El Gobierno salió al cruce de Kicillof tras el freno al Régimen Penal Juvenil: "Del lado del delincuente"

Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Petri y Sebastián Pareja cuestionaron la decisión de la Justicia bonaerense, mientras Javier Milei respaldó las críticas. El oficialismo reclamó la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

El Gobierno nacional y distintos referentes de La Libertad Avanza reaccionaron con dureza luego de que la Justicia bonaerense suspendiera por 60 días la aplicación del nuevoRégimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

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La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La medida se conoció apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la normativa a nivel nacional.

El fallo generó una respuesta coordinada de dirigentes del oficialismo, que centraron sus críticas en el gobernador bonaerense Axel Kicillof y en la Justicia provincial. Desde el Ejecutivo nacional y el espacio libertario cuestionaron que la norma, aprobada por el Congreso y recientemente reglamentada, haya quedado temporalmente frenada en uno de los principales distritos del país.

Una de las primeras dirigentes en reaccionar fue Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad, quien había sido una de las principales impulsoras de la nueva legislación.

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A través de una publicación en X, Bullrich afirmó: "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad".

La legisladora también cuestionó a la Justicia bonaerense y calificó de "garantista" al sistema provincial. En ese sentido, aseguró que se trata de una Justicia que "deja libres" a personas que delinquen y concluyó: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

A las críticas se sumó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien puso el foco nuevamente sobre el gobernador bonaerense.

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"Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil", escribió el funcionario. Y agregó: "En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima".

El mensaje de Santilli contó además con el respaldo del presidente Javier Milei, según consignó la cobertura sobre las primeras reacciones del Gobierno.

Otro de los dirigentes que salió al cruce fue el diputado nacional Luis Petri, quien cuestionó directamente la decisión judicial.

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"El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo", afirmó en redes sociales.

Petri sostuvo que la ley fue aprobada para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores y cuestionó lo que definió como "improvisación y abandono de Kicillof y la Justicia provincial".

También se expresó Sebastián Pareja, quien calificó la resolución judicial como "profundamente antidemocrática".

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El dirigente sostuvo que la nueva legislación representa una respuesta para "elevar el costo de delinquir" y acusó al gobierno bonaerense de insistir con un sistema que, según su interpretación, garantiza impunidad.

Pareja remarcó además que la normativa no fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo nacional, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó las distintas etapas correspondientes en el Congreso.

La reacción oficial no se limitó a las declaraciones de dirigentes políticos. El Ministerio de Capital Humano compartió una publicación sobre los alcances del nuevo régimen que luego fue retuiteada por el presidente Milei.

En ese mensaje se destacó que la Ley 27.801 permite que desde los 14 años los adolescentes respondan penalmente por los delitos que cometan y se mencionaron conductas como amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas.

La ofensiva política del oficialismo coincidió con la reglamentación de la Ley 27.801 por parte del Gobierno nacional.

A través del Decreto 875/2026, firmado por Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Diego Santilli, la Nación estableció mecanismos para implementar el nuevo régimen y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán la coordinación del sistema, el dictado de normas complementarias y la celebración de convenios con las provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe la prisión perpetua para menores y determina que el encierro debe cumplirse en centros especializados y separados de los adultos. También contempla sanciones alternativas, como reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y monitoreo mediante tobilleras electrónicas.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires continúa vigente la suspensión preventiva dictada por la Justicia. El fallo cuestionó fundamentalmente la falta de infraestructura y recursos materiales para afrontar el eventual aumento de adolescentes alcanzados por el nuevo régimen, y puso bajo análisis las condiciones edilicias, institucionales y profesionales del sistema bonaerense.

De esta manera, la decisión judicial abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Kicillof, con el Régimen Penal Juvenil como nuevo eje de la disputa política y judicial.

Fuente: Diario Panorama

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