El IPRODHA suma ayuda económica para sostener la vivienda después de una separación

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) incorporó una herramienta de asistencia económica destinada a familias adjudicatarias que atraviesan una separación, con el objetivo de evitar que la modificación de los ingresos del hogar termine poniendo en riesgo la continuidad en la vivienda. La medida fue establecida mediante la Resolución Reglamentaria Nº 00242/26, publicada este martes en el Boletín Oficial de Misiones, y contempla una bonificación de hasta el 40% durante 24 meses para determinados casos.

Sin embargo, desde el organismo aclararon que el procedimiento para modificar la titularidad de una vivienda cuando una pareja se separa no es nuevo. "La regularización siempre existió. Lo nuevo es el subsidio y la ayuda que se da en esta resolución", explicó la licenciada Carmen Glosnicki, gerente Social del IPRODHA, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

La funcionaria indicó que el Instituto ya contaba con un mecanismo de cambio de titularidad para matrimonios o parejas adjudicatarias que atravesaban una separación o divorcio. Lo que incorpora ahora la resolución es una herramienta económica que permita acompañar a la persona que permanece en la vivienda cuando la ruptura altera los ingresos del grupo familiar.

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"Desde el IPRODHA entendemos que la separación genera un cambio en el grupo familiar y estamos para acompañar en ese proceso", resumió.

Glosnicki explicó que una de las situaciones observadas por el organismo es que, mientras la pareja permanece unida, los gastos pueden distribuirse entre dos adultos. Tras la separación, en cambio, quien continúa ocupando la vivienda debe asumir el 100% de la cuota y continuar con el plan de pagos hasta su cancelación.

"Generalmente, si hay dos adultos en esa vivienda pueden tener economías compartidas. A veces la separación trae aparejada una alteración en las cuestiones económicas", señaló. Es justamente frente a esa modificación que la nueva reglamentación incorpora una posibilidad adicional.

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Una vez realizado el cambio de titularidad y luego de una evaluación social y económica, el IPRODHA podrá determinar si la persona que continúa en el inmueble necesita asistencia para afrontar la cuota.

La Resolución 00242/26 establece que, cuando se corroboren las condiciones exigidas, podrá aplicarse una bonificación de hasta el 40% sobre la suma de la cuota neta, los intereses de financiación y el Fondo Solidario de Desarrollo Habitacional durante 24 meses consecutivos. El porcentaje, por lo tanto, no será necesariamente del 40% en todos los casos, sino que dependerá de la evaluación socioeconómica realizada por el Instituto.

La gerente Social remarcó que los procesos de separación y divorcio no eran una situación desconocida para el organismo. "Nosotros tenemos un proceso de cambio de titularidad. Es algo que se viene haciendo habitualmente cuando una familia adjudicataria de una vivienda atraviesa una instancia de disolución, separación o divorcio", explicó.

La modificación incorporada ahora apunta especialmente a sostener en la vivienda a la persona que permanezca allí y tenga a su cargo a niños, niñas o adolescentes del grupo familiar.

El criterio no distingue entre hombres y mujeres. "Puede ser el varón o puede ser la mujer. Nuestra mirada está puesta en sostener a aquella persona que va a quedar en la vivienda, pero que además tiene a los menores a cargo o ejerce el cuidado personal de los menores", indicó Glosnicki.

La resolución establece además que el procedimiento se aplica a todas las configuraciones familiares, sin distinción de género u orientación sexual, siempre que existan menores a cargo.

Glosnicki aclaró también que la persona que permanece en la vivienda no se convierte automáticamente en titular después de una separación. El trámite comienza con una solicitud de cambio de titularidad y la presentación de la documentación correspondiente. Luego interviene el área Legal del IPRODHA y posteriormente el equipo Social, que realiza visitas y verifica que la vivienda efectivamente haya quedado ocupada por la parte del grupo familiar que solicita la titularidad.

Finalmente, el organismo emite una resolución de readjudicación o cambio de titularidad, mediante la cual la vivienda queda a nombre de uno de los anteriores titulares. "En esa resolución, de ser necesario y según lo que surja de la evaluación social, se va a establecer la aplicación del subsidio de corresponder", explicó.

Entre la documentación requerida aparece la acreditación judicial de la tenencia o cuidado personal de los hijos menores, que puede surgir de una sentencia de divorcio u otra resolución judicial. La normativa también exige demostrar ingresos y garantías para poder continuar con el pago de la vivienda.

La entrevista permitió además aclarar qué puede ocurrir si, una vez otorgado el beneficio, la situación económica vuelve a deteriorarse.

Glosnicki señaló que, ante cualquier modificación importante -como la pérdida del empleo o la imposibilidad de seguir pagando la cuota-, el adjudicatario debe acercarse al Instituto para que su situación vuelva a ser evaluada.

"Lo importante es que se acerque inmediatamente y no siga acumulando cuotas para después encontrarse con otra realidad que complique un poco más las decisiones", afirmó.

La gerente explicó que existen múltiples situaciones y que no todas pueden resolverse con un criterio único, razón por la cual el informe socioeconómico tendrá un papel central para determinar qué tipo de acompañamiento corresponde en cada caso. "Nuestra prioridad como Instituto es que la familia pueda permanecer, habitar la vivienda y, en algún momento, poder cancelarla. Estamos para acompañar esos procesos", sostuvo.

Glosnicki sintetizó el criterio que atraviesa la nueva reglamentación al señalar que "la vivienda es para la familia" y agregó que las condiciones existentes al momento de una adjudicación pueden modificarse con el transcurso de los años y que separaciones, pérdidas de ingresos u otros acontecimientos pueden alterar completamente la realidad que originalmente permitió acceder a una vivienda.

Por eso, indicó, el objetivo es que la falta de recursos después de una ruptura no se convierta automáticamente en un motivo para abandonar el inmueble.

"Se trata de acompañar y garantizar el cambio de titularidad y, sobre todo, la permanencia en la vivienda de quien va a quedar como titular y de los niños que van a integrar ese grupo familiar", expresó.

La gerente también pidió a los adjudicatarios que comuniquen al Instituto cuanto antes cualquier dificultad económica. "Si me está pasando algo y lo voy informando, tenemos más herramientas para acompañar. Cuando pasan cinco años, por ejemplo, ya hay una deuda y la situación se complica", advirtió.

La nueva resolución busca así sumar una herramienta económica a un procedimiento que el IPRODHA ya venía realizando: regularizar quién continúa como titular después de una separación y, cuando sea necesario, ayudar a que la caída de los ingresos no termine también con la pérdida de la vivienda.

Fuente: Primera Edición

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