El inicio de la baja de imputabilidad en San Juan: sin casos registrados todavía y con la advertencia de falencias de infraestructura y procedimiento

El nuevo régimen penal juvenil que establece la imputabilidad desde los 14 años ya rige en todo el país. En la provincia, el juez penal de Niñez, Adolescencia y Minoridad de turno, Jorge Toro confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que no hubo intervenciones con menores de 16 años en el comienzo de la aplicación. Sin embargo, persisten reclamos por la falta de un código procesal adecuado y la carencia de figuras clave como los supervisores.

El pasado sábado 5 de septiembre comenzó a regir en la Argentina el nuevo régimen penal juvenil, establecido por la ley nacional 27.801. Esta normativa introduce un cambio sustancial en la justicia del país al establecer que los adolescentes de 14 y 15 años ya pueden ser investigados, juzgados y condenados penalmente, cuando anteriormente el límite mínimo de edad estaba fijado en los 16 años. Bajo este nuevo esquema, las penas de prisión quedan reservadas únicamente para delitos graves, con un límite máximo de 15 años de reclusión, mientras que para las infracciones leves se prevén medidas alternativas como la realización de trabajos comunitarios o el apoyo de carácter educativo. Aunque en la provincia de San Juan se cuenta con dos magistrados especializados, Jorge Toro y María Julia Camus, la puesta en marcha de esta ley abre un escenario de potencial aumento en la demanda de intervención judicial.

A pesar del impacto de la reforma legislativa, los primeros días de vigencia transcurrieron sin incidentes que requirieran la aplicación práctica del nuevo régimen en el territorio sanjuanino. El juez Toro, detalló la situación del arranque del esquema y explicó que no se presentaron situaciones con chicos menores de 16 años. "Yo estoy a cargo del turno penal juvenil, la primera quincena. Es decir, cuando he entrado en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, que ha sido el día sábado 5, a las 0 horas yo he estado en turno", informó.

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En relación con el movimiento registrado en su turno durante los primeros días, Toro precisó que "en el marco de mi turno no me ha tocado intervenir respecto a ningún chico menor de 16 años. De hecho, el fin de semana no he tenido hechos de ninguna naturaleza, más que alguna denuncia, pero no en situaciones de flagrancia ni mucho menos hechos graves. Y recién, hoy en la madrugada he tenido intervención y dispuesto el traslado de un chico al centro de admisión y derivación, de un chico que es mayor de 15 años, tiene 17 años".

A través de sus respuestas, el magistrado abordó los temas centrales del cuestionario sobre el estado actual de la provincia frente a la nueva normativa y las carencias que enfrenta el sistema local. Respecto a si existe un vacío legal o una desactualización procesal, Toro dijo que "Nosotros tenemos un régimen procesal especializado, tenemos jueces penales juveniles, yo no soy juez de menor, soy juez penal juvenil, pero ha quedado desactualizado porque no es acusatorio como los adultos, sino es el viejo sistema mixto especializado. Eso significa que necesitamos transitar un proceso de especialización para tener un sistema moderno, con todas las garantías procesales que tienen los adultos más un plus, porque son personas en desarrollo, y generar una serie de cambios que no habilite a aplicar lo que se llama medida complementaria".

La implementación de estas medidas de acompañamiento y asistencia socioeducativa constituye una de las principales asignaturas pendientes en San Juan. Sobre este punto, el magistrado sostuvo que "la medida complementaria, que es la medida socioeducativa, que es la que prevé la implementación de programas, de acompañamiento, la necesidad de la figura de un supervisor, no la podemos implementar todavía porque no está nada, ni las condiciones procesales ni las condiciones materiales y técnicas para ampliarlo. Pero sí, vamos, estamos interviniendo, tenemos facultad de exposición. Si hay que disponer la privación de libertad de un chico, se dispondrá, ya sea a esta etapa solo provisoriamente, obviamente. Y la verdad que no podría ir mucho más allá sobre, por ejemplo, si están dadas las condiciones en el Nazario Benavídez y demás, que me lo suelen preguntar, porque la realidad es que no tengo chicos alojados allí todavía".

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De igual modo, el juez restó probabilidad a que se presenten de inmediato recursos de amparo o medidas cautelares colectivas en San Juan, marcando una diferencia con lo que ocurre en otras jurisdicciones. Toro analizó que "en definitiva, en la práctica, desde la entrada en vigencia de la ley, no han habido grandes cambios porque no hemos tenido hechos con la participación de menores de 16 años y mucho menos hechos graves. Respecto si ha habido algún planteo de inconstitucionalidad, no me imagino, esto es una apreciación mía, que en la provincia de San Juan puede haber algún planteo así, de algún tipo de medida cautelar, de amparo. En primer lugar, porque la realidad de San Juan no tiene nada que ver con el Conurbano, que es mucho más complejo, que la participación de los chicos en delitos suelen ser mucho más violentos, y tampoco porque hay una haya una organización de base trabajando con los chicos. Así que no me imagino ninguna organización haciendo un planteo, porque no hay ni esta realidad ni este tipo de organizaciones. Y creo que la provincia de San Juan tiene los recursos necesarios para empezar, por supuesto, como los tenemos nosotros, los mínimos y necesarios, pero que seguramente va a iniciar un proceso de fortalecimiento".

Finalmente, remarcó que "necesitamos avanzar urgentemente en la designación de la figura del supervisor, que todavía no lo ha resuelto la provincia. Debo decir que la mayoría de las provincias todavía no lo han resuelto, así que en eso no estamos muy distintos del resto del país".

En contraste con las estimaciones de Toro sobre la falta de presentaciones judiciales, las defensoras oficiales penales de Niñez y Adolescencia de San Juan, María López y Betina Cuni, confirmaron en declaraciones al programa La Picada que tienen elaborados planteos para impugnar la aplicación de la ley penal juvenil. Las funcionarias sostienen que la legislación federal resulta de imposible cumplimiento en el actual escenario de la provincia debido a la inexistencia de un código de procedimiento de corte acusatorio y a la falta de profesionales y de infraestructura adecuados.

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La defensora María López detalló los argumentos técnicos de las presentaciones planificadas y la preparación que han llevado adelante en el transcurso del año junto a colegas de todo el país. Respecto al trabajo previo y las acciones legales inmediatas ante la aparición de un caso, López señaló que "Nosotras sí venimos trabajando desde que se sancionó esta ley, ya veníamos trabajando por las dudas que si pasaba, que no teníamos una ley de procedimiento en San Juan que se adaptara. Ya tenemos los planteos de inconstitucionalidad, los tenemos listos para presentar, salvo que algo cambie, pero como está la ley nacional, para nosotros es inconstitucional e inconvencional, por lo tanto de imposible cumplimiento, sobre todo en algunos artículos que los hemos estudiado, están analizados y no es una cuestión solo nuestra. Esto a nivel nacional, nosotros todo el año nos hemos estado reuniendo con los defensores a nivel nacional".

La abogada fundamentó la imposibilidad de aplicar la ley nacional de manera directa en San Juan debido al desfase técnico del código ritual de la provincia. Sobre esta contradicción, López expuso: "Nosotros actualmente tenemos un código de procedimiento que es inquisitivo mixto, por lo tanto, es imposible aplicar una ley nacional que está dirigida hacia un código que sea de procedimiento eh de acusatorio, de corte acusatorio. Por lo tanto, ya es por más voluntad que uno tenga el código de procedimiento que tenemos no se puede adaptar a esta ley nacional". En sintonía con esta postura, la defensora Betina Cuni remarcó la discrepancia profunda entre los roles de investigación de ambos modelos, afirmando textualmente: "En procedimentalmente es imposible. Nosotros tenemos en la actualidad un sistema mixto en donde el que investiga el dueño del proceso es el señor juez. Y el acusatorio es la titular de la acción, el Ministerio Público Fiscal, o sea, eh no resulta compatible así como está eh con nuestro proceso".

Las representantes del Ministerio de la Defensa manifestaron además su preocupación por la carencia de profesionales especializados en psicología evolutiva dentro de la estructura tribunalicia para garantizar la comprensión del proceso por parte de chicos de 14 años. Las defensoras advierten que, a diferencia del régimen previo que excluía las faltas menores, la nueva ley expone a los adolescentes a causas penales por conductas cotidianas o infracciones leves, tales como peleas escolares, daños materiales simples o la tenencia accidental de archivos digitales. Asimismo, denunciaron que los establecimientos de alojamiento locales no han recibido reformas organizativas y que no existen dispositivos de tratamiento involuntario para adicciones, las cuales afectan a más del noventa por ciento de los jóvenes que entran en conflicto con la ley penal.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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