El Gobierno endurece el control sobre mujeres de alto riesgo en cárceles federales

El Gobierno nacional amplió el sistema destinado a gestionar a las personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal y creó, específicamente, un régimen para mujeres. La medida fue oficializada mediante la Resolución 878/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La resolución dispone la ampliación del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal" (SIGPPLAR), que desde 2024 se encontraba implementado para la población masculina. Ahora, el mecanismo incorpora un esquema específico para mujeres vinculadas a organizaciones criminales.

El objetivo central es desarrollar estrategias institucionales que permitan enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas cuyos integrantes se encuentren alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

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Para ello, el sistema establece procesos adecuados de evaluación, clasificación y separación de las personas privadas de la libertad, con el propósito de limitar la continuidad de las actividades delictivas desde el interior de las cárceles.

Según la resolución, la experiencia acumulada desde la implementación del SIGPPLAR para varones "evidenció impactos positivos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria". El Ministerio de Seguridad sostuvo que los mecanismos especializados permitieron mejorar la evaluación, clasificación, separación y gestión penitenciaria de personas consideradas de alto riesgo.

La puesta en funcionamiento del sistema también fue vinculada con los objetivos de distintos operativos de seguridad desplegados en el país. Según el documento oficial, favoreció el cumplimiento de los objetivos del Plan Bandera, en Rosario; el Plan Güemes, en el norte del país; el Plan Paraná, sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay; y el Plan Andrés Guacurarí, en Misiones.

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Durante estos meses, el sistema permitió incorporar a 78 miembros de distintas organizaciones criminales. Una parte significativa de esas personas desarrolla sus principales actividades en las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.

El Gobierno sostiene ahora que la evolución de los perfiles vinculados al delito organizado requiere ampliar ese abordaje a la población femenina privada de la libertad.

La resolución advierte sobre una creciente complejidad de los perfiles criminológicos vinculados a mujeres integrantes de organizaciones criminales. De acuerdo con el documento, esta situación exige mecanismos específicos que permitan evaluar, clasificar y gestionar a esta población con el objetivo de evitar que las estructuras delictivas mantengan su actividad desde las cárceles.

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El Ministerio de Seguridad señala que distintos estudios especializados registraron una mayor participación de mujeres en funciones ejecutivas y de conducción, particularmente después de la detención de sus contrapartes masculinas y del incremento de los controles penitenciarios.

En ese contexto, algunas mujeres pueden asumir tareas relacionadas con la transmisión de órdenes, coordinación logística y continuidad operativa de las organizaciones criminales.

La resolución cita, entre otros antecedentes, el documento "The Missing Piece of the Puzzle", elaborado en 2024 y publicado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Ese trabajo sostiene que mujeres vinculadas a organizaciones criminales pueden cumplir funciones de enlace, mensajería, coordinación y continuidad operativa, incluso desde situaciones de privación de libertad o mediante vínculos familiares.

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También se menciona el informe "Understanding the Role of Women in Organized Crime", publicado en 2023 por la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). El documento identifica distintos roles que pueden asumir mujeres dentro de organizaciones criminales, entre ellos la administración financiera, logística, transmisión de mensajes, coordinación de actividades ilícitas y gestión operativa de recursos y personas.

A partir de este diagnóstico, el Gobierno resolvió implementar el SIGPPLAR para mujeres dentro del Servicio Penitenciario Federal.

La aplicación del sistema requerirá realizar adecuaciones específicas en diferentes áreas de la gestión penitenciaria. Entre ellas se encuentran la infraestructura, el tratamiento, la salud integral, la vinculación familiar, las condiciones de alojamiento y la capacitación del personal penitenciario.

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Además, los agentes destinados a trabajar dentro del sistema deberán recibir formación específica en perspectiva de género y abordaje de población penal femenina de alto riesgo.

La medida busca, de esta manera, combinar los mecanismos de seguridad y clasificación propios del sistema de alto riesgo con condiciones y necesidades específicas de la población femenina privada de la libertad.

La resolución lleva la firma de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, quien aprobó la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo – Mujeres – en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

La normativa faculta a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a adoptar todas las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema.

Además, le encomienda elaborar, dentro de un plazo de 60 días, los protocolos complementarios de funcionamiento y los manuales específicos previstos por el sistema.

Fuente: Noticias Argentinas

Fuente: Primera Edición

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