las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El plan contempla una reunión informativa inicial con especialistas invitados, con la meta fijada en obtener dictamen el martes 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto para su aprobación un día después, en una sesión especial.

La propuesta oficial busca endurecer el marco punitivo frente a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en territorio y espacios marítimos nacionales, planteando la derogación y reemplazo del esquema sancionatorio de la Ley 26.659. Entre sus puntos clave, contempla penas de prisión, multas significativas, inhabilitaciones y la imposibilidad absoluta de contratar con el Estado o realizar actividades económicas en el país para aquellos que violen la normativa.

Pese a que la causa Malvinas se presenta conceptualmente como un punto de acuerdo transversal, la iniciativa enfrenta crecientes objeciones por parte de la oposición dialoguista, sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil. La principal controversia se centra en la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal que reprime con penas de cinco a 12 años de cárcel a quienes realicen actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública financiados por actores extranjeros. Legisladores como Maximiliano Ferraro alertaron que esta figura legal padece de una peligrosidad punitiva extrema y de vaguedad conceptual, al tiempo que instituciones como el Colegio Público de la Abogacía porteño advirtieron que tales disposiciones podrían vulnerar la libertad de expresión, el debate público y el trabajo periodístico.

En la sesión del 7 de octubre, el oficialismo también contempla incluir el tratamiento de otros temas de peso institucional. Entre ellos figuran el nuevo régimen para Discapacidad, el debate sobre proyectos relativos al endeudamiento y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tras su media sanción en el Senado.