El insólito problema que envuelve a Julián Álvarez en España

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió incoar un procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por los presuntos contactos mantenidos con Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid que tiene contrato en vigor hasta junio de 2030.

Según comunicó el organismo a ambas entidades, se ha designado un instructor para la tramitación del expediente y se ha trasladado la decisión al club catalán, que podrá presentar alegaciones y ejercer su derecho de audiencia durante el proceso.

Fuentes del Barcelona confirmaron que ya recibieron la notificación y que están a la espera de conocer el plazo fijado por la RFEF para presentar su defensa.

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El origen del caso se remonta al 30 de junio, cuando el Atlético de Madrid denunció al Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los supuestos contactos con el internacional argentino.

El consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, sostuvo entonces que la entidad azulgrana habría negociado con un jugador que se encuentra dentro del denominado "periodo protegido", una situación contemplada en la normativa internacional para futbolistas con contrato vigente.

Julián Alvarez tiene 26 años y firmó con el Atlético hace dos temporadas procedente del Manchester City. Su contrato incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

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De acuerdo con la reglamentación, el periodo protegido para jugadores de entre 23 y 28 años comprende tres temporadas completas o tres años desde la firma del contrato. En el caso del delantero argentino, ese plazo todavía no se habría cumplido.

El pasado 29 de mayo, el Atlético denunció públicamente lo que definió como una "campaña de acoso y derribo" sobre uno de sus futbolistas, en referencia a la situación de Alvarez, a través de supuestas filtraciones, declaraciones y contactos que consideró inadecuados.

Por esas fechas ya era conocido el interés del Barcelona en el atacante. A finales de mayo, el club catalán presentó una propuesta de 100 millones de euros, pagadera en distintos plazos, para intentar incorporar al jugador.

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La respuesta del Atlético fue tajante: el futbolista no estaba en venta y cualquier negociación debía remitirse a la cláusula de rescisión establecida en su contrato.

El conflicto ganó intensidad después de que Alvarez manifestara el 22 de junio, tras un partido con la selección argentina en el Mundial 2026, que consideraba que "lo mejor para todos es una transferencia" y que deseaba cumplir un "sueño", aunque sin mencionar expresamente al Barcelona u otro club.

La apertura del expediente no implica una sanción automática. El procedimiento deberá determinar si existieron actuaciones que vulneren las normas deportivas relativas a la contratación de jugadores con vínculo contractual vigente.

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El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA prevé sanciones para los clubes que induzcan a un futbolista a romper su contrato durante el periodo protegido.

La normativa establece que, si se demuestra esa conducta tras analizar los hechos y circunstancias de cada caso, el club implicado podría ser sancionado con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante dos periodos consecutivos de fichajes, tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras avanza la investigación, Barcelona y Atlético mantienen posturas opuestas sobre el futuro de Julián Alvarez, una de las grandes figuras del fútbol europeo y uno de los nombres más cotizados del mercado de pases.

Fuente: La Voz

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