El Gobierno provincial intervino tras el desalojo de familias mbya en Garuhapé

El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones informó que tomó intervención luego del desalojo realizado en un inmueble vinculado a la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, de Garuhapé, denunciado por sus integrantes como un procedimiento irregular.

A través de un comunicado oficial, la cartera provincial señaló que tanto el Ministerio como la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no fueron notificados previamente sobre la ejecución de la medida judicial, por lo que solicitaron a las autoridades correspondientes un informe para conocer el alcance del operativo.

"En caso de verificarse situaciones que pudieran afectar derechos de la comunidad Mbya Guaraní, se evaluarán y promoverán las acciones institucionales que correspondan para su resguardo", indicaron desde el organismo.

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La intervención provincial se produce luego de que el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, denunciara que siete familias fueron retiradas del territorio en disputa durante un operativo policial realizado el martes.

Según relató Ramos a PRIMERA EDICIÓN, la comunidad considera esas tierras como territorio ancestral y sostiene que el desalojo se concretó pese a que existía una apelación presentada contra la medida judicial.

Desde la Provincia aclararon que el abordaje del conflicto se realizará dentro del marco normativo vigente y con respeto a las decisiones del Poder Judicial. Además, informaron que mantienen contacto con las partes involucradas para avanzar en instancias de articulación institucional.

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"El Gobierno de Misiones se encuentra en contacto con las partes involucradas y ha iniciado instancias de articulación institucional para abordar las situaciones territoriales en conflicto", señalaron.

El Ministerio de Derechos Humanos remarcó que continuará acompañando las instancias de diálogo y las gestiones necesarias para contribuir a una resolución pacífica del conflicto, con participación de los actores involucrados.

El caso se originó tras el operativo desplegado en Garuhapé, donde integrantes de la comunidad denunciaron el retiro de familias y pertenencias del asentamiento. Ramos afirmó que el procedimiento generó un fuerte impacto en la comunidad, debido a que allí permanecían viviendas y cultivos.

Fuente: Primera Edición

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