El Gobierno oficializó un aumento para policías y penitenciarios: cuánto suben los sueldos y adicionales
El incremento salarial será del 7% en agosto. La medida también contempla cambios retroactivos a julio y alcanza a retirados.

El incremento salarial será del 7% en agosto. La medida también contempla cambios retroactivos a julio y alcanza a retirados.
La medida alcanza a policías y penitenciarios en actividad, además de retirados y pensionados de ambos sectores.
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El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un nuevo incremento salarial para el personal policial y penitenciario de Mendoza. La medida establece una suba del 7% para agosto, además de modificaciones en adicionales y compensaciones que se aplican desde julio.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1518, fechado el 30 de julio y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma alcanza tanto a los agentes en actividad como a los beneficiarios del régimen de retiros y pensiones de ambas fuerzas.
Según explicó el Ejecutivo en los considerandos, la medida se tomó luego de las propuestas salariales realizadas a los gremios estatales, que fueron acordadas con "casi la totalidad" de los sectores de la Administración Pública provincial.
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En ese marco, el Gobierno señaló que buscó mantener condiciones similares para las fuerzas de seguridad, cuyos integrantes no están alcanzados por las normas de negociación colectiva del sector público.
Uno de los puntos centrales del decreto es el incremento salarial dispuesto para agosto. El Ejecutivo estableció una suba del 7% sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026.
El aumento alcanza al personal policial y penitenciario en actividad y también a quienes se encuentran incluidos en el régimen de retiros y pensiones.
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La actualización también tendrá incidencia sobre los Servicios Extraordinarios que presta el personal policial. En este caso, el impacto comenzará a aplicarse a partir del primer día del mes siguiente al aumento establecido para agosto, es decir, desde septiembre.
El decreto incorpora además modificaciones salariales que tienen vigencia desde julio. Una de ellas alcanza al Adicional General por Función Fuerzas de Seguridad, identificado como ítem 1629.
A partir de julio, ese adicional pasa a representar el 38%, tanto para el personal policial comprendido por la Ley 6722 como para los penitenciarios alcanzados por la Ley 7493. La norma aclara que solamente se modifica el porcentaje y se mantiene sin cambios la forma de cálculo, naturaleza y carácter del ítem.
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El Ejecutivo justificó esa modificación, entre otros aspectos, en la intención de incentivar la capacitación y profesionalización del personal de las fuerzas de seguridad.
También se modificó desde el 1 de julio la forma de cálculo de la denominada Compensación Policial, correspondiente al ítem 3100. Hasta ahora se trataba de una suma fija y, con el nuevo esquema, quedó establecida en el 13% de la asignación correspondiente a la clase del Jefe de las Policías.
Una modificación equivalente se dispuso para el personal penitenciario. El ítem 3123, correspondiente al Refrigerio Penitenciario, también dejará de determinarse mediante una suma fija y pasará a calcularse como el 13% de la asignación de la clase del Jefe de las Policías.
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Los cambios establecidos por el Ejecutivo se trasladarán a los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial y del Servicio Penitenciario.
En los fundamentos, el Gobierno indicó que corresponde otorgarles las mismas condiciones salariales que a los agentes en actividad, de acuerdo con las pautas de movilidad previstas por la normativa provincial. También estableció que deberán respetarse las retroactividades mensuales que se generen.
La aplicación de las nuevas disposiciones quedó a cargo de la Contaduría General de la Provincia y de los demás organismos competentes. El decreto fue firmado por Cornejo y por los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Mercedes Rus (Seguridad y Justicia).
La norma fue dictada ad referéndum de la Legislatura provincial, por lo que deberá pasar por el Poder Legislativo para su tratamiento.
Fuente: Los Andes
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