Empresas y cooperativas pedirán revisar el cobro por extracción de agua de arroyos y pozos perforados

Un grupo de empresas privadas y cooperativas de la zona centro de la ruta nacional 12 se reunirá el próximo lunes 7 de septiembre con el intendente de la localidad, Alberto Koth, y un grupo de diputados provinciales encabezados por el legislador de la zona Alejandro Arnhold, para plantear formalmente su disconformidad con el sistema de cobro por extracción de agua que aplica Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE). La convocatoria refleja un malestar que viene creciendo en el sector productivo provincial y que ahora encuentra un contexto político favorable para ser planteado con más fuerza.

El cobro tiene su origen en la Ley I N° 149, sancionada el 3 de diciembre de 2009, que creó AMSE y le asignó el monopolio del aprovechamiento comercial de las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio provincial. La norma establece que el uso domiciliario del agua por parte de las familias está expresamente exento, pero que cualquier actividad industrial, comercial, turística o de servicios que utilice agua con fines económicos debe pagar por ese uso.

La implementación efectiva del cobro comenzó recién en 2014, cinco años después de sancionada la ley. Desde entonces, AMSE firma convenios bilaterales con cada empresa o cooperativa, en los que se establece el monto a abonar en base a una declaración jurada del volumen de agua extraído. Todos los convenios incluyen el pago retroactivo desde 2014, independientemente de cuándo se suscriban.

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Los números que preocupan al sector

Lo que en períodos de baja producción puede parecer una factura manejable se convierte en un problema serio durante los meses de producción plena. Una empresa alimenticia de la zona puede llegar a pagar hasta siete millones de pesos por el agua que extrae de un arroyo o pozo durante su pico de actividad.

A ese impacto se suma la velocidad con que crecieron las tarifas. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el aumento fue del 35%, por encima de la inflación del período. Pero si se toma una ventana más amplia, el incremento desde 2023 a la fecha alcanza el 1.000%. Todo por el uso de agua que las propias empresas extraen de su entorno inmediato.

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Uno de los puntos más cuestionados del sistema no es solo el cobro en sí mismo, sino la forma en que se determina cuánto paga cada uno. No existe publicado un cuadro tarifario aprobado por la Legislatura o por el Ejecutivo provincial. El sitio web oficial de AMSE, en aguasmisioneras.com, no publica ninguna información sobre valores, criterios de cálculo ni metodología de actualización. Solo informa sobre sus autoridades, su historia institucional y sus canales de contacto.

Eso significa que el precio está sin un marco de referencia público que permita verificar si dos empresas del mismo rubro y volumen similar están pagando valores equivalentes. Para un recurso que la propia ley define como bien estratégico provincial, la opacidad del sistema tarifario es un flanco que el sector productivo viene señalando desde hace tiempo.

Desde AMSE sostienen que el régimen no tiene un objetivo meramente recaudatorio y que los recursos obtenidos se destinan al financiamiento de planes sociales, investigaciones y proyectos ambientales en coordinación con el Ministerio de Ecología. La ley efectivamente establece ese destino: el 55% de las utilidades debe ir a planes sociales y obras de investigación para el uso racional del recurso hídrico, y el 40% restante al Ministerio de Ecología para proyectos ambientales. Sin embargo, tampoco existe información pública consolidada sobre cuánto recauda AMSE ni de qué manera distribuye esas utilidades en la práctica.

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La reunión del lunes llega en un momento en que el reordenamiento político del oficialismo provincial pone en revisión varias de las políticas que fueron marca registrada del período rovirista. Los empresarios y cooperativistas que participarán del encuentro entienden que el nuevo escenario puede ser propicio para plantear una revisión del sistema, tanto en lo que respecta a los valores del cobro como a la necesidad de establecer un marco tarifario transparente y auditable que reemplace la lógica de los convenios bilaterales discrecionales.

Fuente: El Territorio

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