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Empresarios del transporte piden a la Justicia suspender el Decreto que beneficia al gremio de Hugo Moyano

La Catse presentó un amparo colectivo contra la norma 612 acordada entre el Gobierno y la CGT. La misma pacta un aumento del 1887 % en los costos patronales.

Por Redacción LAVOZ3 min de lectura
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Empresarios del transporte piden a la Justicia suspender el Decreto que beneficia al gremio de Hugo Moyano
Empresarios del transporte piden a la Justicia suspender el Decreto que beneficia al gremio de Hugo Moyano · Foto: La Voz

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (Catse) presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de la Capital Federal. La entidad solicita suspender la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Gobierno nacional en julio pasado.

Los empresarios argumentan que esta reglamentación, acordada entre el Poder Ejecutivo y la Confederación General del Trabajo (CGT), busca salvar los fondos de las cajas sindicales. Según la presentación, la norma impone una carga económica insostenible para las pymes del sector.

El amparo judicial representa un freno a la estructura de financiamiento del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. El conflicto se centra en las modificaciones aplicadas a la reglamentación de la reforma laboral.

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De acuerdo con la presentación judicial de Catse, el nuevo decreto incrementa de manera inmediata un 18,87 % el costo mensual por cada trabajador. Esto ocurre debido a un cambio técnico en la base de cálculo de los aportes.

Hasta junio de 2026, bajo la vigencia del anterior Decreto 407, las cargas se calculaban únicamente sobre el salario básico convencional de los empleados. El nuevo Decreto 612 agregó a esa base las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia mensual.

Para un chofer de primera categoría, el salario básico es de $ 1.060.010,29. Con la nueva fórmula decretada, la base de cálculo asciende a $ 1.260.010,29, lo que representa un costo extra de $ 200.000 mensuales por trabajador.

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El titular de la cámara santiagueña, Federico Lo Bruno, advirtió que la mano de obra es el mayor componente de costo en el rubro. Por ello, consideran que el impacto en el flujo de caja corporativo es directo y devastador.

El Decreto 612/2026 fue el resultado de negociaciones de consenso entre el Gobierno nacional y la CGT. El objetivo político era aclarar los alcances de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La reglamentación previa del Decreto 407 había restringido severamente las cuotas solidarias y contribuciones patronales que financian a los sindicatos. La nueva redacción corrigió esa limitación y restituyó las vías de recaudación de las entidades gremiales.

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La demanda judicial acusa al Poder Ejecutivo de arrogarse facultades legislativas que son competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Los empresarios sostienen que la alteración de las bases imponibles por decreto constituye un claro exceso reglamentario.

Catse también solicitó que la Justicia declare que no se puede exigir el cumplimiento del Decreto 612 en el período previo a su publicación. La norma fue firmada el 17 de julio pero recién se publicó en el Boletín Oficial el 20 de julio de 2026.

Los representantes patronales reclaman que los pagos realizados entre el 1° de junio y el 20 de julio de 2026 sean considerados "intangibles". Con esto buscan evitar reclamos de diferencias retroactivas por parte de la obra social y el sindicato.

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Actualmente, los transportistas advierten que conviven con tres fuentes normativas incompatibles y superpuestas. Mencionan el Decreto 407, el Decreto 612 y una medida dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente la primera reforma.

Los empresarios aclararon de forma contundente en el escrito judicial que el reclamo no afecta los haberes que perciben mensualmente los choferes de camiones. Se trata exclusivamente de una disputa sobre las contribuciones destinadas a las cajas de los sindicatos.

"Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas".

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Para respaldar la acción colectiva, la entidad empresaria acompañó informes contables detallados de tres empresas modelo: una pequeña, una mediana y una grande. El objetivo es demostrar empíricamente el daño inminente y acumulativo que la medida genera en la rentabilidad de las pymes.

Fuente: La Voz

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