El Gobierno y la oposición impulsan penas más duras por delitos viales: qué propone cada proyecto

La propuesta de Mercedes Rus eleva las penas hasta 10 años. Por su parte, Anabel Fernández Sagasti pidió avanzar con su iniciativa que tiene ya media sanción.

Los proyectos coinciden en endurecer los castigos por conductas graves al volante, pero plantean distintas penas y modificaciones al Código Penal.

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El Gobierno de Mendoza avanzará con una propuesta para modificar el Código Penal y endurecer las penas por delitos viales, una discusión que volvió a tomar fuerza tras el desenlace judicial del caso de Alan Villouta. La iniciativa fue elaborada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y fue presentada formalmente en el Congreso por los diputados nacionales radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

El proyecto propone elevar las penas para los homicidios y lesiones viales, ampliar los períodos de inhabilitación para conducir, incorporar como delito la conducción con elevados niveles de alcohol en sangre y modificar las reglas de prescripción.

La propuesta encontró este miércoles un respaldo desde la oposición. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti celebró públicamente la iniciativa de Rus, aunque recordó que un proyecto que impulsó para agravar las penas por delitos viales ya obtuvo media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados.

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"Celebro la iniciativa de la ministra Mercedes Rus, y aprovecho para comentarle que el proyecto que presenté para agravar las penas por delitos viales ya obtuvo media sanción del Senado y se encuentra en Diputados, listo para ser tratado", escribió Fernández Sagasti en X.

La legisladora hizo referencia al expediente 0038-S-2025 y agregó: "Trabajemos en ese sentido. Hay miles de familias que esperan justicia y necesitan una respuesta".

De esta manera, Sagasti acompañó el objetivo planteado por el Ejecutivo provincial, aunque puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar en el Congreso a partir de una iniciativa que ya completó su paso por el Senado.

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El texto elaborado por Rus recupera parte de una propuesta que Mendoza presentó en abril de 2024 ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando se conformó una comisión para estudiar modificaciones al Código Penal. Ese planteo no llegó entonces al Congreso.

Ahora, la iniciativa fue presentada formalmente en la Cámara de Diputados por Verasay y Nieri y apunta a resolver tres cuestiones: endurecer las penas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito específico por conducción con elevados niveles de alcoholemia y evitar que el tiempo que insumen las instancias recursivas termine provocando la prescripción de una causa.

Uno de los fundamentos centrales es establecer una respuesta penal diferente para aquellos hechos provocados por una inadvertencia circunstancial y los casos en los que existen conductas consideradas especialmente graves, como manejar alcoholizado, exceder ampliamente la velocidad máxima, atravesar un semáforo en rojo, circular en sentido contrario o conducir estando inhabilitado.

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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto con la familia Villouta.

Para ello, el Gobierno propone modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, correspondientes al homicidio y las lesiones producidas mediante la conducción de un vehículo.

"Actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas", explicó Verasay.

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En el caso del homicidio vial básico, la escala propuesta es de 3 a 5 años de prisión, junto con una inhabilitación especial para conducir de entre 4 y 8 años. Según los fundamentos del proyecto, esa escala impediría que la condena pueda ser de ejecución condicional. Cuando existan agravantes, la pena aumentaría a 4 a 10 años de prisión y la inhabilitación sería de 8 a 12 años.

Entre esos agravantes aparecen que el conductor se dé a la fuga o no intente socorrer a la víctima, se encuentre bajo los efectos de estupefacientes o presente una alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre. Para los conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas, el límite previsto es de 500 miligramos por litro.

También se incluyen conducir a más de 30 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida, hacerlo estando inhabilitado, violar un semáforo o circular en sentido contrario, además de la conducción temeraria y los hechos con más de una víctima fatal.

Para las lesiones graves o gravísimas producidas bajo esas circunstancias, la propuesta establece una pena de 2 a 6 años de prisión y una inhabilitación especial de entre 3 y 8 años.

Otro de los puntos relevantes del proyecto de Rus es la incorporación del artículo 193 ter, que convierte en delito autónomo la conducción con niveles elevados de alcohol en sangre. Esto significa que para la aplicación de la pena no sería necesario que previamente se haya producido un siniestro con víctimas.

"Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta", explicó Verasay.

El texto establece una pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación de dos a cinco años para quien conduzca con más de un gramo de alcohol por litro de sangre. Para los conductores profesionales, el delito se configuraría a partir de los 500 miligramos por litro.

La escala aumenta cuando se registren niveles todavía mayores: quien conduzca con una alcoholemia igual o superior a dos gramos por litro podría recibir una pena de uno a tres años de prisión y una inhabilitación de entre tres y seis años. En los conductores profesionales, esta escala se aplicaría desde un gramo por litro.

La propuesta del Gobierno también incorpora una modificación directamente relacionada con lo ocurrido en el expediente por la muerte de Alan Villouta.

El proyecto plantea modificar el artículo 67 del Código Penal para incorporar como acto interruptivo de la prescripción "el dictado de la resolución que confirma la sentencia condenatoria". Actualmente, según explica el texto, la legislación contempla como interruptiva la sentencia condenatoria aunque no esté firme, pero no menciona expresamente la resolución posterior que confirma esa condena.

"No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada", señaló Verasay.

Los fundamentos mencionan expresamente el caso Villouta. El joven tenía 21 años cuando fue atropellado en agosto de 2017 en el Acceso Sur. El conductor fue condenado el 14 de abril de 2020 a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación.

A nueve años de la muerte de Alan Villouta, sus padres se reunieron este martes con la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

La revisión de esa sentencia permaneció durante casi seis años en instancias recursivas. En 2026 la condena fue confirmada, pero posteriormente el Tribunal Penal Colegiado N°2 declaró extinguida la acción penal por prescripción y dejó sin efecto la condena al considerar como último acto interruptivo la sentencia dictada en abril de 2020. La decisión fue cuestionada y se anunciaron recursos de la familia y del Ministerio Público Fiscal.

A partir de ese antecedente, el Gobierno pretende que una resolución que confirme una condena vuelva a interrumpir el plazo de prescripción, evitando que el tiempo utilizado durante la revisión judicial termine consumiendo el plazo mientras existe una sentencia condenatoria sometida al análisis de tribunales superiores.

Verasay y Nieri sostuvieron que la iniciativa mantiene un "directo correlato" con el modelo de seguridad y Justicia que impulsa Mendoza y señalaron que buscan trasladar al ámbito nacional reformas orientadas a acelerar los procesos y evitar situaciones de impunidad.

En medio de la decisión del Gobierno provincial de llevar la discusión al Congreso, Fernández Sagasti recordó que allí ya existe una iniciativa vinculada con los delitos viales que cuenta con media sanción del Senado.

El texto fue aprobado por la Cámara Alta el 18 de septiembre de 2025 y enviado a Diputados. También propone modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal y agravar las penas frente a distintas conductas de riesgo al volante.

Para el homicidio vial establece una pena básica de 2 a 5 años de prisión. En los casos agravados, contempla una escala de 4 a 8 años, que puede elevarse a 5 a 12 años cuando concurran tres o más agravantes.

Entre esas circunstancias aparecen el consumo de estupefacientes, medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir, alcoholemia positiva, exceso de velocidad, conducción sin habilitación o estando inhabilitado, violación de semáforos y señales de circulación, utilización de dispositivos móviles, más de una víctima fatal, fuga, falta de auxilio y culpa grave temeraria.

Además, el texto con media sanción establece que no podrá otorgarse la suspensión del proceso a prueba en los homicidios y lesiones culposas agravadas derivados de siniestros viales.

La iniciativa también incorpora al artículo 14 del Código Penal los delitos contemplados en el tercer párrafo del artículo 84 bis, referido a los supuestos con concurrencia de tres o más agravantes, entre los casos alcanzados por las restricciones allí establecidas.

El Gobierno mendocino suma, entre otros puntos, la modificación del régimen de prescripción a partir de lo ocurrido con Villouta y la creación de un delito autónomo por alcoholemia elevada. Sagasti, por su parte, planteó que la discusión puede avanzar sobre el proyecto que ya cuenta con aprobación del Senado y espera tratamiento en Diputados.

Fuente: Los Andes

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