El Narigón Muñoz y una millonaria flota bajo la lupa: aseguran que le compró vehículos a hombres ligados a la política
La investigación por lavado de activos que tiene como principal imputado a Roberto Darío Narigón Muñoz sumó detalles sobre el modo en que habría incorporado una importante cantidad de vehículos a su patrimonio. Entre ellos aparecen un motorhome adquirido a un empresario sanjuanin…

La causa que investiga a Muñoz por presunto lavado de activos volvió a poner el foco sobre el patrimonio que el acusado habría construido durante los últimos años. De acuerdo con la resolución del juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N°2, el expediente contabilizó al menos 21 vehículos vinculados al entorno del principal imputado, además de nueve inmuebles. Parte de esa flota estaba registrada a nombre de su pareja y de sus cuatro hijos, mientras que otros rodados continuaban formalmente a nombre de sus titulares originales.
Entre las operaciones que aparecen detalladas en el expediente se encuentran dos compras realizadas por Muñoz a personas vinculadas al ámbito empresarial y político de San Juan. Una de ellas fue la adquisición de un motorhome tipo minibús al corredor Juan Gabriel Abarca, propietario de una concesionaria e hijo del intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca. La otra involucró un Toyota Corolla comprado al exdiputado provincial Miguel Martín Martín, según confirmó el diario 0264 Noticias. Ambos fueron convocados como testigos dentro de la investigación por lavado de activos.
Según surge de la causa y en lo expuesto por ese medio, una de las operaciones que llamó la atención de los investigadores fue concretada en noviembre de 2022. Muñoz habría acordado con Juan Gabriel Abarca la compra de un Renault Master acondicionado como motorhome y utilizado como minibús para transporte de pasajeros.
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El precio establecido fue de 39.500 dólares. La modalidad de pago, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, contempló una entrega inicial de 10.000 dólares en efectivo y luego tres cuotas. Las siguientes sumas fueron de 5.000, 7.500 y 7.000 dólares.
Aunque las tratativas y el pago habrían sido realizados por Muñoz, el vehículo terminó registrado a nombre de su pareja, Emilce Emilia Del Carmen Castro. Para los investigadores, ese dato forma parte del esquema patrimonial que llevó a la Justicia a considerar que distintos integrantes de la familia habrían actuado como presuntos testaferros.
La historia del vehículo no terminó con la compra. El expediente también registró que Muñoz realizó refacciones y modificaciones en el motorhome. Entre ellas aparecieron muebles de cocina, una instalación eléctrica destinada a televisión, microondas y heladera, además de una estructura metálica para una cama.
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Esos trabajos fueron valuados en 265.500 pesos y, según la documentación analizada, fueron realizados en julio de 2024, casi dos años después de la adquisición del rodado.
Otra operación incorporada a la investigación tuvo como protagonista a un Toyota Corolla modelo 2023. En este caso, el vendedor fue Miguel Martín Martín, quien fue diputado provincial en los períodos 2003-2007 y 2015.
La operación se habría concretado por 19.500 dólares. Sin embargo, a diferencia de otras adquisiciones, el trámite de transferencia del vehículo no llegó a completarse.
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Según el expediente, Muñoz tenía la intención de que el Corolla fuera inscripto a nombre de su pareja, Emilce Castro. De esta manera, los investigadores incorporaron el vehículo al análisis general de los bienes que el imputado habría adquirido sin que necesariamente figuraran formalmente a su nombre.
Tanto Abarca como Martín Martín fueron citados en calidad de testigos. La inclusión de sus operaciones en la causa no significa que hayan sido imputados por el supuesto lavado investigado, sino que sus testimonios y las circunstancias de las compraventas fueron incorporados a la reconstrucción patrimonial realizada por la Justicia Federal.
Los dos vehículos mencionados forman parte de un patrimonio automotor mucho más amplio que fue relevado durante la investigación. En total, la Justicia identificó 21 vehículos relacionados con Muñoz y su grupo familiar.
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Dentro de esa lista aparecen una Dodge RAM 1500, cinco Toyota Corolla y cuatro Toyota Hilux 4x4. También fueron individualizados un Peugeot 207 Compact Allure, un Volkswagen Suran, un Ford Focus, un Citroën C3 y un BMW 325i.
A esa lista se suman dos motorhomes. Uno de ellos es el Renault Master comprado a Abarca y el otro corresponde a un vehículo Agrale acondicionado como casa rodante.
La investigación también incluyó motocicletas. Entre los bienes relevados aparecen una Motomel S2 de 125 centímetros cúbicos, una Yamaha YBR 125 y una Kawasaki KL 250.
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La diversidad y cantidad de los vehículos fue uno de los elementos considerados por los investigadores al reconstruir la evolución patrimonial de Muñoz. Según la hipótesis judicial, varias de las compras se realizaron mediante dinero en efectivo y algunas quedaron registradas a nombre de integrantes de su familia.
El análisis de los vehículos se incorporó a una investigación mucho más extensa. El expediente sostiene que Muñoz y su entorno familiar habrían acumulado nueve inmuebles, adquiridos principalmente entre 2014 y 2021.
Entre los proyectos que, según la pesquisa, estaban vinculados al patrimonio aparecieron planes para construir diez departamentos, un estudio de grabación equipado profesionalmente y un negocio relacionado con el mundo del karting.
También se investigó la posibilidad de instalar un taller para el armado de kartings y un local destinado a la venta de repuestos y accesorios. La planificación habría incluido herramientas especializadas y equipamiento de alto valor.
Otro de los proyectos relevados fue la construcción de un kartódromo sobre un terreno de cuatro hectáreas. Posteriormente, según la documentación analizada, la idea habría mutado hacia una pista de tierra indoor.
La investigación también detectó un proyecto para explotar durante la temporada de verano una propiedad con pileta de natación, comedor y sala de juegos infantiles.
Para la Justicia Federal, todo ese movimiento patrimonial no guardaría correspondencia con los ingresos formalmente registrados por los integrantes de la familia. A partir del análisis financiero y patrimonial, las pericias estimaron en 433 millones de pesos el dinero que habría sido objeto de maniobras de lavado, una cifra que convirtió al expediente en uno de los casos de mayor magnitud investigados en San Juan.
La investigación contra Muñoz tiene antecedentes que se remontan a varios años. El expediente que terminó derivando en la pesquisa por lavado comenzó a partir de información obtenida en una investigación vinculada al narcotráfico y se profundizó mediante tareas de inteligencia, seguimientos, análisis patrimoniales y escuchas telefónicas.
El punto de mayor exposición pública llegó el 12 de octubre de 2024, cuando Gendarmería Nacional realizó varios allanamientos simultáneos por orden del Juzgado Federal N°2. En esos procedimientos fueron secuestrados vehículos, dinero en distintas monedas, repuestos y elementos vinculados al karting, además de sustancias estupefacientes.
En uno de los domicilios vinculados a Muñoz, los investigadores encontraron 40.000 dólares, además de otros elementos que fueron incorporados como evidencia. También se dispuso la inhibición de propiedades relacionadas con el entorno familiar.
Muñoz ya contaba con antecedentes por delitos vinculados a la comercialización de drogas. En 2014 había recibido una condena por tráfico de estupefacientes y en agosto de 2025 volvió a ser condenado en San Juan por tenencia de droga con fines de comercialización.
Ahora, en la causa por lavado de activos, el juez Rago Gallo lo procesó como presunto coautor junto a su pareja y sus cuatro hijos. La acusación sostiene que los bienes provenientes presuntamente de la actividad ilícita habrían sido incorporados al circuito económico mediante la compra de propiedades, vehículos y otros activos.
El procesamiento alcanza a Roberto Muñoz, Emilce Emilia Del Carmen Castro, Juan Pablo Muñoz, Edgar Emiliano Muñoz, Cinthia Elizabeth Muñoz y Yésica Judith Muñoz. Para el magistrado, el supuesto lavado habría sido realizado con habitualidad o como parte de una asociación o banda, una circunstancia que agrava la escala penal prevista para este tipo de delito.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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