Elevan a juicio a un hombre acusado de intentar matar a su expareja y amenazarla desde el penal

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género | Distrito Este

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género del Distrito Este dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio de una causa contra un hombre acusado de diez hechos de violencia contra su expareja

La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género del Distrito Este, a cargo de la fiscal Alejandra Antonino, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la elevación a juicio de una causa contra un hombre acusado de cometer diez hechos de violencia contra su expareja entre enero de 2024 y octubre de 2025.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado deberá responder por distintos delitos, entre ellos amenazas simples, lesiones leves doblemente calificadas por mediar una relación de pareja y violencia de género, tentativa de femicidio, desobediencia judicial y amenazas coactivas.

La Fiscalía sostiene que los episodios se desarrollaron dentro de un contexto sostenido y progresivo de violencia de género que habría comenzado con conductas de control, aislamiento y amenazas de muerte y posteriormente habría derivado en agresiones físicas y reiterados incumplimientos de medidas judiciales de protección.

Para esta etapa procesal, la investigación permitió reconstruir una sucesión de episodios ocurridos durante la relación de pareja. Según la acusación, el hombre habría amenazado de muerte a la víctima en distintas oportunidades y la habría agredido físicamente, provocándole lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

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El hecho de mayor gravedad habría ocurrido entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de abril de 2025, cuando el acusado habría atacado a la mujer en la vivienda que compartían.

Según la investigación, el hombre la habría golpeado con un objeto contundente en distintas partes del cuerpo y posteriormente la habría sujetado del cuello hasta provocarle la pérdida del conocimiento.

La acusación sostiene que esta conducta se habría repetido cada vez que la víctima recuperaba la conciencia.

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Luego, el acusado habría iniciado un incendio dentro de la habitación y bloqueado la salida, mientras ambos permanecían en el lugar.

La mujer logró escapar por una ventana, pedir ayuda y evitar que el ataque tuviera el resultado que, según la Fiscalía, el acusado habría buscado.

Las lesiones fueron constatadas por profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense.

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Al momento del ataque, además, se encontraba vigente una medida judicial que le prohibía al acusado acercarse a la víctima.

La acusación también sostiene que, después de la tentativa de femicidio y pese a las sucesivas prohibiciones judiciales de acercamiento y comunicación, el imputado habría continuado contactando y amenazando a su expareja.

Según la Fiscalía, algunas de esas comunicaciones se habrían producido mientras la mujer permanecía bajo protección institucional.

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Otras habrían ocurrido cuando el acusado ya se encontraba privado de la libertad, mediante números telefónicos autorizados para realizar llamadas desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Entre junio y octubre de 2025, el imputado habría mantenido comunicaciones con la víctima, incumpliendo las medidas de protección vigentes y reiterando amenazas contra ella, según la acusación.

Durante la Investigación Penal Preparatoria se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos denuncias, declaraciones testimoniales, exámenes médicos, historias clínicas, informes victimológicos y valoraciones de riesgo.

También se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas, informes socioambientales, registros domiciliarios, inspecciones judiciales y pericias relacionadas con el incendio.

A esto se sumaron registros de llamadas, audios, informes de empresas de telefonía y análisis de las comunicaciones realizadas desde el Servicio Penitenciario.

La investigación también incorporó informes elaborados por el equipo técnico del dispositivo de protección que intervino en la asistencia de la víctima, además de registros fotográficos y otros elementos vinculados con los hechos investigados.

A partir del conjunto de pruebas reunidas, la fiscal Alejandra Antonino consideró que se encuentran acreditados, con el grado de probabilidad requerido para esta instancia, los hechos atribuidos y la presunta intervención del imputado.

Por ese motivo, solicitó que la causa sea elevada a juicio, donde deberá continuar el proceso y determinarse la responsabilidad penal del acusado.

En resguardo de la víctima, de su entorno familiar y de sus derechos, el Ministerio Público Fiscal no difundió la identidad de la mujer ni la del imputado, debido a que su publicación podría permitir identificarla de manera directa o indirecta.

Fuente: El Esquiú

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