El terraplén del arroyo Viraguay que enoja a los campos de Gualeguay

El agua no se negocia con alambradas ni con tierra compactada. En Gualeguay, un terraplén volvió a encender el conflicto por el arroyo Viraguay.

La construcción de un terraplén que interrumpe el curso del arroyo Viraguay quedó en el centro de un conflicto por sus consecuencias sobre los establecimientos rurales vecinos. No es una obra cualquiera: altera el escurrimiento y pone en juego a una cuenca entera.

Tras constatar irregularidades, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, anunció que se intimará a los propietarios a cumplir la Ley Provincial de Aguas N° 9172. La estructura rodea un predio de más de 40.000 hectáreas perteneciente a Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou.

Está ubicada frente a Puerto Ruiz, en una zona próxima a la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy. El detalle geográfico importa: no se trata de un hecho aislado, sino de una obra que se apoya en un punto sensible de la hidrografía regional.

Según la constatación realizada mediante un sobrevuelo, el terraplén protege al establecimiento de las inundaciones, pero altera el escurrimiento natural del agua y traslada sus consecuencias hacia los campos vecinos. El perjuicio alcanzaría a más de 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.

El conflicto no es nuevo. La obra ya había sido objeto de observaciones y medidas por parte del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, organismo encargado de aplicar la Ley Provincial N° 9172. Ese antecedente le da peso a la nueva intimación: no aparece como un gesto político, sino como una continuidad regulatoria.

Entre las medidas dispuestas por el organismo se encuentra la realización de cortes en el terraplén para permitir que el arroyo Viraguay recupere su circulación natural. Sin embargo, la información oficial sostiene que los propietarios incumplieron sistemáticamente esas disposiciones. Ahí está el nudo del problema: cuando la norma pide una corrección y la corrección no llega, el riesgo se acumula.

En la información disponible, no consta la versión de los propietarios ni un descargo formal sobre las observaciones. El dato es importante: cuando se habla de incumplimiento, la cautela periodística no es un adorno, es parte del oficio.

La situación genera mayor preocupación ante la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Gualeguay. La interrupción de los cursos naturales de agua puede agravar las consecuencias de las crecientes sobre los establecimientos rurales vecinos. No es una advertencia gratuita: es la lógica de una cuenca que se desordena por tramos.

La Ley de Aguas establece que el Corufa tiene facultades para regular, planificar y proteger los recursos hídricos, además de ejercer el poder de policía sobre las obras que puedan alterar su funcionamiento. La intimación anunciada busca que los propietarios cumplan con las disposiciones del organismo y realicen las intervenciones necesarias para restablecer el normal escurrimiento del arroyo.

El dato fuerte no es solo el terraplén: es que el agua, cuando no tiene camino, termina cobrando factura en otro campo. En Gualeguay, la pregunta no es solo técnica: es institucional, rural y, sobre todo, de futuro.