El penal de Capayán carecía de un protocolo de seguridad

El abuso sexual contra una guardiacárcel ocurrido en la cocina del penal de varones es sintomático.

Sin medidas. El cuidado de quienes cuidan siempre queda invisibilizado y el penal no sería la excepción.

Facundo Delgadino cumple una condena de prisión perpetua por un crimen y ahora sumó una condena de dos años y seis meses de prisión, por un abuso. El expediente judicial había puesto en evidencia que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) no cuenta con un protocolo de seguridad para las mujeres guardiacárceles. El caso puso luz sobre un punto ciego: qué pasa con las mujeres que trabajan en el penal de varones cuando el sistema falla en protegerlas.

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En los fundamentos de la sentencia del juez Correccional de Primera Nominación, Marcelo Forner, se reconstruye con precisión lo que ocurrió el 4 de octubre de 2024 en la cocina del penitenciario, en Capayán. Con la lectura del fallo y los testimonios se advierte con nitidez, el cuadro de una institución que no tenía previsto cómo cuidar a su propio personal femenino.

¿Cómo llegó un condenado por homicidio a la oficina donde la guardiacárcel estaba sola? El área de Labor Terapia del penal derivó a Delgadino a la cocina porque necesitaba un lugar donde realizar tareas y "los demás sectores no tenían cupo". La denunciante, una oficial ayudante de 26 años que llevaba poco menos de dos años en el servicio, lo dijo en su declaración. Ella no lo conocía antes de ese día al mediodía. No hubo evaluación de riesgo, no hubo alerta específica por el perfil del interno. La única advertencia que recibió fue informal y anecdótica: que tuviera cuidado con el calor de las ollas grandes —las marmitas— porque Delgadino tenía una placa de platino en la cabeza.

Así, un interno condenado a prisión perpetua por homicidio fue enviado a trabajar en una oficina cerrada donde había una oficial mujer. El Penal priorizó el tratamiento del interno por encima de la seguridad del personal.

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Un sargento primero estuvo en ese sector al momento del ultraje. Sin embargo, esta situación no respondió a ninguna directiva de custodia especial. El sargento se quedó acompañando a la oficial por iniciativa propia: el otro personal de guardia se había ido a repartir la comida. Estaba a cargo de 17 internos y permaneció en el sector "para acompañarla". En sus declaraciones ante el juez Forner, el sargento fue preciso: vio el movimiento, vio cómo la oficial se alarmó, contuvo a Delgadino y lo trasladó a la torre central.

La víctima expresó ante el magistrado con una frase que condensa el desamparo institucional. "Me desvincularon de toda tarea penitenciaria", dijo. Llevaba poco menos de dos años en el SPP, había crecido dentro del área donde se desempeñaba y el resultado de haber denunciado fue su apartamiento.

En su alegato, la fiscal Correccional Cynthia Romero, remarcó que las consecuencias institucionales para la oficial fueron devastadoras. En lugar de reestructurar el área de los internos o revisar los mecanismos de asignación laboral, la institución eligió el camino más corto: sacar a la mujer que denunció.

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La pericia psicológica del Cuerpo Interdisciplinario Forense describió las consecuencias que el evento disruptivo —y el posterior manejo institucional— produjeron en la víctima: insomnio, trastornos alimentarios, llanto constante, baja autoestima. Llegó a tener intenciones de autolesionarse.

El informe explicó que el hecho reactivó un trauma previo que la oficial había logrado compensar en su vida cotidiana. Además, usó una metáfora precisa para describir lo que la institución terminó de romper: mientras que una persona resiliente puede doblarse como un plástico y recuperar su forma, el psiquismo de la oficial era, en ese momento, como un cristal. El evento la trizó y la desprotección institucional que siguió no hizo más que profundizar la fractura.

El informe no detectó indicadores de fabulación ni exageración en el relato de la víctima. La pericia fue categórica: el criterio de realidad de la denunciante estaba conservado, su relato era espontáneo, coherente y cronológicamente estructurado.

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El juez Forner condenó a Delgadino a dos años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual simple, lo declaró reincidente y ordenó que realice un curso o taller sobre violencia de género dentro del Servicio Penitenciario Provincial. La pena se unificará con la condena anterior.

La defensa presentó recurso de casación, ya en análisis en la Corte de Justicia, aunque el resultado de ese recurso es, en términos prácticos, anecdótico: Delgadino cumple una pena de prisión perpetua –la pena máxima prevista en el Código Penal- y dos años y seis meses más no alteran sustancialmente su situación de encierro. Sin embargo, la sentencia dejó una pregunta que nadie en el Servicio Penitenciario Provincial parece haber respondido todavía: ¿qué protocolo existe para proteger a las mujeres que visten el uniforme dentro del penal de varones? El caso de la oficial muestra que la respuesta, al menos el 4 de octubre de 2024, era ninguno.

El mismo apellido, dos víctimas Facundo Delgadino tenía 20 años cuando estranguló a Leandro Ezequiel Centeno con un cable de acelerador y enterró su cuerpo bajo la arena del patio de su casa. Tenía 32 cuando abusó de una oficial adjuntor ayudante de 26 años en la cocina del mismo penal donde cumple esa condena.

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Leandro Centeno tenía 17 años y esa noche fue a cobrar un rescate con un cuchillo. La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación declaró a Delgadino –y a sus consortes delictivos- culpable en el delito de secuestro coactivo agravado por el resultado de muerte dolosa, un precedente que la provincia no había registrado antes. Fue condenado a prisión perpetua.

Doce años después, el área de Labor Terapia derivó a Delgadino a la cocina del penal porque los demás sectores no tenían cupo. La única advertencia que recibió la oficial fue que tuviera cuidado con el calor de las marmitas. Nada sobre su historial. Nada sobre el perfil que los peritos del CIF habían descripto con precisión: impulsividad, conductas manipuladoras, incapacidad de autorreflexión. Ese perfil no era un secreto. Estaba en el expediente.

Los dos casos tienen víctimas distintas y hechos de gravedad incomparable. Pero comparten una matriz: la ausencia de alguien que intervenga a tiempo. En 2012 nadie frenó a Delgadino cuando aún había margen. En 2024 nadie revisó el protocolo de asignación laboral antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué aprendió el SPP en doce años sobre cómo manejar a un condenado con este perfil? La respuesta, al menos el 4 de octubre de 2024, sugiere que muy poco.

En las últimas semanas, El Ancasti publicó informes elaborados por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), con relación a la creación de un Mecanismo Local de Prevención (MLP): organismo previsto para realizar visitas independientes de monitoreo a los lugares de encierro. El último proyecto de ley para crearlo perdió vigencia en 2023 y desde entonces no hubo avances legislativos. A esta deuda legislativa, se suma el historial de policías y penitenciarios involucrados en tramas de violencia, abusos y femicidios.

El diagnóstico, en aquella oportunidad y que hoy cobra una vigencia feroz, apuntaba directamente a la parálisis legislativa. El Ancasti intentó comunicarse con la dirección del Servicio Penitenciario Provincial para conocer si existen protocolos de protección para el personal femenino, pero no obtuvo respuesta. La Legislatura catamarqueña sigue en una mora respecto a la creación de protocolos de protección interna obligatorios y leyes de exoneración inmediata para el personal de las fuerzas de seguridad con condenas por delitos de género.

Hoy en día, las denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad de Catamarca se enfrentan a un doble castigo. Primero, el hecho disruptivo del abuso o la violencia; segundo, el desarraigo laboral, el silenciamiento y la "desvinculación" bajo el difuso argumento de "protegerlas". Al no existir un protocolo unificado y de control externo que obligue a las instituciones policiales y penitenciarias a reestructurar los entornos de los victimarios y sostener integralmente a las víctimas, la fuerza opta por la solución más rápida: invisibilizar a quien denuncia. Los proyectos de ley para dotar a las fuerzas de herramientas modernas de control psicofísico continuo, talleres con perspectiva de género efectivos (y no meros trámites administrativos) y regímenes disciplinarios severos siguen encajonados en las comisiones legislativas.

La segunda condena a Delgadino, por abuso sexual, en primera instancia y el posterior debate en la Corte son indispensables en materia penal. Sin embargo, la verdadera urgencia política pasa por romper la inercia parlamentaria. Mientras los legisladores sigan en mora, el uniforme seguirá siendo un factor de doble vulnerabilidad para las mujeres trabajadoras de la seguridad pública.

Fuente: El Ancasti

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