El oficial de policía que agredió a su ex y la amenazó con su arma en Rawson quedó en libertad

En una audiencia celebrada en la mañana de este viernes, la Justicia resolvió el futuro inmediato del oficial de policía Mauricio Alejandro Ruarte (38), quien se encuentra en el centro de una grave investigación. A pesar de los contundentes elementos presentados por el Ministerio Público Fiscal por un brutal caso de violencia de género y amenazas armadas, la magistrada dispuso que el uniformado sea investigado en libertad.

El hecho que motivó la judicialización del caso ocurrió el pasado 29 de agosto en el barrio Hualilán, en Rawson. Según la reconstrucción de la fiscalía, la denunciante, quien se separó de Ruarte recientemente y con quien comparte una hija, se encontraba en una vivienda en compañía de un amigo. En horas de la madrugada, Ruarte irrumpió de manera violenta en el domicilio. La víctima relató que el oficial se encontraba en evidente estado de ebriedad y, al ingresar a la habitación, increpó de inmediato la presencia del otro hombre en el lugar.

La situación escaló rápidamente a la agresión física contra el visitante y culminó con Ruarte desenfundando su arma de fuego para amenazarlo. Ante el caos, la joven llamó al 911. Este accionar enfureció aún más al imputado, quien le arrebató un teléfono celular preguntando de quién era, a lo que ella respondió que pertenecía a su hija. La tensión solo se disipó cuando la madre de la víctima intervino, exigiéndole al policía que abandonara la propiedad, orden que finalmente acató.

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Durante la presentación del caso, la ayudante fiscal de la UFI CAVIG, Victoria Salinas, detalló que la joven mujer mantuvo un discurso fluido y aseguró que era la primera vez que el imputado utilizaba un arma de esa forma contra ella. Sin embargo, el dato más alarmante surgió del sistema de Evaluación de Riesgo (EPV), donde el caso arrojó un puntaje de 20, catalogándose como violencia de riesgo elevado, sumado a que la víctima expresó haber sentido percepción de peligro de muerte.

El amigo de la joven, por su parte, ratificó la situación de extrema violencia. En su declaración, relató que no conocía al policía y precisó que, estando en la vereda, vio cómo el acusado sacó un arma, aunque no pudo precisar si lo apuntó directamente, y observó cómo empujó a la mujer hacia el interior de la casa. En base a estos hechos, la fiscalía imputó formalmente a Ruarte por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El debate por la prisión preventiva estuvo marcado por un fuerte contrapunto. La fiscalía solicitó un plazo de seis meses para la investigación y exigió dos meses de prisión preventiva para el oficial. Argumentó su pedido basándose en la gravedad y naturaleza de los hechos, el temor a una conducta más agresiva hacia la denunciante y los testigos, y el riesgo de que el imputado en libertad pudiera entorpecer la causa.

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Por el lado de la defensa, los abogados José Beltrán y Marcela Olivera no se opusieron a los plazos de investigación, pero negaron rotundamente la mecánica de los hechos narrada por la acusación. Según la versión defensiva, Ruarte simplemente acudió al domicilio a llevarle dinero a su hija y lo hizo acompañado por su actual novia. Los letrados argumentaron que la relación de ellos ha sido tóxica y que por tal razón recayó la denuncia contra el efectivo. Además, calificaron el pedido de prisión preventiva como una medida extrema, resaltando que el oficial cuenta con arraigo laboral y familiar, por lo que solicitaron que el proceso transcurra con su cliente en libertad.

Tras escuchar a las partes, la Jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón concedió el plazo de seis meses para llevar adelante la investigación, pero rechazó el encarcelamiento del policía. La magistrada argumentó su decisión de ordenar la libertad basándose en que el imputado no posee antecedentes penales y que actualmente existe una separación de domicilios entre las partes.

Para resguardar a la víctima, la jueza impuso medidas de estricto cumplimiento en formato de reglas de conducta. De esta manera, Ruarte deberá someterse al proceso penal sin obstaculizarlo, presentarse una vez al mes en la Comisaría 9na y acatar una prohibición absoluta de acercamiento tanto al lugar donde vive la denunciante como a los espacios donde ella se esparce diariamente. Finalmente, se estableció que el contacto del uniformado con su hija deberá articularse de manera exclusiva a través de una tercera persona.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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