El Senado dio luz verde a una ley para regular los mercados de carbono en Argentina

La iniciativa obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos. El régimen busca promover proyectos de reducción y captura de emisiones, facilitar su comercialización y brindar seguridad jurídica a sus titulares.

El Senado aprobó un marco regulatorio para los créditos de carbono y proyectos de reducción de emisiones. (archivo)

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Con 60 votos afirmativos y dos negativos, el Senado aprobó un marco regulatorio para los proyectos de reducción y captura de emisiones y la generación de créditos de carbono. La iniciativa busca establecer reglas para el desarrollo de estas actividades, facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión y exportación.

La propuesta recibió el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, el bloque Justicialista, Primero los Salteños y Movimiento por Misiones, entre otros espacios provinciales.

Los créditos de carbono son certificados que se obtienen a partir de proyectos que evitan o capturan emisiones contaminantes. Pueden surgir, por ejemplo, de iniciativas de reforestación, conservación de bosques nativos o generación de energía limpia.

Cada certificado representa una tonelada de emisiones evitadas o removidas y puede ser adquirido por empresas y países que buscan compensar su impacto ambiental.

El Senado aprobó un marco regulatorio para proyectos de reducción de emisiones y créditos de carbono.

El marco aprobado apunta a impulsar proyectos de reducción y remoción de emisiones y desarrollar herramientas económicas y financieras que permitan darles estabilidad, ampliar su escala y facilitar su participación en distintos mercados.

Entre sus objetivos también figuran garantizar la trazabilidad de los créditos, evitar que una misma reducción de emisiones sea contabilizada más de una vez y promover las economías regionales mediante mecanismos compatibles con la protección ambiental.

La iniciativa busca, además, brindar seguridad jurídica a los titulares de los proyectos y resguardar el federalismo ambiental.

Durante el debate, la senadora salteña Flavia Royon advirtió que el país necesita reglas para competir en este sector. "La Argentina está quedándose atrás en esta temática de los mercados de carbono por no tener un marco regulatorio que permita que los bonos de carbono puedan ser comercializados en los mercados regulados o mediante mecanismos que pagan mejores valores", sostuvo.

Por su parte, la senadora misionera Sonia Decut Rojas destacó las oportunidades económicas que podría generar la normativa. "Tratamos una ley que define cómo integrar la Argentina a los mercados internacionales de carbono, un mercado donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias y las empresas argentinas", señaló.

El Senado aprobó un marco regulatorio para proyectos de reducción de emisiones y créditos de carbono.

El senador peronista Jorge Capitanich, en tanto, planteó que estos mecanismos también pueden servir para establecer compensaciones económicas por el impacto ambiental.

"Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales; que todos los que aumentan los gases de efecto invernadero que destruyen el ambiente efectivamente tengan que pagar la compensación", afirmó.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la definición del crédito de carbono como un bien inmaterial de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia. De esta manera, se lo diferencia del inmueble, del recurso natural y de la actividad que permite generarlo.

El proyecto también contempla una estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos de carbono que estén registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe). Ese beneficio alcanza a los tributos nacionales.

En cuanto a las operaciones comerciales, la regla general será la libre compraventa de créditos de carbono en mercados nacionales e internacionales, sin necesidad de obtener una autorización previa.

La normativa establece una excepción para los casos en que esos créditos se utilicen para cumplir las metas climáticas de otro país o para determinados mecanismos internacionales. En esas situaciones, será necesaria la autorización de la autoridad de aplicación.

Por último, el régimen permite emplear los créditos como respaldo o componente de instrumentos financieros. Cuando esos instrumentos estén alcanzados por las reglas de oferta pública, deberá intervenir la Comisión Nacional de Valores (CNV).