El Gobierno endurece los controles sobre las empresas que exploten petróleo en Malvinas

La medida establece controles sobre las compañías que desarrollen o participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas y suma requisitos para acceder al RIGI y a concesiones del sector.

El Gobierno nacional estableció nuevas disposiciones para reforzar el control sobre las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y, en particular, sobre aquellas vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece prohibiciones para empresas y personas que desarrollen determinadas actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

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La norma también establece un procedimiento administrativo específico para investigar y eventualmente sancionar a quienes incumplan las prohibiciones previstas en esa legislación.

Según el decreto, los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán informar a la autoridad de aplicación, dentro de los cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho que pudiera configurar una de las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Una vez recibida la información, la Cancillería deberá determinar si existen indicios suficientes para presumir una infracción. Si corresponde, podrá disponer la apertura de un sumario y notificar al presunto infractor.

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Desde esa notificación, la persona o empresa involucrada tendrá 10 días hábiles administrativos para constituir domicilio especial, presentar su descargo y ofrecer pruebas.

La autoridad de aplicación deberá resolver el caso dentro de otros 10 días hábiles administrativos, contados desde la presentación del descargo, el vencimiento del plazo para hacerlo o la finalización de la etapa probatoria, según corresponda.

La resolución podrá disponer el archivo de las actuaciones o aplicar las sanciones previstas por la Ley 26.659.

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El decreto introduce además cambios en el procedimiento de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

A partir de ahora, quienes soliciten adherir al régimen deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que tanto el Vehículo de Proyecto Único (VPU) como las personas humanas o jurídicas que tengan participación directa o indirecta en él no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

La normativa dispone, además, que la autoridad encargada de aplicar el RIGI deberá requerir la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 antes de resolver la solicitud de adhesión.

Fuente: El Esquiú

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