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Embargo de $500 millones: Acorralado por la Justicia Federal, el usurpador de "Las Pirámides"

Un nuevo hito procesal reavivó la disputa judicial que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantiene desde hace casi tres décadas por las tierras del

Por Redacción General2 min de lectura
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Embargo de $500 millones: Acorralado por la Justicia Federal, el usurpador de "Las Pirámides"
Embargo de $500 millones: Acorralado por la Justicia Federal, el usurpador de "Las Pirámides" · Foto: El Federalista

Un nuevo hito procesal reavivó la disputa judicial que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantiene desde hace casi tres décadas por las tierras del predio «Las Pirámides», ubicadas en el Parque Sierra de San Javier. El juez federal Guillermo Díaz Martínez dispuso el procesamiento de Próspero Marcelo Sosa por los delitos de usurpación, daño ambiental agravado y estelionato, trabando además un embargo sobre sus bienes por la suma de $500 millones. De acuerdo con la querella de la casa de altos estudios, a cargo del abogado Máximo Castro, una eventual condena en la etapa del juicio oral derivaría en el cumplimiento de prisión efectiva para el imputado.

El conflicto territorial tiene sus antecedentes en 1998, cuando la institución educativa inició una primera querella por usurpación que concluyó en 2008 con el sobreseimiento del acusado. No obstante, con el transcurso de los años el ocupante consolidó su presencia en el sector —el cual forma parte de las tierras expropiadas originariamente para el proyecto de la Ciudad Universitaria— hasta conformar y administrar un asentamiento irregular integrado por aproximadamente 70 viviendas. Mientras Sosa aduce derechos posesorios por arraigo familiar, la Universidad ratifica su dominio patrimonial sobre el área protegida.

La controversia cobró un sesgo de mayor gravedad penal en 2018, cuando las autoridades universitarias constataron la comercialización no autorizada de lotes, la apertura ilícita de caminos y el desmonte en la reserva forestal. Dicha conducta motivó una cautelar de paralización que, al ser desobedecida, devino en una condena condicional contra Sosa en 2024 acompañada de un embargo por $30 millones, el cual no pudo ejecutarse por insolvencia del sancionado. A partir de esos antecedentes, el fiscal federal Agustín Chit impulsó la investigación criminal que derivó en la actual resolución del juzgado federal.

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Sin embargo, el fondo de la controversia dominial permanece indefinido en el fuero civil, donde se tramita la acción de reivindicación promovida por la UNT ante el mismo magistrado. La causa civil presenta un escenario complejo ante la presentación de particulares que argumentan haber adquirido parcelas de «buena fe». En caso de obtener una sentencia favorable que restituya el inmueble, la alta casa de estudios anticipó que exigirá la demolición de las estructuras levantadas y la remediación ambiental del ecosistema afectado, en el marco de un plan institucional de regularización dominial que la UNT lleva adelante en San Javier, Horco Molle y Tapia.

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Fuente: El Federalista

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