El Gobierno posterga la reforma tributaria integral y la deja como promesa de campaña de Milei

El Gobierno nacional decidió postergar la reforma tributaria integral y, por el momento, no prevé enviar al Congreso un proyecto que modifique de manera estructural el sistema impositivo. En la Casa Rosada consideran que las cuentas públicas todavía no ofrecen el margen suficiente para reducir impuestos de manera permanente sin comprometer el equilibrio fiscal.

La definición representa un nuevo corrimiento de la hoja de ruta que el Gobierno había trazado durante el último año y que, además, había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fines de 2026.

En Nación ya no trabajan con un escenario en el que un paquete integral llegue al Congreso durante este año. Sin embargo, mantienen como objetivo avanzar hacia una estructura tributaria con menos impuestos y menor presión fiscal. Dentro del Ejecutivo incluso admiten que una reforma de fondo podría quedar planteada como una promesa para un eventual segundo mandato de Javier Milei.

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"Seguramente como promesa", es la respuesta que dan en el Gobierno cuando se consulta sobre la posibilidad de avanzar con una reforma integral después de las elecciones.

El principal argumento oficial para postergar la reforma es fiscal. El último resultado disponible, correspondiente a julio, muestra que el Sector Público Nacional acumuló durante los primeros siete meses del año un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero el resultado financiero fue de apenas 0,1% del PBI una vez descontados los intereses de la deuda.

En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones, mientras que el resultado financiero arrojó un excedente de $244.897 millones.

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La evolución mensual también refleja que el equilibrio fiscal cuenta con un margen limitado. El Gobierno registró un superávit financiero de $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo. En junio, en cambio, tuvo un déficit financiero de $1,025 billones, antes de volver al resultado positivo en julio.

Además, el resultado de enero tuvo un componente extraordinario. Según informó el Ministerio de Economía, parte de los ingresos provinieron de la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas. Sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones.

Ese dato es utilizado dentro del Ejecutivo como argumento para mantener la cautela frente a bajas permanentes de impuestos sustentadas en ingresos extraordinarios que podrían no repetirse.

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Durante julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones, con un crecimiento interanual del 30,4%, mientras que el gasto primario llegó a $14,13 billones, con una suba del 24,4%. Los recursos tributarios aumentaron 29,6%.

La estrategia fiscal depende así de mantener el gasto creciendo por debajo de los ingresos y de sostener el resultado financiero positivo.

El Gobierno también tiene un límite establecido por la normativa presupuestaria. El Presupuesto vigente establece que la Administración Nacional debe terminar 2026 con un resultado financiero equilibrado o superavitario y había proyectado originalmente un excedente de $2,734 billones.

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Para Economía, una reducción permanente de impuestos de alta recaudación requiere primero construir un colchón fiscal que permita absorber la eventual pérdida de recursos.

Ese criterio ya había quedado plasmado en el informe del Consejo de Mayo, donde se planteó que una reducción tributaria solamente sería sostenible si se produce simultáneamente una disminución del gasto público.

La discusión técnica había contemplado modificaciones de fondo sobre varios impuestos. Entre las alternativas analizadas aparecieron una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su eventual desaparición.

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También se analizaron reducciones de retenciones y modificaciones coordinadas con las provincias sobre Ingresos Brutos y tasas municipales.

La estrategia oficial fue perdiendo alcance con el paso de los meses. A fines de 2025, la Casa Rosada evaluaba dividir la reforma en distintos proyectos para distribuir el impacto fiscal y avanzar progresivamente durante 2026 y 2027.

En marzo, cualquier modificación de fondo quedó condicionada a una recuperación de la actividad económica y de la recaudación. Durante el segundo trimestre, finalmente, dejó de existir un calendario concreto para enviar un paquete tributario integral al Congreso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también vinculó públicamente las futuras reducciones impositivas con la posibilidad de generar un mayor superávit a través del crecimiento económico y la formalización.

En junio, Caputo sostuvo que una mayor actividad y un incremento de la formalidad, manteniendo constante el gasto, deberían generar los recursos adicionales necesarios para continuar reduciendo la carga tributaria.

Eso no implica que el Gobierno haya descartado nuevas reducciones puntuales durante 2027. Economía ya estableció, por ejemplo, un sendero de disminución de los derechos de exportación para determinados productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de retenciones industriales.

El propio Caputo señaló que la eliminación completa de los derechos de exportación forma parte del objetivo de un eventual segundo mandato.

En la Casa Rosada diferencian esas rebajas sectoriales de una reforma estructural que modifique simultáneamente los principales impuestos nacionales.

El IVA, Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos tienen un peso significativo en la recaudación estatal. Por eso, cualquier reducción implica definir qué gastos se recortarán, qué bases imponibles se ampliarán o qué otras fuentes de ingresos podrían compensar la pérdida.

A esto se suma la dimensión federal. El Gobierno pretende que un rediseño amplio esté acompañado por reducciones de Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que requiere alcanzar acuerdos con gobernadores e intendentes.

El Consejo de Mayo incluso dejó fuera de su propuesta central una reforma de la coparticipación, al considerar que su complejidad requiere la participación específica de todas las provincias.

Por ahora, la estrategia oficial consiste en preservar el superávit fiscal, cumplir con las reducciones impositivas que ya tienen un cronograma definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar rebajas puntuales.

La reforma tributaria integral, en cambio, pierde lugar en la agenda inmediata y queda cada vez más asociada a un escenario posterior a las elecciones y, eventualmente, a un segundo mandato de Javier Milei.

Fuente: Primera Edición

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