El Gobierno reglamentó el pago de la atención médica para extranjeros no residentes
La nueva normativa fija el procedimiento para cobrar las prestaciones en hospitales nacionales y establece excepciones para las situaciones de emergencia y riesgo vital
Cambio en política migratoria
La nueva normativa fija el procedimiento para cobrar las prestaciones en hospitales nacionales y establece excepciones para las situaciones de emergencia y riesgo vital
El Gobierno reglamentó el procedimiento para el cobro de la atención sanitaria a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país y sean atendidos en establecimientos de salud administrados por el Estado nacional.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada hoy en el Boletín Oficial. La normativa formaliza el procedimiento previsto a partir de los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones.
La resolución establece que el procedimiento será aplicable a las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en Argentina. Para la atención sanitaria habitual en establecimientos nacionales, deberán presentar un seguro de salud o realizar el pago previo del servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud.
En cambio, las personas extranjeras con residencia permanente podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.
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Entre las disposiciones incorporadas al procedimiento se establece que, para acreditar la residencia permanente, se deberá presentar el DNI que deje constancia de esa condición.
En caso de extravío del documento o cuando su renovación se encuentre en trámite, se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite, emitida de manera digital por la Dirección Nacional de Migraciones a través del sistema Radex.
La nueva reglamentación establece expresamente que las situaciones de emergencia quedan fuera del régimen de cobro previsto para la atención habitual.
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Según la resolución, no podrá negarse ni restringirse el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a los extranjeros que lo requieran en casos de emergencia, cualquiera sea su situación migratoria.
La normativa precisa que quedan exceptuadas aquellas prestaciones destinadas a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible.
El procedimiento enumera, entre otras, las siguientes situaciones:
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Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda grave que requiera reanimación avanzada o asistencia ventilatoria.
Obstrucción aguda de la vía aérea o compromiso respiratorio severo.
Shock hipovolémico, cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico.
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Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y otras emergencias cardiovasculares con compromiso hemodinámico.
Accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos y otras emergencias neurológicas tiempo-dependientes.
Estado epiléptico o convulsiones persistentes con compromiso de la conciencia.
Traumatismos graves, politraumatismos y traumatismos craneoencefálicos severos, entre otras lesiones con riesgo vital.
Hemorragias masivas o activas con compromiso hemodinámico.
Quemaduras extensas, profundas, eléctricas o químicas, o aquellas asociadas a compromiso de la vía aérea.
Sepsis, shock séptico y otras infecciones graves con compromiso sistémico.
Intoxicaciones agudas, envenenamientos o sobredosis con compromiso de funciones vitales.
Abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma y otras patologías quirúrgicas con riesgo inmediato para la vida.
Emergencias obstétricas, como parto inminente, hemorragia obstétrica, embarazo ectópico complicado, eclampsia, preeclampsia grave o desprendimiento prematuro de placenta.
Emergencias pediátricas o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
Cualquier otra condición que, según el criterio fundado del profesional médico responsable y los protocolos asistenciales vigentes, implique un riesgo inminente para la vida o la conservación de una función orgánica vital.
La resolución también establece dos mecanismos administrativos para el recupero financiero de las prestaciones.
Uno estará destinado a gestionar el cobro frente a un seguro de salud, mientras que el otro se aplicará al cobro directo a particulares extranjeros que no cuenten con cobertura.
El objetivo, según los fundamentos de la medida, es establecer un procedimiento uniforme para los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.
La Resolución 1066/2026 comenzará a regir desde el 12 de agosto de 2026.
Fuente: El Esquiú
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