El Gobierno terminó el paquete de Malvinas y enviará hoy su proyecto al Congreso

El proyecto reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad para reforzar el reclamo argentino.

El Gobierno terminó de redactar el paquete de medidas sobre Malvinas y tiene previsto enviarlo hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad.

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La Casa Rosada completó durante las últimas horas el cierre técnico del proyecto, luego de varios días de trabajo sobre un articulado extenso. Antes de su remisión al Congreso, la iniciativa será cargada en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo.

El texto estaría estructurado en alrededor de seis títulos y el Gobierno busca concretar su ingreso a Diputados durante este miércoles. La definición se produjo luego de diferencias internas respecto de los tiempos de presentación, mientras que desde el equipo encargado de la redacción sostuvieron que la prioridad fue finalizar el contenido antes de acelerar el trámite político.

La iniciativa había sido anunciada por Javier Milei el 3 de septiembre. Entre los principales ejes anticipados por el Ejecutivo aparecen la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen para la protección de infraestructura crítica y nuevos marcos para la protección aeroespacial y marítima.

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Uno de los capítulos centrales estará enfocado en endurecer las herramientas contra empresas y actores vinculados con actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina. El Gobierno trabajó inicialmente sobre el sector de hidrocarburos y durante la elaboración del proyecto analizó extender el alcance hacia actividades como pesca, minería y otras explotaciones productivas.

El Ejecutivo ya comenzó a aplicar medidas sobre el sector petrolero a través del Decreto 868/2026, vinculado con los procedimientos establecidos por la Ley 26.659. La nueva iniciativa busca ampliar el marco legal de la estrategia oficial frente a la explotación de recursos en la zona, en particular a partir del avance del proyecto Sea Lion.

Otro de los capítulos estará relacionado con la protección de infraestructura crítica y proveedores estratégicos. El Gobierno pretende establecer criterios de seguridad para redes, centros de datos, telecomunicaciones y otros activos considerados sensibles dentro de una concepción de Seguridad Nacional que excede el ámbito estrictamente militar.

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El paquete también contempla modificaciones en materia de protección aeroespacial. La intención oficial es hacer más operativo el procedimiento frente a aeronaves declaradas hostiles y reducir zonas grises en las distintas etapas de intervención, incluido el eventual empleo de la fuerza como último recurso. El proyecto, según se explicó, no establece un derribo automático de vuelos irregulares.

Durante la elaboración, además, el Gobierno decidió acotar el alcance de algunos de los primeros borradores. El proyecto no incorporará una reforma general de la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Los cambios vinculados al sistema de Inteligencia, en tanto, continuarán por una vía legislativa diferente.

La estrategia se completa con un esquema de vigilancia del Atlántico Sur, que contempla la integración de radares, telecomunicaciones, sistemas satelitales e inteligencia de señales. En ese diseño, la Base Naval Integrada de Ushuaia aparece como uno de los puntos centrales para concentrar información y reforzar el seguimiento marítimo y aeroespacial.

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Una vez que el proyecto ingrese formalmente a Diputados comenzará la etapa de negociación política. Milei pidió a sus funcionarios cuidar el vínculo con los bloques aliados y evitar que conozcan los detalles de la iniciativa a último momento.

La Casa Rosada prevé iniciar conversaciones con el PRO, la UCR y distintos espacios federales para explicar el contenido del proyecto y recibir propuestas antes de avanzar hacia el recinto. Por ahora, el oficialismo no plantea un tratamiento exprés: primero deberá ordenar los acuerdos parlamentarios y definir el cronograma de comisiones.

Con el envío previsto para este miércoles, el Gobierno cerrará la etapa técnica del paquete de Malvinas y abrirá formalmente la discusión legislativa de una iniciativa que busca reforzar el reclamo argentino mediante herramientas que abarcan desde la actividad económica y la infraestructura estratégica hasta la seguridad aeroespacial y la vigilancia del Atlántico Sur.

Fuente: Diario Panorama

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