El Gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas y exigirá sanciones
Presidencia alertó sobre la actividad aérea detectada entre las Islas y Punta Arenas, y advirtió que iniciará un procedimiento para imponer sanciones contra el Reino Unido.
Presidencia alertó sobre la actividad aérea detectada entre las Islas y Punta Arenas, y advirtió que iniciará un procedimiento para imponer sanciones contra el Reino Unido.
Javier Milei firmó una intimación contra el Reino Unido.
El Gobierno argentino informó que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones para la explotación de hidrocarburos en el proyecto "Sea Lion" y anunció que comenzará con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo remarcó que Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán con este proceso con el objetivo de "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación".
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
Milei, en tanto, compartió un mensaje citando el comunicado y señaló: "Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras".
DEFENDIENDO CON HECHOS
Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Si en 2 semanas el Reino Unido no… https://t.co/JTaBcQ7RGT
El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como "Territorio Británico de Ultramar" ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.
Además de la intimación, el mandatario ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de que se detectaran operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso.
El respaldo jurídico del reclamo argentino se apoya en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
A su vez, la Resolución 31/49 exhortó expresamente a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe ese proceso. El gobierno argentino sostiene que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y produce "un perjuicio irreversible e irreparable" a sus derechos de soberanía.
El marco legal invocado por Argentina incluye a la CONVEMAR —considerada por juristas y organismos internacionales como la "constitución de los océanos"—, aprobada en 1982 y en vigor desde 1994, que establece que la plataforma continental de un Estado ribereño se extiende más allá de su mar territorial a lo largo de la prolongación natural de su territorio, pudiendo alcanzar hasta 350 millas marinas desde las líneas de base. Bajo ese régimen, Argentina considera que los yacimientos hidrocarburíferos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
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Fuente: LM Neuquén
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