«El secreto pesquero fomenta el soborno y el tráfico de influencias»

El ocultamiento de los datos públicos en la industria pesquera dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un escudo que protege negocios millonarios y facilita la corrupción. Tras el conversatorio intersectorial celebrado en el Senado de la Nación, la fundación Sin Azul No Hay Verde trazó un balance del encuentro y lanzó una advertencia contundente sobre los verdaderos motivos que mantienen paralizada la agenda ambiental en la Cámara de Diputados.

La coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia de la organización, Mariana Regueira, apuntó directamente contra la opacidad societaria que defiende el Estado nacional. La especialista explicó que cuando la información sobre los permisos y las cuotas no es pública aumenta de forma alarmante el margen para la discrecionalidad, el favoritismo, el tráfico de influencias y el soborno. En esa misma línea, advirtió que la falta de registros abiertos facilita la captura de las decisiones públicas por parte de intereses particulares.

Para graficar la gravedad de este hermetismo, Regueira detalló que el secreto corporativo resulta ideal para ocultar concentraciones de licencias, esconder personas interpuestas o camuflar posibles vínculos entre funcionarios y los propios actores regulados. «Conocer al beneficiario final permite identificar quién controla y obtiene realmente el beneficio económico de la explotación de un recurso público», sentenció la coordinadora al reclamar la aprobación urgente del proyecto de transparencia impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro.

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El costo de la impunidad en el agua

Este escenario de discrecionalidad política tiene un impacto devastador frente a las costas patagónicas. El coordinador de la fundación, Juan Coustet, alertó que resulta imposible auditar una pesquera si el Estado no comunica con claridad quién está autorizado a operar o qué cantidad tiene asignadas de pesca. Esta dinámica genera una enorme zona gris donde la falta de información oficial termina dificultando los controles y debilitando de forma crítica cualquier herramienta de conservación marina.

Frente a la inactividad de la Comisión de Intereses Marítimos de Diputados, Coustet planteó un interrogante central sobre quién termina asumiendo el costo real de este descontrol. El especialista aseguró que el daño lo paga el ecosistema marino y toda la sociedad civil, mientras un grupo cerrado de actores privados continúa aprovechando sin rendir cuentas un recurso que le pertenece a todos los argentinos.

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El peso de los mercados y los estándares internacionales

Más allá del daño ecológico, Regueira sumó un factor clave para el desarrollo económico al advertir sobre la necesidad urgente de modernizar el sector pesquero y alinearse a las nuevas exigencias globales. La especialista explicó que en el marco del proceso de adhesión de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), contar con información pública y verificable representa un verdadero anzuelo para ganar competitividad. «El crecimiento del sector tiene que estar dado por la adopción de estándares», enfatizó la coordinadora, para luego exigir que esa expansión comercial no se logre a expensas de los recursos naturales ni termine fomentando nuevos focos de corrupción.

Para consolidar este posicionamiento sostenible, Regueira remarcó que las organizaciones cuentan con el pleno respaldo de los principales organismos de integridad del mundo. Sin embargo, aclaró que ese apoyo exterior resulta insuficiente si el país no sanciona de manera urgente las políticas públicas necesarias para acompañar la transformación de la industria.

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A pesar de las resistencias legislativas, desde la organización valoraron la apertura lograda en el Senado como un primer paso fundamental para exponer el nivel de gravedad de la situación. Sin embargo, Regueira dejó en claro que la exigencia de la sociedad civil ya no admite más demoras institucionales y remarcó que el gran desafío de ahora en adelante es lograr que el debate no quede limitado a escuchar exposiciones y se traduzca de una vez por todas en el tratamiento formal de las leyes.

Fuente: El Sureño

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