El sector público perdió 71.661 puestos de trabajo

Desde diciembre de 2023 la planta del sector público cayó 21%, un promedio de casi 72 despidos diarios. Cuál fue el impacto y las áreas más perjudicadas

Desde diciembre de 2023 la planta del sector público cayó 21%, un promedio de casi 72 despidos diarios. Cuál fue el impacto y las áreas más perjudicadas

Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela la magnitud del recorte implementado en la administración nacional entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

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La política de ajuste resultó en la eliminación de 71.661 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 21% de la planta total del Sector Público Nacional. En términos operativos, esto representa un promedio de casi 72 despidos por día durante todo el periodo analizado.

El informe detalla que el ajuste no fue uniforme, impactando con distinta intensidad según el área del Estado. En términos absolutos, la administración descentralizada lidera la cantidad de cesantías con 25.382 bajas, seguida por las empresas y sociedades del Estado con 22.765 y la administración centralizada con 17.974. Sin embargo, si se analiza el impacto en términos proporcionales, la administración centralizada fue la más golpeada, sufriendo un recorte del 32,18% de su personal.

Según el CEPA, esto evidencia un "vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo".

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Dentro del ecosistema de empresas estatales, los casos más críticos por volumen de despidos son:

En términos porcentuales, la situación más extrema se vive en la ex Télam, donde el recorte alcanzó al 79% de su dotación, dejándola en una situación de "virtual extinción operativa". Le siguen ENARSA Patagonia (66,7%), Educar S.A. (61,9%) y la Casa de la Moneda, que redujo su personal en un 51%.

El desmantelamiento también alcanzó a pilares del sistema científico, social y de recaudación. El informe destaca las reducciones en:

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En el ámbito social, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 62% de su planta, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) sufrió un recorte del 53%, comprometiendo la seguridad operativa en diversos medios de transporte.

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El informe de Cepa concluye que estas medidas responden a una "política deliberada de ajuste y desmantelamiento" que va más allá de una búsqueda de eficiencia administrativa.

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Se sostiene además que el enfoque ha sido principalmente cuantitativo, sin un análisis del impacto institucional, lo que ha derivado en un repliegue sistemático del Estado en áreas donde cumple funciones irremplazables, como la soberanía energética, el desarrollo tecnológico y la protección de derechos sociales.

Finalmente, el documento advierte que este cambio de paradigma subordina lo público a la lógica del mercado, reduciendo al Estado a su mínima expresión y poniendo en riesgo capacidades estratégicas nacionales construidas a lo largo de décadas.

Fuente: UNO Entre Ríos

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