El Gobierno fijó el salario mínimo en $383.800, por debajo incluso de la oferta empresaria

El Gobierno nacional fijó en $383.800 el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde septiembre, luego de que representantes sindicales y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo en el Consejo del Salario celebrado el viernes pasado.

La decisión fue formalizada este miércoles mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece además una nueva escala de incrementos mensuales que se extenderá hasta abril de 2027.

El dato sobresaliente es que el monto definido por el Gobierno para septiembre quedó incluso por debajo de la propuesta realizada por el sector empresario durante la negociación. Como informó PRIMERA EDICIÓN tras la reunión del 28 de agosto, los empleadores habían planteado llevar el salario mínimo a $400.000, mientras que los gremios reclamaron un piso de $911.000.

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Finalmente, el laudo oficial estableció un valor inicial de $383.800, $16.200 menos que la oferta empresaria y $527.200 por debajo de la pretensión sindical.  Hasta agosto, el SMVM se encontraba en $376.600 mensuales, por lo que la primera actualización representa una suba de apenas 1,91%.

La Resolución 4/2026 establece que desde el 1 de septiembre el salario mínimo será de $383.800 mensuales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso será de $1.919 por hora. En octubre avanzará a $391.200, en noviembre a $398.800 y en diciembre llegará a $406.400.

El esquema continuará durante 2027: en enero el mínimo será de $414.200, en febrero de $422.000, en marzo alcanzará los $429.600 y finalmente, desde el 1 de abril, quedará establecido en $437.000 mensuales.

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Así, entre el valor vigente hasta agosto de 2026 y el previsto para abril de 2027, el incremento nominal acumulado será de alrededor del 16%.

Para quienes cobran por hora, la escala también será progresiva: pasará de $1.919 en septiembre a $1.956 en octubre; $1.994 en noviembre; $2.032 en diciembre; $2.071 en enero; $2.110 en febrero; $2.148 en marzo y $2.185 desde abril.

La intervención oficial se produjo después de que el Consejo del Salario volviera a finalizar sin consenso entre trabajadores y empleadores.

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La reunión había sido convocada por la Secretaría de Trabajo para el 28 de agosto y se realizó de manera virtual. Durante las deliberaciones, las centrales sindicales reclamaron elevar considerablemente el piso salarial, mientras que las cámaras empresarias plantearon una actualización mucho menor. La distancia entre ambas posiciones impidió alcanzar la mayoría necesaria y dejó nuevamente la definición en manos del Estado.

La propia resolución publicada este miércoles señala que, tras un "extenso intercambio de opiniones", no pudo alcanzarse un acuerdo, por lo que la presidenta alterna del Consejo quedó obligada a emitir el laudo previsto por la legislación laboral.

No se trata de una situación inédita. La escala que rigió entre noviembre de 2025 y agosto de este año también había sido establecida por decisión oficial después de otro fracaso de las negociaciones.

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Ese esquema había llevado el SMVM desde los $328.400 de noviembre de 2025 hasta los $376.600 correspondientes a agosto de 2026.

La resolución también actualizó la referencia utilizada para calcular la prestación por desempleo.

El beneficio continuará siendo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual neta percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

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Sin embargo, la normativa establece límites vinculados directamente con el salario mínimo: la prestación no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superar el 100% de ese valor.

Con el salario mínimo de septiembre, eso implica inicialmente un piso de $191.900 y un máximo de $383.800, valores que se irán modificando a medida que avance la nueva escala.

La decisión vuelve a colocar en discusión el deterioro del salario mínimo como referencia laboral. PRIMERA EDICIÓN ya había informado en julio que distintos estudios estimaban una pérdida superior al 40% de su poder adquisitivo desde el comienzo de la actual gestión nacional, en un contexto en el que el indicador también viene perdiendo peso respecto de las remuneraciones promedio del empleo registrado.

Fuente: Primera Edición

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