El Gobierno nacional acelera las charlas para anular las PASO

Resumen para apurados

El Gobierno nacional abrió una nueva etapa de negociaciones políticas con el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. En sus primeras horas al frente del cargo, el flamante funcionario inició una ronda de conversaciones clave con gobernadores de distintas provincias, orientada a destrabar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso y garantizar los apoyos legislativos necesarios.

El eje central de la estrategia oficialista radica en reunir las voluntades políticas para modificar de raíz el sistema de votación actual. El foco de máxima de la Casa Rosada está puesto en conseguir la eliminación definitiva de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), o bien consensuar su suspensión, un punto que se convierte en el principal núcleo de discusión con los mandatarios provinciales.

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Durante una entrevista televisiva, Santilli fundamentó la postura del Poder Ejecutivo argumentando que la medida busca beneficiar directamente a la ciudadanía. El flamante ministro coordinador señaló que el presidente Javier Milei persigue el objetivo de evitar que la sociedad deba concurrir a las urnas hasta seis veces en un mismo año, eliminando además el gasto que representan las PASO para el Estado, estimado entre US$ 250 y US$ 300 millones, junto con la fuerte saturación de los espacios cedidos a los partidos políticos en la televisión.

Desde el inicio del debate parlamentario, el oficialismo justificó la necesidad de la reforma bajo la premisa de frenar la distorsión de un sistema que actualmente cuenta con 174 partidos políticos reconocidos. Para corregir este escenario, el proyecto original propone duplicar las exigencias de territorialidad y obligar a las fuerzas políticas a tener presencia en al menos 10 provincias, en lugar de las cinco requeridas en la legislación vigente.

La iniciativa oficialista contempla también un incremento significativo en el piso de afiliados necesarios para sostener la personería jurídica, un cambio que elevaría el requisito de 4.000 a 10.000 miembros en distritos de alto peso electoral como la provincia de Buenos Aires. Como contrapartida y para agilizar el ordenamiento administrativo de las estructuras partidarias, el texto introduce la implementación de la afiliación digital.

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La propuesta, enviada por el Ejecutivo al Congreso en abril de este año, generó un abanico de posturas diversas entre los jefes provinciales de la "oposición dialoguista" y el propio bloque oficialista. Mientras la Casa Rosada presiona por una derogación total de las primarias, un sector importante de los gobernadores prefiere inclinarse hacia un punto intermedio: acordar exclusivamente la suspensión del mecanismo para el próximo turno electoral.

Esta alternativa intermedia cobró fuerza en el propio Congreso de la Nación debido a las limitaciones numéricas que enfrenta el oficialismo. Desde la Cámara alta, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reconoció abiertamente que el espacio no cuenta actualmente con las bancas suficientes para imponer una derogación total de la ley, reforzando la viabilidad de la suspensión temporal como la variante con mayor margen de negociación.

Frente a este escenario, Santilli aclaró que la reforma está enfocada en el beneficio de la sociedad y no en la preservación de las estructuras partidarias tradicionales. Asimismo, el funcionario nacional indicó que la discusión sobre la metodología final de la ley se mantiene abierta a recibir sugerencias y modificaciones de otros sectores políticos, mencionando puntualmente al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

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Entre los mandatarios provinciales exponen marcadas diferencias de criterio según las realidades locales. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza) ya manifiestan su alineamiento con el proyecto original de la Casa Rosada, a los que se suma el cordobés Martín Llaryora, cuyo peronismo local rechaza históricamente el mecanismo de las PASO.

En una posición distinta se ubica el santafesino Maximiliano Pullaro, quien descartó avalar la eliminación nacional debido a que su provincia avanza en una reforma propia que preserva las primarias. Sin embargo, Pullaro se mostró predispuesto a acompañar la opción de la suspensión junto a los mandatarios de la región patagónica. Pese a estas diferencias menores, en Balcarce 50 consideran que tanto Frigerio como Pullaro ya se encuentran "adentro" del esquema general de la negociación.

Con este tablero, el Gobierno nacional fijó un cronograma político ambicioso y apunta a lograr la media sanción del proyecto en el Senado durante el mes de agosto. La reforma electoral se consolidó como el tema central de la próxima reunión de la mesa política prevista para la semana entrante, la cual marcará el debut formal de Santilli tras la salida de Manuel Adorni, en un encuentro que volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Aunque en la Casa Rosada aseguran tener el "70%" del contenido de la reforma prácticamente cerrado, la decisión política del Ejecutivo no es avanzar con un tratamiento por partes en el Parlamento. Las autoridades nacionales buscan evitar que el Congreso apruebe únicamente los capítulos de menor conflictividad y postergue la discusión de fondo, conscientes de que las negociaciones con las provincias exceden lo electoral e involucran reclamos cruzados por fondos, obras públicas, transporte y coparticipación.

Fuente: La Gaceta

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