El precio del desastre en Pocito: 2.4 millones y en cuotas por el incendio que dejó a una familia en la calle

En la causa que investigaba UFI Genérica había dos personas en la mira, el dueño de una propiedad cercana y su empleado. Primeramente, ambos habían sido acusados de prender fuego la zona de manera intencional y se los imputó por incendio doloso. Se salvaron de una condena mayor.

Por Redacción Tiempo de San Juan24 de julio de 20264 min de lectura

El precio del desastre en Pocito: 2.4 millones y en cuotas por el incendio que dejó a una familia en la calle · Foto: Tiempo de San Juan

La Justicia resolvió el desenlace procesal de uno de los siniestros más destructivos que azotaron en Pocito en el último tiempo. En un giro que modificó drásticamente el rumbo de la causa, la carátula inicial de "incendio doloso" fue desestimada. Como resultado, Víctor Menéndez, dueño de la propiedad señalada como el punto de inicio del fuego, fue definitivamente sobreseído. Por su parte, su empleado, Sergio Trigo, terminó imputado por el delito de "estrago culposo".

Al atenuarse la acusación -pasando de un acto intencional a uno causado por negligencia o imprudencia-, Trigo logró sortear una condena. La Justicia resolvió otorgarle el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) por el término de dos años. Como parte del acuerdo y en concepto de reparación por los severos daños ocasionados, el imputado deberá abonar la suma de 2.400.000 pesos, monto que será cancelado en 24 cuotas mensuales durante el mismo período.

Los investigadores de UFI Genérica confirmaron que Menéndez no estaba en la zona cuando comenzó la catástrofe. Él había dicho en audiencia que no había estado en la zona, sino en un evento familiar, Se analizó su celular y se comprobó que era así. Por tal razón, a él no se le dio responsabilidad.

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El contexto de la tragedia: una escena apocalíptica

El acuerdo judicial cierra un capítulo que comenzó el 4 de octubre de 2025. Aquel sábado por la tarde, las inclemencias por el Viento Zonda jugaron un rol fatal en la propagación de un foco ígneo que se extendió a lo largo de casi 4 kilómetros en la zona de calle 14, entre Ruta 40 y Alfonso XIII. El nivel de destrucción fue tal que, hasta el día de hoy, las imágenes satelitales de Google Maps evidencian una inmensa mancha negra sobre el territorio.

Las dotaciones de Bomberos tuvieron que trabajar incansablemente y recién lograron sofocar las llamas en la madrugada del domingo. En el transcurso de esas horas, el fuego arrasó con todo: plantaciones enteras, corrales con rebaños de cabras, mascotas y viviendas familiares.

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Durante las primeras etapas del caso, el relato de los damnificados expuso la gravedad extrema del hecho. La ayudante fiscal Andrea Faraudo relató en audiencias previas cómo una vecina salvó su vida de milagro; con el cerco perimetral de su casa prendido fuego, logró huir junto a su familia y sus mascotas a bordo de un automóvil, atravesando un ínfimo espacio libre de llamas.

De la acusación por dolo al estrago culposo

En un primer momento, una pericia de Bomberos había aportado un dato que endureció la perspectiva de la Fiscalía: el incendio habría sido intencional. Con ese informe, la UFI Genérica -integrada por el fiscal Alejandro Mattar y las ayudantes fiscales Roxana Riveros y Andrea Faraudo- apuntó a Menéndez y a Trigo.

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En la audiencia de formalización originaria, el Ministerio Público Fiscal expuso que Menéndez habría dado la orden a su empleado de iniciar las llamas. En aquella instancia, el juez Maximiliano Eugenio Barbera resolvió imputarlos por incendio doloso y les dictó la libertad con medidas coercitivas morigeradas.

La tensión en el proceso fue alta. Una de las familias que perdió su vivienda y sus mascotas se constituyó como querellante. Su abogado fue categórico y aseguró que "los imputados vienen haciendo este tipo de incendios", remarcando que "lo único que hicieron mis clientes fue salvar su vida y perdieron todo lo que tenían de valor". Por el otro lado, la defensa de los acusados -encabezada por el doctor José Manuel Beltrán- había sostenido que sus clientes no se encontraban en el lugar al momento del hecho.

Finalmente, al no lograr sostenerse la figura del dolo en la instrucción, la causa se encuadró legalmente en el delito de estrago culposo. Este cambio de carátula fue la clave que permitió el sobreseimiento del propietario del terreno y que derivó en la compensación económica millonaria que el empleado deberá afrontar en cuotas durante los próximos dos años.

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Desde la Justicia dijeron que las partes recurrirán también en la vía Civil por los daños y las pérdidas sufridas.

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Fuente: Tiempo de San Juan