"El libre mercado no nos sirve": yerbateros preparan una protesta durante la visita de Milei

La llegada del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú el próximo viernes 4 de septiembre tendrá como contracara una movilización del sector yerbatero que comienza a tomar forma en distintos puntos de Misiones. Desde Andresito ya confirmaron la participación de 86 productores y trabajadores, 14 camiones y 16 tractores, mientras se suman adhesiones procedentes de San Pedro y otras zonas productivas de la provincia.

El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Petterson, explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la intención es concentrarse en la zona del cruce de acceso a Cataratas con la ruta nacional 12 y desde allí avanzar hacia Puerto Iguazú, hasta donde permitan llegar las fuerzas de seguridad. El objetivo es intentar acercarse al lugar donde estará el mandatario nacional y, si resulta posible, entregarle personalmente un documento con los reclamos del sector.

Milei tiene previsto participar de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizará en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. La agenda oficial de la entidad ubica las actividades entre el 3 y el 6 de septiembre, mientras que la intervención presidencial está anunciada para el viernes.

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Para Petterson, detrás de la protesta no existe solamente "enojo", sino una situación de necesidad que se agravó entre pequeños productores y trabajadores rurales. Incluso apuntó a quienes acompañaron electoralmente al actual Gobierno nacional y ahora, según sostuvo, comenzaron a sufrir las consecuencias económicas del modelo aplicado a la actividad.

El dirigente responsabilizó directamente a Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la pérdida de las herramientas de intervención que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a partir de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023.

"Hoy la estamos padeciendo entre todos", resumió Petterson, quien consideró que el esquema vigente dejó expuestas a alrededor de 12 mil familias productoras y 16 mil familias vinculadas al trabajo yerbatero.

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Su diagnóstico coincide con un escenario que viene mostrando señales de deterioro. Entre enero y julio de este año ingresaron a secaderos 568,8 millones de kilos de hoja verde, 11,2% menos que en igual período de 2025, lo que equivale a una reducción superior a 71 millones de kilos. En sentido contrario, las exportaciones crecieron 4% y alcanzaron el mayor volumen de la serie comparada, una combinación que expone la retracción de la cosecha pese a que la demanda no desapareció.

Uno de los principales cuestionamientos de Petterson apunta al funcionamiento de un mercado en el que considera que existe una fuerte concentración de la capacidad de compra. Según planteó, unas pocas empresas manejan una porción determinante de la yerba canchada y cuentan, por lo tanto, con una capacidad de negociación muy superior a la de miles de productores dispersos.

Para el dirigente, en esas condiciones no existe una verdadera competencia entre partes equivalentes. "El libre mercado a nosotros no nos sirve y no nos va a servir jamás", sostuvo, al asegurar que cuando las principales industrias acuerdan valores, el pequeño productor termina aceptando las condiciones que encuentra para poder colocar su hoja verde.

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En ese marco, comparó la situación actual con la que atravesó la actividad durante la década de 1990 y afirmó que la participación del productor sobre el precio final que paga el consumidor es incluso inferior. De acuerdo con su estimación, el kilo de hoja verde representa actualmente entre 3% y 4% del valor final del producto, mientras que a fines de los años 90 esa relación podía rondar el 8%.

Petterson también aludió a una transferencia de ingresos superior a los $200.000 millones desde el sector primario hacia los eslabones más concentrados de la cadena. La cifra coincide con la estimación difundida meses atrás por un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, que calculó una pérdida cercana a $200.000 millones para los productores durante el primer año del nuevo esquema desregulado.

La comparación que utilizó para dimensionar el deterioro fue el combustible, uno de los principales insumos de cualquier explotación agropecuaria. Según relató, a comienzos de 2024, descontados cosecha y flete, con el margen correspondiente a aproximadamente un kilo de hoja verde podía adquirir un litro de combustible, mientras que actualmente aseguró necesita mucho más.

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A esto sumó el incremento general de los costos y, particularmente, el alargamiento de los plazos de pago. Aseguró que existen operaciones con cheques a 90, 120 y hasta 180 días, una modalidad que obliga al productor a financiar durante meses una actividad cuyos gastos deben afrontar prácticamente de inmediato. En ese punto destacó las herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para anticipar esos documentos y acceder al dinero, aunque aclaró que no todos los productores tienen las mismas posibilidades bancarias para utilizar esos mecanismos.

Al analizar qué respuestas espera obtener con la protesta, diferenció la actuación de la Nación de las medidas adoptadas por Misiones. Recordó que el gobernador Hugo Passalacqua cuestionó judicialmente la desregulación, mientras que desde el sector productivo y distintas asociaciones también se promovieron presentaciones contra los cambios introducidos por el Gobierno nacional. Además, valoró la instrumentación provincial de mecanismos financieros que permiten descontar cheques para evitar que los productores deban esperar meses para disponer de sus ingresos.

Petterson mencionó también el trabajo para impulsar una emergencia yerbatera, una iniciativa en la que señaló la participación de Arabela Soler y el respaldo del Ejecutivo provincial. A su entender, son herramientas que pueden amortiguar parcialmente la crisis, aunque la solución de fondo depende de decisiones nacionales.

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El eje central del reclamo sigue siendo el mismo: recuperar una herramienta de regulación que proteja al eslabón más débil de la cadena.

También aseguró que, si tuviera la oportunidad de hablar personalmente con Milei, le plantearía exactamente lo mismo que -según recordó- reclamó ante distintos presidentes, desde Eduardo Duhalde hasta los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández: que el Estado tenga presencia para establecer un piso de protección.

Explicó que el antiguo esquema del INYM no impedía que las empresas pagaran por encima del valor acordado, sino que establecía un precio mínimo de resguardo sustentado en estructuras de costos. Cuando productores e industrias no llegaban a un acuerdo dentro del Instituto, el precio pasaba a laudo de la Nación. Incluso reconoció que en distintas oportunidades cuestionó los costos elaborados por el propio organismo, pero remarcó que, aun con diferencias, existía una base objetiva sobre la cual discutir el valor de la materia prima. Esa herramienta, afirmó, es la que hoy el sector perdió.

El Gobierno nacional, sin embargo, viene mostrando una posición contraria. En julio, representantes de prácticamente toda la cadena yerbatera mantuvieron una reunión de casi dos horas con Sturzenegger y presentaron estadísticas sobre la caída de producción e ingresos, pero el ministro ratificó que la política de desregulación no sería modificada.

Más allá de intentar entregar un documento a Milei, Petterson sostuvo que la movilización apunta a hacer visible la situación de las chacras y recuperar la participación de los propios productores. Por eso convocó a trabajadores y colonos a concurrir con libertad, incluso a aquellos que hayan votado al actual Presidente. Según expresó, haber apoyado electoralmente a un gobierno no debería impedir reclamar cuando sus políticas afectan directamente los ingresos de una familia.

Desde esa perspectiva, puso como ejemplo a Andresito, donde Milei obtuvo un importante respaldo electoral, pero donde ahora -según su descripción- se multiplican las consecuencias de la crisis productiva y aseguró que el problema excede a la yerba mate y alcanza también a la madera, la actividad forestal, la mandioca y el comercio local, en una región que además enfrenta una competencia cotidiana con Brasil y Paraguay, favorecida por las diferencias de precios a ambos lados de la frontera.

El dirigente sostuvo que, pese a la "amargura, bronca y desilusión" que genera la situación, observa como un dato positivo la capacidad de volver a reunir al sector. A primera hora de este martes contabilizaban 86 personas confirmadas solamente desde Andresito, aunque aseguraba que las adhesiones aumentaban minuto a minuto junto con la cantidad de camiones y tractores.

Petterson fue concreto al plantear qué respuesta permitiría considerar exitosa la movilización del viernes: que el Gobierno nacional restituya al INYM la capacidad de intervenir en la discusión yerbatera. En su planteo, el Instituto debería volver a ser el ámbito donde los representantes de productores, trabajadores, cooperativas, secaderos, industrias y gobiernos provinciales puedan discutir los valores a partir de una estructura de costos.

La pretensión es que exista un precio de resguardo que garantice que el productor no deba vender por debajo de sus costos, sin impedir que el mercado opere por encima de ese piso.

"Necesitamos el respaldo y el resguardo de nuestra producción", sintetizó.

Finalmente se refirió a la incorporación de  Denis Alfredo Bochert como representante suplente del Gobierno de Misiones ante el Directorio del INYM, oficializada mediante la Resolución 90/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación. Bochert reemplaza a Marta Graciela Cunha y fue designado previamente por el Ejecutivo provincial mediante el Decreto 1637/2026.

El dirigente valoró su llegada por tratarse de una persona que conoce la actividad desde distintas perspectivas. Recordó que Bochert es hijo de productor, productor yerbatero y que ya tuvo experiencia dentro del Instituto en representación del movimiento cooperativo. A su juicio, reúne condiciones para comprender la realidad de productores, trabajadores y cooperativas, aunque remarcó que su función deberá contemplar también a las pequeñas y medianas industrias y al resto de los eslabones de la actividad.

Fuente: Primera Edición

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