El Gobierno prepara una megadesregulación que alcanza a farmacias, libros, agro y transporte

El Gobierno nacional comenzó a hacer circular en distintos ámbitos un extenso anteproyecto de ley que propone una nueva etapa de desregulación económica, con cambios simultáneos en sectores productivos, comerciales, profesionales y financieros.

El texto, al que accedió parlamentario.com, contiene más de cien artículos distribuidos en ocho títulos y plantea modificaciones al Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, el mercado de capitales, los fideicomisos y los sistemas de garantías.  Además, prevé la derogación total o parcial de normas históricas vinculadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, gas licuado de petróleo, actividad de traductores públicos, corretaje, marina mercante y precio uniforme del libro.

El objetivo declarado es eliminar restricciones consideradas innecesarias, ampliar la competencia, incorporar nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados. Sin embargo, el alcance de las reformas también abre interrogantes sobre los controles que desaparecerían, las actividades que quedarían expuestas a una mayor competencia y la capacidad del Estado para fiscalizar sectores sensibles.

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Por el momento se trata de un anteproyecto en circulación. El texto todavía no ingresó formalmente al Congreso y puede ser modificado antes de convertirse en una iniciativa oficial.

Uno de los capítulos de mayor impacto cotidiano modifica la Ley 17.565 y habilita la venta de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias. También permite comercializar medicamentos con receta mediante canales digitales, realizar entregas a domicilio y utilizar recetas y registros electrónicos.

Las farmacias podrían adoptar cualquier forma societaria contemplada por la legislación y tendrían libertad para fijar sus horarios de atención. Las droguerías, por su parte, estarían habilitadas para vender directamente al público si se constituyen como farmacias. La apertura podría ampliar los canales de acceso y estimular la competencia, aunque también plantea interrogantes sobre la conservación de los productos, la trazabilidad y la presencia de profesionales capacitados para orientar a los consumidores.

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El anteproyecto propone derogar la Ley 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público de los libros. La eliminación de esa norma permitiría que editoriales, cadenas, plataformas digitales y librerías apliquen descuentos y precios diferentes sobre una misma publicación.

La medida podría generar ofertas y una mayor competencia comercial, pero el sector advierte que también podría favorecer a los grandes vendedores frente a las librerías pequeñas, que cuentan con menor capacidad para reducir sus márgenes.

El texto también elimina normas vinculadas con la industria del doblaje y reduce distintos mecanismos regulatorios previstos en la Ley de Fomento del Libro y la Lectura.

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La propuesta flexibiliza de manera considerable las condiciones para desempeñarse como corredor. Para ejercer la actividad solo sería necesario ser mayor de edad y contar con título secundario. También se permitiría la participación de personas jurídicas y el funcionamiento mediante plataformas digitales.

El proyecto prohíbe establecer requisitos de residencia, incompatibilidades con otras profesiones y aranceles u honorarios obligatorios. Con esos cambios, la actividad quedaría abierta a nuevos operadores, aunque se reducirían las exigencias de formación y matriculación actualmente previstas para determinados tipos de corretaje.

El nuevo régimen para el gas licuado de petróleo limitaría la intervención estatal a cuestiones técnicas y de seguridad. La autoridad de aplicación ya no podría regular precios, volúmenes comercializados, cantidades, márgenes de rentabilidad ni condiciones comerciales.

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La reforma incluye la derogación completa de la Ley 26.020, que funciona como principal marco regulatorio del sector. La liberalización podría fomentar la competencia, pero su impacto será especialmente sensible en localidades y sectores sociales que dependen del gas envasado y no tienen acceso a redes domiciliarias.

Además, el anteproyecto introduce modificaciones en distintas cadenas agroindustriales. En el sector de la carne vacuna, las contribuciones obligatorias destinadas a financiar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina serían eliminadas desde el 1 de octubre de 2027. El organismo debería sostenerse mediante aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones.

El texto también propone derogar las leyes 13.246 y 14.432, que regulan los contratos de arrendamiento y aparcería rural. Los acuerdos vigentes continuarían bajo esas normas hasta su vencimiento. La eliminación de ese marco específico implicaría que los futuros contratos se rijan principalmente por las reglas generales del Código Civil y Comercial.

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En materia vitivinícola se simplificarían los controles, se adoptarían prácticas reconocidas internacionalmente y se concentraría la fiscalización en el tramo final de la cadena. Uno de los puntos de mayor impacto político es la derogación de la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina y el Plan Estratégico Vitivinícola.

La COVIAR debería presentar un informe final, rendir cuentas y avanzar hacia su liquidación. Los fondos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La reforma de la marina mercante habilitaría a buques extranjeros a realizar libremente transporte de cabotaje dentro del territorio argentino. Las obligaciones de contratación de tripulantes nacionales se aplicarían de manera gradual. Durante los primeros 90 días no existiría un porcentaje mínimo, mientras que después de un año se exigiría que el 75% de la tripulación fuera argentina.

También se reduciría a cero el arancel de importación para buques de hasta veinte años de antigüedad, se flexibilizarían los requisitos de matrícula y se digitalizaría la documentación del transporte marítimo. El Gobierno busca reducir costos logísticos y ampliar la oferta de transporte. Como contrapartida, la apertura podría afectar a la marina mercante nacional, los astilleros y los puestos de trabajo vinculados con la navegación local.

La parte más extensa del anteproyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Entre los cambios se reconoce la validez de contratos inteligentes, registros distribuidos y tecnología blockchain para constituir prendas y garantías.

También se habilitan prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual, la emisión digital de warrants y el uso de pagarés y letras electrónicas con cláusulas de actualización. El proyecto flexibiliza además la constitución de fideicomisos y refuerza la protección de los créditos garantizados frente a concursos y quiebras.

En el mercado de capitales se incorporan como principios la neutralidad tecnológica, la inclusión financiera y el uso de activos digitales. Al mismo tiempo, se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Valores.

Aunque la iniciativa reúne reformas muy diferentes, todas responden a una misma orientación: reducir requisitos de ingreso, eliminar contribuciones obligatorias, flexibilizar contratos y limitar las facultades del Estado para intervenir en precios y condiciones comerciales.

Para el Gobierno, ese esquema debería aumentar la competencia, reducir costos y facilitar inversiones. El desafío será determinar si la apertura genera efectivamente mercados más eficientes o si, en determinados sectores, termina debilitando controles, organismos de promoción y mecanismos de protección construidos durante décadas.

En caso de convertirse en proyecto y conseguir aprobación legislativa, la iniciativa representaría una de las reformas regulatorias más amplias de la gestión de Javier Milei, con consecuencias directas sobre consumidores, trabajadores, profesionales y empresas.

Fuente: parlamentario.com

Fuente: Primera Edición

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