El Gobierno definió cómo controlará los US$75 millones para obras de agua: cuáles son los proyectos

El programa financiado por FONPLATA incluye proyectos en el Gran Mendoza y San Rafael y estará auditado por el Tribunal de Cuentas.

Foto:

El gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con la ejecución del financiamiento internacional por US$75 millones otorgado por FONPLATA para ampliar y optimizar los servicios de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael.

A través del Decreto 1950, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Provincia aprobó un acuerdo entre la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) y el Tribunal de Cuentas, que tendrá a su cargo la auditoría externa del programa.

El préstamo había sido aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) en agosto de 2025.

El financiamiento forma parte del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la Provincia de Mendoza, cuyo objetivo es mejorar la producción y distribución del servicio en el Área Metropolitana y en la ciudad de San Rafael.

Según consta en el decreto firmado por el mandatario provincial y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, la operación se encuadra dentro de las autorizaciones de endeudamiento con las que cuenta Mendoza.

Entre ellas se encuentra la ampliación dispuesta por la Ley 9433, que extendió hasta 2027 la posibilidad de acceder a financiamiento por hasta US$130 millones o su equivalente en otras monedas.

El contrato de préstamo por los US$75 millones fue suscripto entre Mendoza y FONPLATA el 25 de noviembre de 2025, mientras que el 9 de diciembre de ese año se firmó el contrato de contragarantía con el Ministerio de Economía de la Nación. Ambos instrumentos fueron ratificados provincialmente en enero de 2026.

De acuerdo con los términos de referencia incorporados como anexo, el programa contempla obras y acciones destinadas a mejorar la infraestructura de agua potable y fortalecer la prestación del servicio. El financiamiento internacional alcanza los US$75 millones y se complementará con recursos de contraparte local.

El programa está dividido en dos grandes componentes. El primero corresponde a obras de infraestructura de agua potable e incluye la ampliación del establecimiento potabilizador Alto Godoy, el sistema de abastecimiento Piedemonte Norte y la ampliación del establecimiento potabilizador Balloffet, en San Rafael.

El segundo componente está orientado al fortalecimiento organizacional, con iniciativas vinculadas a la perspectiva de género y diversidad y un piloto para la reducción de agua no contabilizada.

También se prevén tareas de administración y supervisión general del programa, según los términos de referencia incorporados al acuerdo.

La documentación señala que la ejecución involucra a la Unidad de Financiamiento Internacional, como organismo responsable de la administración financiera, y a Aysam, que tendrá intervención en los aspectos vinculados con las obras y el servicio de agua potable.

La novedad formalizada ahora por el Ejecutivo provincial es la incorporación del Tribunal de Cuentas de Mendoza como auditor externo de la operación. FONPLATA exige que los programas financiados con sus recursos sean sometidos a auditorías realizadas por firmas privadas, entidades u organismos públicos considerados elegibles por el organismo internacional.

En este caso, FONPLATA declaró elegible al Tribunal de Cuentas por considerar que reúne las condiciones de independencia de funcionamiento y criterio requeridas.

El acuerdo entre el organismo de control y la UFI había sido firmado el 25 de marzo de 2026 por el presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, y el subsecretario de Finanzas, Franco Bignone. El Decreto 1950 le otorgó ahora la aprobación correspondiente.

La auditoría deberá emitir una opinión profesional sobre la situación financiera del programa al cierre de cada período, revisar la adecuación de los controles internos y verificar el cumplimiento del contrato de préstamo, además de las leyes y regulaciones aplicables.

El control abarcará tanto los recursos aportados por FONPLATA como los fondos de contraparte local y los de eventuales instituciones cofinanciadoras.

El anexo establece además que los estados financieros del programa deberán incluir, entre otros puntos, el estado de inversiones acumuladas, el detalle del efectivo recibido y los desembolsos efectuados y la información correspondiente a la cuenta especial utilizada para administrar los recursos.

El convenio entre la UFI y el Tribunal de Cuentas permanecerá vigente durante toda la ejecución del programa, siempre que el organismo de control conserve su condición de auditor aceptable para FONPLATA. Cada año podrán firmarse actas complementarias para ajustar las condiciones del trabajo.

El decreto también delegó en el ministro de Hacienda y Finanzas la facultad de aprobar esas actas correspondientes a ejercicios posteriores, donde se determinarán los montos concretos que deberán abonarse por las auditorías y sus condiciones particulares. Esa atribución permanecerá vigente hasta que finalice el programa.

Para 2026, la documentación anexa fija una propuesta económica para los servicios de auditoría externa que contempla 1.010 horas profesionales entre supervisión y tareas de auditoría, además de gastos de viáticos y traslado. El presupuesto total consignado asciende a $72,5 millones.

El Ejecutivo autorizó a los servicios administrativos correspondientes a imputar, liquidar y pagar los costos de la auditoría externa y estableció que el gasto correspondiente al ejercicio 2026 será afrontado con partidas del presupuesto vigente.