El horror en un convento de monjas, bajo la mirada de un ayudante fiscal sanjuanino

El resonante caso del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, que derivó en una histórica condena penal por privación ilegítima de la libertad y apremios contra dos exreligiosas, cobró un nuevo impulso mediático tras el estreno de la serie Cautiva, inspirada en el calvario vivido por una de las víctimas, Silvia Albarenque, identificada como Clara en la ficción.  

En ese marco, un ayudante fiscal sanjuanino aprovechó sus redes sociales para abordar el horror, estableciendo no sólo un análisis jurídico, sino también una cronología del expediente judicial hasta la sentencia. Curioso, aunque interesante, el posteo en la cuenta de Instagram de Juan Manuel García Castrillón llamó la atención de propios y extraños. 

En su rol de conocedor del derecho penal, el integrante de la UFI de Delitos contra la Propiedad realizó una síntesis, punto por punto, sobre los hechos del derrotero judicial del caso, que merece la pena diferenciar y que ayudan a comprender cómo una joven, captada por su vocación de servicio y su fe, termina envuelta en una pesadilla. Afortunadamente, en 2016, una denuncia destapó las torturas y abusos y un allanamiento dio vida a una causa que hasta hoy resuena.

Se repasa el ingreso de Silvia Albarenque en 1999 a los 18 años, su paso por el noviciado y la profesión de sus votos solemnes en 2004. El texto hace especial hincapié en que el propio derecho canónico y las constituciones del Carmelo preveían el derecho a renunciar o solicitar la exclaustración, una vía que le fue cercenada sistemáticamente por la priora Luisa Ester Toledo.  

Detalla las reiteradas negativas de la autoridad del convento a tramitar su salida desde 2007, su retiro en 2013 por severos problemas de salud y la posterior investigación periodística realizada por Daniel Enz y la revista ANÁLISIS en agosto de 2016, punto de partida de la causa penal.  

Recoge el operativo judicial de agosto de 2016 en el que la Justicia secuestró cilicios, flagelos, mordazas y documentación interna del monasterio, culminando el 28 de junio de 2019 con la condena a 3 años de prisión efectiva para la exmadre superiora por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada. 

El escrito cierra recordando que, tras la revisión de la Cámara de Casación Penal en 2020 y el rechazo del recurso de queja por parte del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en junio de 2021, la pena impuesta a Toledo quedó firme de forma definitiva.