El Tribunal de Cuentas auditará proyecto de mejoras de la infraestructura eléctrica de Misiones

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones aprobó, mediante la Resolución Nº 343/2026, publicado este martes en el Boletín Digital, el convenio que establece las condiciones para realizar la auditoría externa e independiente del proyecto de mejoras de infraestructura de redes eléctricas que lleva adelante el Gobierno de Misiones, financiado mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ante la falta de acompañamiento nacional.

El proyecto contempla un financiamiento de hasta US$ 75 millones y tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico mediante la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía, además de favorecer la integración de fuentes de generación renovable.

El plan del Ejecutivo provincial es la construcción de la línea de alta tensión de 132 kV que unirá Leandro N. Alem y Oberá, una de las obras de infraestructura energética de mayor alcance ejecutadas en los últimos años en Misiones. Además, incluye la ampliación de las estaciones transformadoras San Isidro y Oberá II, la construcción de una nueva estación en Leandro N. Alem y la puesta en funcionamiento de 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión.

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De acuerdo con los antecedentes incorporados al convenio, las inversiones apuntan particularmente a incrementar la potencia eléctrica disponible en la región Centro de Misiones, mejorar la calidad del servicio y disponer de una red confiable para vincular nuevos centros de generación de energías renovables.

La auditoría estará a cargo del Área de Auditoría del Tribunal de Cuentas y tendrá como finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la correcta aplicación de los recursos y la eficacia de las acciones desarrolladas. El convenio establece que el control comprenderá las rendiciones anuales y la revisión de las rendiciones mensuales presentadas ante el organismo de control.

Además, se analizarán los procedimientos de contratación, el cumplimiento de las cláusulas del contrato de préstamo y del Manual Operativo del Proyecto, así como la elegibilidad de los gastos informados ante la CAF.

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La auditoría deberá determinar, entre otros aspectos, si los fondos del préstamo fueron utilizados exclusivamente para los fines previstos y si los gastos reportados cumplen con las condiciones necesarias para ser financiados con recursos de la CAF. También podrá revisar por muestreo las redeterminaciones de precios y realizar observaciones cuando corresponda.

Otro de los puntos previstos es la posibilidad de realizar inspecciones físicas por muestreo sobre las obras de infraestructura, con el propósito de comparar el avance físico con el avance financiero informado.

La Unidad Ejecutora de Desarrollo Provincial será el organismo auditado y tendrá entre sus responsabilidades la preparación y presentación de los estados financieros y la puesta a disposición de toda la documentación necesaria para el trabajo de los auditores.

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Entre la información que deberá entregar se encuentran el contrato de préstamo, las normas y procedimientos de contratación, los informes de avance, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan Operativo Anual.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, deberá conservar los papeles de trabajo durante tres años después de finalizada cada auditoría. Durante ese período, la documentación podrá ser requerida por la CAF.

El convenio también contempla que la CAF pueda solicitar información específica relacionada con la ejecución del proyecto y que sus representantes autorizados puedan inspeccionar las tareas de auditoría y revisar los registros y documentos correspondientes.

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Los términos de referencia establecen que las tareas de auditoría comenzarán a partir del ejercicio cerrado en 2026 y desde el momento en que se produjo el primer desembolso del préstamo.

El objetivo será que el organismo auditor emita una opinión profesional independiente sobre el uso de los recursos, las solicitudes de desembolso, las justificaciones de gastos y los procesos de selección realizados en el marco del proyecto y del contrato firmado entre Misiones y la CAF el 14 de mayo pasado.

Los informes de auditoría deberán contener las opiniones y conclusiones correspondientes dentro de los 180 días posteriores al cierre de cada año calendario, una vez realizado el primer desembolso.

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El acuerdo tendrá vigencia durante toda la ejecución del proyecto de infraestructura eléctrica y podrá ser modificado mediante actas complementarias cuando resulte necesario. Asimismo, toda la información, documentación, registros e informes a los que accedan los auditores durante el proceso tendrán carácter confidencial.

Con la aprobación del convenio, el Tribunal de Cuentas formalizó así su intervención como auditor externo independiente del proyecto eléctrico financiado por la CAF, con el objetivo de controlar el destino de los recursos y el cumplimiento de las condiciones financieras, administrativas y técnicas establecidas para la importante inversión en infraestructura energética para Misiones.

Fuente: Primera Edición

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