El sobreseimiento de Paulo Ibáñez será tratado en la Corte

Fiscalía de Estado intentará evitar el juicio millonario por daños y perjuicios contra el Estado Provincial.

El viernes 7 de agosto se realizará una segunda audiencia en la Cámara Penal de la Corte de Justicia para que la Fiscalía de Estado pueda presentar sus alegatos en contra del sobreseimiento del abogado Paulo Ibáñez, en el marco de la causa que investiga la omisión de la inscripción de dos inmuebles en el Registro de la Propiedad Inmueble, a nombre de Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de la financiera Adhemar Capital SRL.

En 2022, Ibáñez era jefe de Norma del Valle Bravo (59) y Andrea Beatriz Pacheco (39) en el Departamento de Folio Real. Los tres fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores" por el fiscal Facundo Barros Jorrat, especializado en delitos contra la Administración Pública.

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En 2024, Ibáñez fue expulsado del organismo dependiente del ente recaudador ARCAT, por decreto del Ejecutivo Provincial, tras una investigación administrativa realizada por la Fiscalía de Estado. A pesar de compartir imputación con las dos subalternas, solo él fue exonerado. La investigación penal continuó con importantes demoras judiciales y en diciembre de 2024, Barros Jorrat elevó la causa a juicio con los tres imputados.

La defensa de Ibáñez, a cargo de Sebastián Ibáñez, se opuso al pedido del fiscal y pidió el sobreseimiento para su asistido. Casi un año después, la Justicia resolvió el planteo: en diciembre de 2025, el juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, sobreseyó a Ibáñez y confirmó la elevación a juicio de Bravo y Pacheco. En este contexto, los abogados Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, en representación de la Fiscalía de Estado, apelaron la decisión del juez de Control en primera instancia, pero el día que debieron fundamentar su oposición ante la Cámara Penal, no concurrieron.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos consideraron que, con el faltazo de los abogados, la Fiscalía de Estado desistió de mantener la acusación, y dejaron firme la decisión del juez Ahumada Franzini.

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La defensa celebró el fallo en segunda instancia, pero los dos abogados de la Fiscalía de Estado pidieron una nueva audiencia, aduciendo que no concurrieron la primera vez porque no fueron notificados debidamente.

A mediados de junio último, la Cámara hizo lugar al planteo de la Fiscalía, pero no fijó fecha de nueva audiencia, y el defensor Sebastián Ibáñez presentó un pedido urgente.

"Antes de que comience la feria judicial solicitamos que se fije fecha urgente porque se están vulnerando los derechos de quien ya fue sobreseído. Paulo Ibáñez está convencido de que es inocente y no vamos a caer en el juego de dilación de la Fiscalía de Estado. Nosotros hemos pedido a la Cámara que fije la fecha para que la Fiscalía sostenga su apelación contra el sobreseimiento que dictó el juez, fundado en la prueba, que ni el fiscal especializado en delitos contra la administración pública apeló. El mismo que requirió la elevación a juicio", señaló el defensor.

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"La Fiscalía de Estado sabe que su presentación fuera de tiempo es una dilación para que el Estado Provincial no pierda el juicio contencioso administrativo que Paulo Ibáñez hizo ante la Corte pidiendo la anulación del decreto de exoneración prematuro, la reparación de los salarios perdidos y de otros daños causados", advirtió.

En diciembre de 2024 la causa fue elevada a juicio. La defensa de Ibáñez se opuso y pidió su sobreseimiento.

En diciembre de 2025 el juez Ahumada Franzini sobreseyó a Ibáñez y confirmó la elevación a juicio de las empleadas Bravo y Pacheco.

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Fiscalía de Estado apeló el fallo. Faltó a la primera audiencia en la Corte y se fijó nueva fecha para que presente sus argumentos.

Fuente: El Ancasti

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