El Gobierno denunció a cinco petroleras por operar en Malvinas
El Canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro presentaron una demanda penal contra empresas con licencias británicas en la Cuenca Malvinas Norte. En paralelo, el Presidente instruyó al Ministerio de Economía para blindar financiamiento.
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En una doble jugada de fuerte impacto geopolítico y de consumo interno, el Ejecutivo nacional accionó judicialmente contra un entramado de petroleras que explotan recursos en las Islas Malvinas y fijó prioridades presupuestarias para el reequipamiento militar en el Atlántico Sur.
La denuncia penal, redactada con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y formalizada por el canciller Pablo Quirno, apuntó directamente contra Navitas Petroleum (en sus filiales Development & Production, Atlantic United y LP), JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según la presentación, estas firmas violan la Ley 26.659 al realizar tareas de exploración y extracción de hidrocarburos bajo licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
La demanda no solo busca frenar las operaciones corporativas, sino que extiende la responsabilidad penal a directores, gerentes, síndicos y administradores de las firmas involucradas, calificando las tareas como una violación directa a la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
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Clave presupuestaria para 2027
De manera simultánea a la acción en Tribunales, el presidente Javier Milei remitió una instrucción formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para encuadrar la política de Defensa dentro de la contabilidad oficial. De cara al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 —que debe ingresar al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre—, la Casa Rosada ordenó priorizar los fondos para el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.
Con este movimiento, el Gobierno busca marcar agenda en materia de defensa de recursos naturales y soberanía antártica, concatenando la vía penal contra las corporaciones petroleras con la asignación de recursos fiscales para el despliegue militar en el extremo sur del país.
Fuente: El Diario de La Pampa
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