El IPV admite un déficit de unas 60.000 soluciones habitacionales en Tucumán

El déficit habitacional continúa siendo uno de los problemas estructurales de Tucumán. Según estimaciones del Gobierno provincial, alcanza a unas 60.000 soluciones habitacionales, un concepto que incluye tanto la construcción de viviendas nuevas como ampliaciones y refacciones de unidades existentes. El pago de las viviendas también aparece entre los desafíos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): el organismo asegura que la morosidad disminuyó y destaca el nuevo esquema de cuotas en las adjudicaciones, con el objetivo de preservar el capital invertido.

Los datos fueron planteados por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, y el interventor del IPV, Hugo Cabral, durante un repaso de las obras habitacionales en ejecución y de las próximas entregas.

"En estos meses venimos trabajando con el IPV en las distintas obras que llevamos adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. Tenemos siete viviendas en El Polear, cinco viviendas en Villa Quinteros, cinco viviendas en El Mojón y cinco viviendas en El Naranjo y El Sunchal. Eso es con el plan Promat, por el cual el instituto pone los materiales y los propios delegados comunales ponen la mano de obra", detalló Nazur a LA GACETA.

Según el funcionario, las 22 viviendas correspondientes a esas localidades serán entregadas en octubre. A ese cronograma se suman 28 unidades en Burruyacú, donde ya se entregaron otras viviendas, y 48 que restan finalizar en Río Seco, dentro de un emprendimiento de 135 unidades.

Para el primer trimestre de 2027, el ministro mencionó otras obras previstas en distintos puntos de la provincia: 60 viviendas en el barrio Policial, en la Capital; 77 en Los Bulacios y 35 en La Cocha. De acuerdo con Nazur, se trata de proyectos financiados con recursos provinciales.

Además, mencionó que el proyecto de Procrear en Manantial Sur "avanza muy bien y para el segundo trimestre de 2027 podrían estar listas unas 300 unidades habitacionales". El ministro recordó que la Provincia tomó a su cargo una obra que había comenzado bajo el esquema de financiamiento nacional. El proyecto contempla 1.600 lotes con servicios y 1.400 viviendas.

El interventor del IPV planteó que la demanda de viviendas debe abordarse de acuerdo con las características de cada hogar. "El déficit habitacional de Tucumán es enorme. Se puede revertir, pero hacen falta programas y políticas adecuadas para cada situación, porque no todo el déficit es igual. No todo es vivienda nueva, algunas son ampliaciones y otras mejoras del servicio. Además, no todo amerita el mismo tipo de vivienda, hoy estamos trabajando más con vivienda evolutiva", afirmó.

Cabral ubicó a Tucumán dentro de una problemática que, según señaló, alcanza a buena parte del norte. "El déficit, respecto a otras provincias, es similar a todo el NOA y NEA. Todo el norte tiene el mayor déficit junto con la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

Explicó que la cantidad de inscriptos en el IPV supera la estimación del déficit que surge del último censo. "Nosotros tenemos 61.700 inscriptos en el IPV en toda la provincia, a pesar de que el censo dice que tenemos un déficit de 33.000. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque para el censo, si estás alquilando, no estás en situación de déficit habitacional, pero en realidad la mayoría de los que alquilan no lo hacen como opción, lo hacen porque no les queda otra", argumentó.

Respecto del pago de las viviendas ya adjudicadas, afirmó que la morosidad disminuyó y que el organismo analiza situaciones particulares de quienes no pueden afrontar las cuotas. Para las nuevas, remarcó, el IPV implementó un sistema basado en la Unidad de Vivienda de Tucumán (UVT), cuyo valor se actualiza de acuerdo con la evolución de los costos de construcción.

"Hicimos este cambio enorme porque prácticamente se estaba dilapidando el capital invertido con cuotas irrisorias. Algunos de los que menos ganan pagarán 50 UVT, los que más ganan pagarán 300 UVT; algunos pagarán la vivienda en 12 años y otros en 40, pero todos van a pagar una buena parte del capital invertido", explicó Cabral.

El interventor también detalló cómo se define quiénes acceden a las unidades. En los programas que no corresponden a situaciones de emergencia, primero se abre un período para completar las inscripciones y actualizar los datos; luego se publica un padrón provisorio y, finalmente, se realiza un sorteo público ante escribano. "Una vez que se termine el sorteo, los que han tenido la suerte de salir en beneficio tienen que presentar la documentación que acredite la veracidad de los datos que han puesto en la declaración jurada para ir al sorteo. Una vez que presenten todo eso, si está todo bien, llaman para la inspección, que la realiza una licenciada en Trabajo Social. Ella hace un informe y recién son adjudicatarios", explicó.

Las cifras actuales tienen un antecedente en las estimaciones que el propio Cabral había realizado el año pasado. En 2025, el interventor del IPV explicó que el Censo 2022 registraba unas 33.000 familias con necesidad de una vivienda en Tucumán, pero advirtió que ese número representaba un subregistro porque no contemplaba a quienes alquilaban. Por ese motivo, estimó entonces que el déficit habitacional vinculado con el acceso a una vivienda debía rondar los 50.000 hogares.

Cabral también diferenciaba ese universo del denominado déficit cualitativo. Según había señalado, más de 170.000 viviendas necesitaban algún tipo de intervención porque las familias ya disponían de un lote o de una construcción, pero requerían ampliaciones, refacciones o mejoras. Esa distinción permite dimensionar una problemática que no se limita a la construcción de casas nuevas y que ahora el IPV vuelve a plantear al hablar de unas 60.000 soluciones habitacionales en la provincia.