El Gobierno de San Juan evalúa el impacto de las heladas en 16.500 hectáreas y prepara la emergencia agrícola

El Ministerio de la Producción de San Juan sigue recepcionando e inspeccionando las denuncias correspondientes a las fincas afectadas por las heladas tardías en los valles agrícolas de la provincia. Hasta la fecha, el registro oficial contabiliza un total de 1.080 denuncias presentadas por productores locales, las cuales involucran una superficie de 16.500 hectáreas que requieren verificación técnica en terreno.

El ministro de la Producción, Gustavo Fernández, detalló este miércoles que "el último informe el día de hoy da cuenta de alrededor de 1080 denuncias que involucran la necesidad de visitar e inspeccionar unas 16.500 hectáreas". El funcionario aclaró que "no significa que las 16.500 hectáreas presenten daños, sino que estos más de 1000 productores tienen 16.000 hectáreas donde alguna de los cultivos o variedades que tienen en esas propiedades han resultado dañadas".

En lo relativo a las especies agrícolas con mayores pérdidas, la viticultura concentra el volumen principal de los reclamos, sumada a las presentaciones ingresadas desde el departamento Sarmiento vinculadas a olivares. En el caso de los viñedos, el primer evento de helada perjudicó principalmente a las uvas destinadas a la producción de pasas y al consumo en fresco, tratándose de variedades de cosecha temprana programadas para los meses de diciembre y enero. Posteriormente, un segundo episodio registrado la semana previa afectó las yemas en brotación de las uvas criollas y comunes. Sobre la magnitud de los perjuicios en los cultivos, Fernández advirtió que "estamos hablando de un daño importante en algunos casos con porcentajes que están entre el 50 y el 80%". Asimismo, el ministro explicó la secuencia climática: "la primera helada involucró mucho lo que tiene que ver con uvas para pasa y uvas de consumo en fresco, pero la segunda helada que tuvimos la semana pasada también afectó fundamentalmente algunas yemitas que empezaban a brotar en uvas criollas".

Frente a las inquietudes transmitidas por las cámaras vitivinícolas de la provincia, el Ministerio mantiene reuniones periódicas con las entidades para coordinar los mecanismos de contención. La prioridad de las autoridades provinciales es concluir los peritajes en las fincas para habilitar formalmente la declaración de emergencia agrícola. Respecto a este procedimiento formal, Fernández subrayó que "el primer paso es poder terminar el peritaje para iniciar el procedimiento de declaración de emergencia". La concreción de este marco legal permitirá activar instrumentos de asistencia diferenciados según la capacidad y escala de cada establecimiento productivo.

El plan de asistencia dispuesto contempla beneficios específicos según la dimensión de las propiedades afectadas por las heladas. Para aquellos pequeños productores que posean superficies de hasta 20 hectáreas, la provincia contempla la tramitación de un subsidio directo. En tanto, los productores con propiedades de mayor extensión podrán acceder a esquemas de diferimiento en el pago de impuestos, así como a reducciones o postergaciones en los vencimientos tributarios provinciales. Al respecto, el funcionario fundamentó que "más allá del subsidio que pueden tramitar los productores pequeños de hasta 20 hectáreas, el resto de los productores mayores tienen la posibilidad de acceder a algún diferimiento en el pago de impuestos, alguna reducción o postergación en el vencimiento".

En relación con los pedidos formulados por sectores viñateros para obtener descuentos en la tarifa eléctrica de los pozos de regadío, el Ministerio de la Producción recordó que el sector agrícola ya dispone de una subvención provincial aplicada sobre el costo fijo y la potencia. Además, Fernández aclaró que los gravámenes adicionales que componen las boletas corresponden a tributos locales como el Cargo Único Municipal, motivo por el cual los reclamos tarifarios específicos deben canalizarse ante las autoridades de cada comuna. Finalmente, el funcionario recordó que la provincia dispuso oportunamente un tope legal a dichos cargos municipales con el propósito de fijar un límite vinculado estrictamente al costo real del mantenimiento del alumbrado público en cada jurisdicción.

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