El Gobierno salió al cruce de la cautelar por Los Nihuiles y cuestionó la estrategia judicial de La Pampa

Jimena Latorre remarcó que la Provincia no es parte del expediente y cuestionó la vía judicial elegida por el gobierno pampeano.

El Gobierno provincial sostuvo que se trata de una medida interina y apuntó contra la estrategia judicial impulsada por La Pampa.

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El gobierno de Alfrdo Cornejo salió a fijar postura frente a la resolución de la Justicia Federal de Santa Rosa que suspendió provisoriamente los efectos del decreto nacional que le otorgó a la Provincia el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, relativizó el alcance de la medida, sostuvo que Mendoza no está obligada por la decisión judicial y cuestionó la vía elegida por La Pampa para llevar adelante el reclamo.

La funcionaria remarcó que lo resuelto por el juez federal Juan José Baric es una cautelar interina y no una decisión sobre el fondo de la disputa ni tampoco la resolución definitiva de la cautelar autónoma presentada por el Gobierno pampeano.

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"La provincia de Mendoza no es parte, por lo tanto no le es oponible, no nos afecta, no nos obliga esta sentencia", sostuvo Latorre.

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre.

La medida judicial suspendió de manera provisoria los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen de distribución de las regalías de Los Nihuiles y estableció que Mendoza debía percibirlas en su totalidad.

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Hasta esa modificación, las regalías hidroeléctricas, equivalentes al 12% de la generación, eran distribuidas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. La decisión nacional había eliminado ese reparto y reconocido el 100% a Mendoza.

Uno de los principales argumentos planteados por Latorre es el carácter interino de la medida adoptada por el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Según explicó, la resolución fue dictada inaudita parte, es decir, sin escuchar previamente al Estado nacional, que es la contraparte demandada por La Pampa.

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"Ni siquiera es la resolución de la cautelar autónoma que interpusieron. Es una cautelar interina porque se resolvió inaudita parte, es decir, no se le dio vista a la contraparte, que es la demandada, el Estado nacional", señaló.

El juez ordenó al Poder Ejecutivo Nacional presentar dentro de un plazo de tres días el informe correspondiente. Mientras se sustancia ese trámite, quedaron suspendidos provisoriamente los artículos cuestionados del decreto.

Latorre calificó la medida como un "remedio excepcionalísimo" y remarcó que fue concedida antes de que Nación pudiera exponer sus argumentos.

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También cuestionó que, según sostuvo, al momento de la presentación no se había acreditado la personería de la abogada que actuó en representación del Gobierno pampeano.

La ministra insistió en que la Provincia no integra ese expediente y que la respuesta inmediata a la resolución corresponde al Estado nacional.

Más allá del alcance de la cautelar, Mendoza puso el foco en la estrategia judicial seguida por la administración de Sergio Ziliotto.

Latorre sostuvo que, una vez agotada la instancia administrativa con el decreto presidencial que derogó el régimen vigente desde 1973, La Pampa tenía otras vías para cuestionar la decisión nacional y solicitar la suspensión de sus efectos.

Según la ministra, el Gobierno pampeano optó en cambio por presentar una cautelar autónoma ante la Justicia Federal con asiento en Santa Rosa.

"Eligió una cautelar autónoma para que fuera un juzgado de La Pampa, federal, pero de la provincia de La Pampa, y una fiscalía de La Pampa la que interviniera", cuestionó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ)

El Gobierno mendocino considera además que la controversia debería terminar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Latorre argumentó que los conflictos que involucran a provincias o a una provincia frente al Estado nacional corresponden a la competencia originaria del máximo tribunal.

Como antecedente mencionó la acción presentada por Mendoza en 2022, cuando la Provincia recurrió a la Corte para solicitar la nulidad del decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías de Los Nihuiles y reclamar las sumas que considera que fueron liquidadas incorrectamente durante las últimas décadas.

"Lo que hizo la provincia de La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo una discusión que dura muchísimos años", afirmó Latorre.

La ministra también trasladó la discusión al terreno político y acusó al Gobierno pampeano de utilizar la controversia por Los Nihuiles para sostener una disputa con Mendoza.

Según Latorre, las administraciones pampeanas mantuvieron una "conducta de obstaculización" frente a distintos proyectos impulsados desde Mendoza y descartó que la presentación judicial tenga como único objetivo la defensa de los recursos provinciales.

La funcionaria afirmó que existieron propuestas mendocinas para avanzar en planes de obras conjuntos vinculados al aprovechamiento hídrico, pero sostuvo que no prosperaron.

"Es muy claro que esa no es la intención del Gobierno de La Pampa y que lo único que busca es seguir dilatando y fortaleciendo una postura política", expresó.

Además, estimó que el impacto económico para La Pampa del cambio dispuesto por el Gobierno nacional ronda los US$1,2 millones anuales, monto que, según la funcionaria, esa provincia dejaría de percibir si finalmente queda vigente el esquema que reconoce a Mendoza la totalidad de las regalías.

La cautelar interina mantiene suspendidos provisoriamente los artículos cuestionados del Decreto 982/2026 mientras el Estado nacional responde el informe solicitado por el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Fuente: Los Andes

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