El Gobierno intimó a más de 500 prácticos para frenar la medida que paraliza puertos y el transporte de combustibles
Mediante un edicto de Prefectura Naval, el Ejecutivo ordenó la inmediata reanudación del servicio de practicaje bajo amenaza de sanciones penales y administrativas. El sector gremial mantiene la medida contra el decreto de desregulación impulsado por Sturzenegger, mientras las cá…
Por Redacción
La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios marítimos alcanzó un punto crítico. Tras la oficialización del Decreto 690/2026, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, los profesionales del practicaje y pilotaje iniciaron un paro por tiempo indeterminado. En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) publicó este martes un edicto formal que intima a 536 trabajadores de la actividad a retomar sus tareas de manera inmediata.
La medida oficial advierte que el incumplimiento del servicio, clave para el guiado de buques en ríos, canales y accesos portuarios, podría derivar en sumarios administrativos y en denuncias penales respaldadas por los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas de hasta ocho años de prisión para quienes entorpezcan el transporte por agua.
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El foco del reclamo radica en la profunda reforma del régimen de practicaje vigente desde 1991, la cual genera posturas contrapuestas entre la administración central y las organizaciones sindicales del sector.
Por un lado, el Gobierno argumenta que el nuevo marco normativo busca fomentar la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. La reforma crea un registro abierto de profesionales bajo la órbita de Prefectura, elimina la segmentación geográfica para el cambio de prácticos en un mismo trayecto, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas.
En la otra vereda, los profesionales del practicaje decidieron suspender la asistencia a buques nacionales e internacionales hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue el decreto. Desde el sector gremial sostienen que la flexibilización de las condiciones de traslado, la modificación de las exenciones de contratación y la apertura del registro vulneran derechos adquiridos y alteran las condiciones de seguridad en la navegación comercial.
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La paralización de la actividad generó alertas inmediatas en el sector productivo y logístico. De acuerdo con datos del Centro de Navegación (CNAV), más de 140 buques quedaron a la espera de la asignación del servicio, provocando la reprogramación o desvío de cargas hacia terminales regionales como Montevideo y el sur de Brasil.
Por su parte, la Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que la medida de fuerza paralizó las operaciones en terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. La interrupción en estos puntos afecta el despacho de naftas, gasoil y crudo hacia las refinerías, generando riesgo en la cadena de distribución de combustibles.
En el plano de las obras de infraestructura, la medida obligó a mantener fondeada en el exterior a la embarcación de transporte pesado White Marlin, cuyos servicios estaban programados para maniobras vinculadas a las etapas operativas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la costa atlántica.
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La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios marítimos alcanzó un punto crítico. Tras la oficialización del Decreto 690/2026, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, los profesionales del practicaje y pilotaje iniciaron un paro por tiempo indeterminado. En respuesta, la Prefectura Naval Argentina (PNA) publicó este martes un edicto formal que intima a 536 trabajadores de la actividad a retomar sus tareas de manera inmediata.
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Fuente: Río Negro
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