El STJ hizo lugar a un amparo por el cierre de una escuela rural en Río Negro

Por Daniel Marzal

La Escuela Hogar 152 de Cerro Alto este año no inició las clases en su edificio. Archivo

Al acoger un recurso de amparo originado en el cierre de una escuela rural por problemas en la provisión de agua, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al ministerio de Educación de Río Negro que asegure la continuidad escolar a los alumnos de ese establecimiento "en condiciones que preserven sus vínculos familiares y su medio local de pertenencia".

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En los hechos, la decisión judicial descarta la alternativa ofrecida por el Gobierno, consistente en la mudanza de los chicos a otra escuela algo más distante, con transporte escolar de ida los lunes y de regreso los viernes.

El amparo promovido por una madre con hijos en la escuela hogar 152 de Cerro Alto había obtenido un primer fallo favorable firmado por el juez civil de Bariloche Cristian Tau Anzoátegui.

La Provincia apeló a través de la apoderada Blanca Passarelli, pero el STJ resolvió ratificar lo resuelto por el magistrado barilochense, con un cambio instrumental. Lasentencia original data de mayo pasado y emplazó al ministerio de Educación y Derechos Humanos para que en 45 días "arbitre los medios" destinados a reabrir la escuela de Cerro Alto.

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El STJ reconoció que esa escuela "compone el ámbito habitual de escolarización de los destinatarios del amparo y el cierre indefinido del establecimiento produce "una alteración en su organización cotidiana y la de sus familias". Pero el fallo admite en forma parcial la apelación y es menos taxativo, al ordenar al ministerio que "adopte las medidas necesarias" para asegurar a los alumnos la continuidad educativa en condiciones que no alteren sus vínculos familiares y su entorno comunitario. Elfallo firmado por el juez Sergio Barotto con la adhesión de Sergio Ceci y Ana Piccinini está fechado el último martes y el plazo para el cumplimiento es de 15 días.

De acuerdo al razonamiento previo de los jueces, queda en evidencia que no convalidan el traslado de los niños a escuelas más distantes, salvo que el Estado instrumente un servicio de transporte de frecuencia diaria.

Educación había dispuesto por resolución el cierre de la escuela 152 el pasado 12 de febrero, lo cual desembocó en protestas públicas con abrazos simbólicos por parte de los docentes y las familias afectadas. El tema terminó en la Justicia.

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La resolución del gobierno provincial decía que el cierre era "transitorio", pero no hablaba de plazos y tampoco mencionaba medidas para resolver el faltante de agua. Esas omisiones fueron subrayadas en su fallo por el juez Tau Anzoátegui y también por el STJ.

Tras la primera sentencia que hizo lugar al amparo, la administración provincial apeló ante el Superior Tribunal y pidió que se rechace la orden del juez en razón de que la resolución de cierre emitida por Educación no se había demostrado como arbitraria ni ilegal. "La mera discrepancia con una política pública no amerita la procedencia del amparo", argumentó la patrocinante del Estado.

Subrayó también que la provincia "garantizó la continuidad pedagógica" con la reubicación de los alumnos en otras escuelas y "el correspondiente transporte escolar". En representación de la amparista contestaron los defensores generales Gustavo Suárez y Germán Corbella, quienes observaron que la apelación no contenía "una crítica concreta y razonada" del fallo original.

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Sostuvieron también que el cierre de la escuela "contraría la ley", en relación con el interés superior del niño, y no reconoce la centralidad del ámbito familiar en la protección integral de la niñez.

El STJ también citó un dictamen del defensor general de la provincia Ariel Alice y otro del procurador Jorge Crespo. Ambos consideraron conveniente admitir el amparo.

Para Alice quedó claro que de los informes técnicos aportados por la empresa contratista Estepa Perforaciones no surge que la escuela de Cerro Alto tuviera un problema de agua tan grave, dado que "no hay una recomendación de cierre" sino sugerencias de soluciones de corto y mediano plazo para resolver la carencia, por ejemplo una perforación de mayor profundidad.

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Crespo observó que el recurso de apelación "no consigue demostrar el hipotético desacierto del fallo impugnado" y coincidió en señalar que según los informes técnicos "el abastecimiento mínimo de agua se encontraba cubierto al momento del amparo, dado el escaso número de alumnos". Agregó que la solución adoptada por Educación "generó desarraigo y una separación familiar que perjudica el desarrollo de los niños".

El STJ evaluó los antecedentes y concluyó que no se había acreditado que el cierre de la escuela hogar de Cerro Alto fuera "una medida indispensable, ni que se garantizara en forma efectiva la continuidad de la escolarización". Observó que el informe de la consultora "diagnostica una situación crítica (con la provisión de agua) pero también identifica alternativas para sostener el suministro a corto plazo y mejorar la disponibilidad en el mediano plazo". Eso demuestra, según los jueces, que "con la reducción de alumnos y una gestión adecuada del recurso podría alcanzarse el abastecimiento requerido".

El Tribunal tomó nota del testimonio directo de la amparista, quien "debió trasladarse con sus hijos a Comallo para garantizar la continuidad escolar de su hija", incluido el alquiler de una vivienda y la "reorganización familiar" resultante, ya que su pareja se quedó a trabajar en el campo.

Otra madre expuso que «la mayor distancia generó dificultades económicas y organizativas" para su grupo familiar, dado que optaron por trasladar en forma diaria a su hijo a la escuela de Corralito, tras descartar la modalidad ofrecida por la provincia con transporte los lunes y los viernes, lo cual implicaba que el niño permaneciera toda la semana alejado de su familia.

Para los jueces del STJ, Tau Anzoátegui "fundó adecuadamente su decisión de admitir el amparo". Entendieron también que la prueba incorporada "resulta suficiente para demostrar la afectación del derecho a la educación de los beneficiarios del amparo y la insuficiencia de la respuesta estatal ofrecida".

De todos modos decidieron "modificar el alcance de la condena" y no obligar a la reapertura de la escuela, sino a la instrumentación de alternativas menos perjudiciales para las familias, a fin de "no sustituir a la autoridad administrativa en la elección de los medios destinados a garantizar el derecho comprometido".

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Al acoger un recurso de amparo originado en el cierre de una escuela rural por problemas en la provisión de agua, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó al ministerio de Educación de Río Negro que asegure la continuidad escolar a los alumnos de ese establecimiento "en condiciones que preserven sus vínculos familiares y su medio local de pertenencia".

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Fuente: Río Negro

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