El PJ denunció una "connivencia" entre Poggi y la Justicia para perseguir a la oposición

El Partido Justicialista de San Luis emitió un fuerte documento después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva de la dirigente Anabela Lucero y otros exfuncionarios del Complejo Molino Fénix. El espacio denunció una "connivencia" entre el gobernador Claudio Poggi y la Justicia para perseguir a la oposición.

La excandidata a intendenta de Villa Mercedes, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial. Allí permanecerán alojados durante 60 días en el marco de la causa conocida como "Molino Fénix".

Están imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia. La investigación también alcanza a Diego Torres y Joaquín Beltrán, esposo de Lucero y diputado provincial. En el caso de Beltrán, la Justicia pidió su desafuero para avanzar con una medida de restricción de la libertad.

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En un documento emitido un día después de la decisión del juez Santiago Ortiz, el PJ consideró que el dictado de las prisiones preventivas constituye, en este caso, "un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para San Luis".

"La prisión preventiva no es una pena anticipada. Es la medida más gravosa que puede adoptar un juez contra una persona que todavía goza del estado constitucional de inocencia y, por ello, nuestro Código Procesal Penal establece que sólo puede utilizarse cuando ninguna otra medida resulte suficiente para garantizar el proceso".

El PJ recordó que ninguno de los tres detenidos cuenta con antecedentes y que, además, tienen domicilio y familia en Villa Mercedes.

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"No existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga. Sin embargo, el juez Ortiz rechazó las alternativas propuestas por la defensa y dispuso su alojamiento durante 60 días en el Servicio Penitenciario, decisión que ya fue sometida a revisión".

El tramo más fuerte del documento apunta directamente contra el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y las decisiones judiciales.

"Desde el Partido Justicialista denunciamos una preocupante connivencia entre el Gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial. La Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente".

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El PJ también sostuvo que, como principal espacio opositor al Gobierno de Poggi, "está siendo perseguido y disciplinado judicialmente", una situación que calificó como "sin precedentes" y violatoria de las garantías constitucionales.

"En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto", cierra el documento.

Fuente: SanLuis24

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